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El abogado ambientalista Lucas Micheloud alertó sobre una estrategia deliberada para debilitar las leyes ambientales, criminalizar a comunidades locales y facilitar la apropiación de tierras en un contexto de mega incendios cada vez más frecuentes e intensos.
NACIONALES22/01/2026
ecovida ambiente
Por Redacción ecovida ambiente
Un informe para aclarar el escenario legal y político
En diálogo con Ecovida 2.0 por Radio Pública Fueguina, el Dr. Lucas Micheloud, abogado especialista en Derecho Ambiental, codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas e integrante del Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial, presentó un informe sobre los incendios forestales en la Patagonia Norte y el contexto político, legal y ambiental que los rodea.
Según explicó, el documento surge como respuesta a un clima creciente de desinformación en torno a la vigencia de normas clave vinculadas a bosques, fuego y tierras. “Hay una intención deliberada del Gobierno nacional de generar confusión”, sostuvo.
El informe ratifica que siguen vigentes:
Estas tres normas, advirtió Micheloud, se encuentran hoy en la mira del Ejecutivo nacional, que ya manifestó su intención de derogarlas o modificarlas.
Más allá del plano legal, el informe aborda el carácter multicausal de los incendios que afectan a la Patagonia Norte. Micheloud los definió como “incendios de sexta generación”: eventos de gran magnitud, con comportamiento atmosférico propio y, en muchos casos, incontrolables.
Entre los factores que inciden mencionó:
Sin embargo, puso el foco en un elemento estructural: la presión sostenida sobre los territorios patagónicos, asociada a la especulación inmobiliaria, el acaparamiento de tierras y la extranjerización.
“Los incendios forestales en la Patagonia no son hechos aislados: responden a un patrón de despojo territorial, recortes en políticas ambientales y una estrategia de criminalización que oculta las verdaderas causas ecológicas y sociales del fuego.”
Micheloud cuestionó con dureza la estrategia oficial de criminalizar a comunidades originarias y vecinos. Señaló que, frente a cada nuevo incendio, se repite un patrón de persecución, con especial foco en el pueblo mapuche.
“El trasfondo ecológico y climático queda fuera de agenda. En su lugar, se construyen enemigos”, afirmó. A su vez, denunció un fuerte recorte presupuestario: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tendría en 2026 casi un 80% menos de presupuesto que el año anterior, lo que se traduce en menor prevención, menos equipamiento y brigadistas precarizados.
Para el abogado, el traslado del manejo del fuego desde el área ambiental a la cartera de Seguridad expresa una lógica de securitización, que reemplaza la prevención y el enfoque ecosistémico por la búsqueda de “chivos expiatorios”.
“El trasfondo ecológico y climático queda fuera de agenda y, en su lugar, se construyen enemigos, mientras el recorte de casi el 80% al Servicio Nacional de Manejo del Fuego debilita la prevención, el equipamiento y precariza a los brigadistas.”
Uno de los ejes centrales del análisis es la intencionalidad detrás de muchos incendios. Micheloud sostuvo que existe un patrón que se repite: el fuego como herramienta para vaciar territorios, expulsar pobladores históricos y luego modificar el uso del suelo.
“El fuego libera tierras. Después de un incendio, muchas familias ya no pueden volver a vivir en esos lugares”, explicó. En ese sentido, anunció que desde la Asociación realizarán un seguimiento a largo plazo de las zonas afectadas para observar qué ocurre con esos territorios tras los incendios.
Un reciente informe de investigadores del CONICET y la UBA, recordó, señala que unas 13 millones de hectáreas en Argentina están en manos extranjeras, un dato que cobra relevancia en el contexto de intentos oficiales por derogar la Ley de Tierras Rurales.
El entrevistado remarcó que los incendios no son solo un problema ambiental. Tienen consecuencias directas en el empleo, las economías regionales, el turismo y la vida cotidiana de miles de personas.
“Cuando el Estado se retira de las políticas ecológicas y climáticas, perdemos todo”, afirmó, y llamó a investigar a fondo a los grupos de poder económico que presionan sobre zonas de alto valor ambiental.
El informe presentado funciona también como un llamado a la acción comunitaria. Micheloud destacó el rol clave de brigadistas, vecinos autoconvocados y donaciones solidarias, pero advirtió que no pueden reemplazar una política pública sólida.
Instó a la ciudadanía a exigir respuestas a los gobiernos locales y provinciales y a mantenerse alerta ante una agenda legislativa que incluye la posible modificación de la Ley de Glaciares, prevista para tratarse en sesiones extraordinarias.
“Es la misma lógica de saqueo y despojo: tierras, bosques, fuego y glaciares”, concluyó.
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas difunde el informe completo y convoca a informarse, organizarse y exigir políticas públicas ambientales integrales.



Argentina registró el mayor aumento semanal de casos del subclado K de la gripe A (H3N2). El virus ya circula en 14 provincias y preocupa la baja vacunación.

Un importante deslizamiento de tierra obligó a evacuar a decenas de familias en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, Chubut. El fenómeno, que se registró con nuevos movimientos durante el fin de semana, reavivó advertencias técnicas realizadas desde hace más de dos décadas sobre la inestabilidad del terreno. Autoridades locales declararon la emergencia geológica mientras los evacuados aguardan definiciones sobre su futuro.

Sebastián Richiano señaló que existían antecedentes e informes técnicos que alertaban sobre el riesgo. "El barrio está construido sobre antiguos desmoronamientos", indicó.

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