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Extranjerización de tierras en Argentina: un mapa del CONICET expone una amenaza creciente a la soberanía
Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, encendió una señal de alarma sobre la propiedad de la tierra en Argentina. A través de un mapa interactivo, el estudio revela que más de 13 millones de hectáreas —cerca del 5 % del territorio nacional— están en manos de firmas o Estados extranjeros.
El dato cobra especial relevancia en un contexto marcado por la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras y habilitar la producción en zonas incendiadas, en medio de incendios forestales, presión geopolítica internacional y disputa por recursos estratégicos.
El trabajo fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
El mapa desagrega la información departamento por departamento, lo que permite observar una realidad que no aparece en los promedios provinciales.
Según el informe, 36 departamentos del país ya superan el límite legal del 15 % de extranjerización, pese a que el discurso oficial sostiene que ninguna provincia incumple la normativa vigente.
El relevamiento detecta niveles preocupantes en distintas zonas del litoral argentino.
Departamentos de Entre Ríos por encima del promedio nacional
El caso emblemático de Santa Fe
Departamento Garay:
El mapa del CONICET demuestra que la extranjerización no es aleatoria. Se concentra en territorios con alto valor estratégico:
Récords de extranjerización:
Zonas hídricas y logísticas:
Nacionalidades predominantes:
“No es una discusión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. Las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
El informe contextualiza el proceso histórico de extranjerización y señala un punto de quiebre en los años noventa. En 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, la creación de la Secretaría de Seguridad Interior habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza.
Estas áreas estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que reservaba su compra a ciudadanos argentinos. Sin embargo, la norma fue vulnerada mediante ventas irregulares y triangulaciones.
La Ley de Tierras (26.737), sancionada en 2011 tras el boom de los commodities, buscó frenar ese proceso. Hoy vuelve a estar en el centro del debate tras los intentos del Ejecutivo de flexibilizarla o modificarla, luego del freno judicial al DNU 70/2023.
Los investigadores advierten que la flexibilización no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar el acceso a bienes comunes no reproducibles.
El caso de Malargüe (Mendoza) resulta ilustrativo: con un 15 % de tierras extranjerizadas, el departamento concentra 18 nuevos proyectos mineros, una combinación que anticipa mayor conflictividad social si el Estado se retira del control territorial.
“Cuando se cruzan estos datos con las inversiones mineras extranjeras, aparece el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es una herramienta clave”, sostuvo Oberlin.
El informe también se inscribe en un escenario internacional de creciente disputa por agua dulce, energía y minerales críticos, con una renovada presión de Estados Unidos sobre América Latina y el reimpulso de la doctrina Monroe.
En ese marco, permitir una expansión sin límites de la propiedad extranjera sobre acuíferos, fronteras y cordillera implica una pérdida concreta de soberanía territorial.
En un mundo atravesado por la crisis climática y la disputa por recursos estratégicos, el mapa del Observatorio de Tierras funciona como una advertencia clara:
Desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera en los territorios más sensibles del país.
Fuente: iesyh.conicet.gov.ar
