Derecho Ambiental

El 6 de agosto el Senado volverá a debatir el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Mientras el Gobierno sostiene que busca fortalecer la seguridad jurídica, organizaciones sociales, ambientales y referentes territoriales advierten que la iniciativa podría profundizar la concentración de tierras y reabre un debate de fondo sobre quién decide el destino de los recursos estratégicos y los territorios del país.

En el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, un análisis sobre la megaminería, las zonas de sacrificio y los desafíos ambientales en Argentina.

Un informe sostiene que la autoridad nacional de pesca no investigó presuntas infracciones graves cometidas por un buque argentino, pese a la existencia de videos, testimonios y evidencia satelital. El trabajo compara esa actuación con los mecanismos tecnológicos que el propio Estado utiliza para sancionar embarcaciones extranjeras.

La iniciativa busca que el listado de registros de embarcaciones y permisos pesqueros sea de acceso libre, en línea y permanente. Organizaciones ambientales celebraron la propuesta y cuestionaron la negativa del Gobierno nacional a transparentar esos datos.

La legisladora María Laura Colazo recibió al líder ambientalista brasileño Aluízio Leite Paredes. Buscan fortalecer la cooperación continental e invitaron al Partido Verde local a representar a la Argentina en la FPVA.

El dirigente brasileño Aluízio Leite propone fortalecer la cooperación ambiental entre Brasil y Argentina, impulsar la deforestación cero y proteger los glaciares.

Un nuevo comunicado de organizaciones de la sociedad civil sostiene que el proyecto abriría la puerta a un modelo de desarrollo con fuertes beneficios para grandes corporaciones tecnológicas y escasas herramientas de control ambiental durante tres décadas.

Un documento conjunto de organizaciones ambientales, jurídicas y de derechos humanos sostiene que el proyecto podría convertir a Argentina en un laboratorio global para grandes inversiones tecnológicas sin suficientes controles ambientales ni regulatorios.

El caso de una niña indígena llevó a la Corte Interamericana un debate clave: reconocer que la salud y el cuidado también dependen de los saberes ancestrales y del territorio.

La crisis ecológica dejó de ser una amenaza futura para formar parte de la realidad de cientos de personas afectadas por inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales y una pérdida acelerada de biodiversidad.

El brutal ataque contra un ejemplar de fauna silvestre generó indignación nacional y derivó en denuncias penales por maltrato animal

La medida fue oficializada mediante la Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización provincial, que habilita la captura de ejemplares desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2026 en todo el territorio entrerriano, con excepción de las Áreas Naturales Protegidas.

La disputa por los patos abre un debate más profundo sobre quién produce los datos, cómo se toman las decisiones ambientales y qué futuro tendrán los humedales del litoral argentino

Mientras los Estados acumulan diagnósticos y promesas, organizaciones y comunidades toman la iniciativa para documentar la violencia ambiental y sostener en la práctica los principios del Acuerdo.

Los ejemplares habían sido decomisados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras un intento de tráfico ilegal para su comercialización como especies ornamentales.

Reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles no eliminará completamente los impactos del cambio climático, pero sí podría disminuir de manera significativa la exposición de los ecosistemas a fenómenos extremos.

La polémica por la caza de aves silvestres en Entre Ríos volvió a instalar un fuerte debate ambiental y ético en Argentina. El Gobierno provincial quedó bajo cuestionamientos tras habilitar actividades vinculadas al turismo cinegético, mientras crecieron las críticas de organizaciones ambientalistas y sectores sociales luego de que el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, defendiera públicamente los cotos de caza y la matanza de aves autóctonas como parte de una propuesta recreativa y turística.

Escazú solo será efectivo si pone en el centro a mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes afectadas por el extractivismo y la exclusión ambiental.

La provincia autorizó la caza de cinco especies nativas pese a demandas judiciales y denuncias por conflictos de interés

La demanda judicial se fundamenta en las graves irregularidades del proceso legislativo. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, se bloqueó la intervención de más de 100.000 ciudadanos inscriptos para la audiencia pública. Esta exclusión constituye una violación directa al Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar una participación ciudadana amplia, integral e inclusiva.

En la ciudad de Resistencia, el área conocida como Caraguatá concentra uno de los sistemas de humedales urbanos más relevantes del nordeste argentino. Se trata de un mosaico de cañadas, pastizales naturales y zonas anegables que actúan como infraestructura ecológica crítica en una región atravesada por eventos climáticos extremos.

El conflicto expone una falla estructural: la distancia entre la normativa que exige sustentabilidad en el uso de la fauna silvestre y la falta de datos públicos que permitan demostrarla.

La audiencia por la caza de aves en Entre Ríos expuso tensiones entre el modelo extractivo y nuevas alternativas productivas. En ese escenario, la ONG CEYDAS presentó una propuesta concreta: reconvertir el turismo cinegético en turismo de naturaleza, con foco en generación de empleo, demanda internacional y conservación de la fauna autóctona.