GLACIARES

La demanda judicial se fundamenta en las graves irregularidades del proceso legislativo. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, se bloqueó la intervención de más de 100.000 ciudadanos inscriptos para la audiencia pública. Esta exclusión constituye una violación directa al Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar una participación ciudadana amplia, integral e inclusiva.

Cerca de un millón de firmas respaldan la acción judicial que diversas ONG presentarán en las próximas semanas en defensa de los glaciares. La respuesta ciudadana marca un precedente histórico en la lucha contra el avance de actividades extractivas en ecosistemas protegidos.

La primera sesión del año definió ejes estratégicos y aprobó por unanimidad un dictamen en contra de la modificación impulsada por el Gobierno Nacional.

El Atlas del Instituto Argentino de Nivología revela la fragilidad del ecosistema fueguino. Pese a contar con una superficie glaciar de 2.736 km², el calentamiento global acelera la desaparición de estas masas de hielo, poniendo en jaque el patrimonio natural del fin del mundo.

la reforma de la Ley Nacional de Glaciares N° 26.639 impulsada por el Gobierno nacional que fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación: “Constituye una grave regresión ambiental y pone en riesgo recursos hídricos estratégicos para el país”

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace lanzaron en las primeras horas de la mañana una plataforma que permite ser parte de esta demanda contra este retroceso ambiental, que pone en riesgo el agua de los argentinos, y que fue aprobado en contra de  la mayoritaria voluntad de la ciudadanía. 

La reciente modificación de la Ley de Glaciares desató un fuerte rechazo en el ámbito ambiental: especialistas advierten sobre riesgos para las reservas de agua, cuestionan el avance del modelo extractivo y anuncian una acción judicial colectiva sin precedentes para frenar su implementación.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, en audiencia judicial celebrada hoy, ratificó y amplió la denuncia penal contra la Senadora Royón, y denunció penalmente al Secretario de Minería Luis Lucero por incompatibilidad

La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca flexibilizar el régimen de protección actual para fomentar la inversión minera y de hidrocarburos. Sin embargo, para la ONU, este cambio de paradigma es "regresivo".

En su discurso, la legisladora Colazo destacó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y mostró su rechazó absoluto a cualquier intento de modificar la ley, subrayando el principio de no regresión ambiental y defendiendo los estándares mínimos de protección establecidos. 

La ONG consideró al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares vigente como ambientalmente regresiva. Asimismo, señaló que no fue garantizada la participación ciudadana previa, libre e informada, por lo que los representantes de Ambiente Sur no pudieron expresar su posición en la Audiencia Pública nacional.

Este trabajo es parte de una colaboración con Ecovida Ambiente y agradecemos profundamente a Rodolfo Iturraspe por compartir su conocimiento y su voz en defensa de los glaciares argentinos.

Durante años, la ley de glaciares funcionó como un límite claro: hay zonas donde no se avanza. No por capricho, sino porque son estratégicas para la vida. Ese consenso —construido tras conflictos, vetos y debates— estableció algo elemental: el agua no se negocia.

En el Día Mundial del Agua 2026, la crisis global choca con la realidad local: la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina pone en jaque las mayores reservas de agua dulce de la región. ¿Estamos ante un punto de no retorno?

La batalla por el agua en Argentina ha entrado en su fase más crítica. Tras la media sanción en el Senado el pasado 26 de febrero, el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639) se encamina a la Cámara de Diputados. 

Luego de que el Senado de la Nación otorgara media sanción al proyecto que modifica la Ley de Protección de Glaciares (Ley N.º 26.639), el Círculo de Políticas Ambientales relevó cómo se posicionaron los gobernadores provinciales frente a la iniciativa a través del voto de sus senadores.

Diputados convoca a especialistas, organizaciones y ciudadanos para discutir cambios en la Ley 26.639. El proceso se enmarca en el análisis parlamentario de un proyecto de ley actualmente en revisión y será coordinado por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales.

La reforma de la Ley 26.639 vuelve a poner en el centro de la agenda el debate por el control del agua, la protección de los glaciares y la soberanía hídrica en Argentina. Mientras sectores políticos promueven una “flexibilización” de la normativa que regula la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares, organizaciones ambientales alertan sobre el impacto que estos cambios podrían tener en las reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a millones de personas. 

El nuevo enfoque introduce cambios técnicos en la definición de glaciar, en la protección del ambiente periglacial y en el rol del Inventario Nacional de Glaciares. Sus efectos no son menores: redefinen qué queda protegido y qué puede ser intervenido.

Los glaciares y ambientes periglaciales son ecosistemas complejos, con su propia biodiversidad, historial formativo, evolución y funcionamiento, y con sus propias interacciones con otros ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes. 

“En 124 años, el macizo perdió el 80% de su superficie. Pero esa pérdida no ocurrió siempre a la misma velocidad. Hasta 1979, solo se redujo a razón de 1 hectárea por año; después, la tasa ascendió a 3,5 hectáreas al año, en promedio”, detalló.

“El informe demuestra con datos concretos que la protección de glaciares y del ambiente periglaciar no es un tema sectorial ni exclusivamente cordillerano: es una cuestión estratégica para la biodiversidad, el agua y el desarrollo del país. 

Desde Greenpeace señalaron que la detención de manifestantes pacíficos en un contexto de discusión parlamentaria sobre el agua como derecho resulta preocupante desde el punto de vista democrático.

En la carta, las organizaciones señalan que la reforma propuesta reduciría sustancialmente el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas esenciales de agua dulce y cumplen un rol clave para la estabilidad climática.