Especialistas, organizaciones socioambientales, científicas y de la sociedad civil advirtieron que el proyecto del Gobierno pone en peligro las aguas, es inconstitucional y sólo es funcional a la megaminería.
El gobierno impulsa una reforma regresiva de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias
La abogada animalista Cecilia Domínguez denuncia un caso de crueldad animal en Victoria, Entre Ríos, y analiza la situación de la caza y el maltrato en la provincia.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y su propósito es proteger reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica.
En el 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del IANIGLA (CONICET), logró la sanción de la ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios, y por ende, la vida de las comunidades. Ahora, Milei pretende modificarla para favorecer el avance de multinacionales mineras,como la Barrick Gold, protagonista del despojo y saqueo producido en Pascua Lama (Chile).
ONGs denunciaron penalmente un hecho de crueldad animal ocurrido durante una exhibición de doma en Victoria, Entre Ríos. Un video registró el maltrato y la muerte de un equino.
Comunidades indígenas protagonizaron una protesta en la COP30 en Belém, Brasil, exigiendo protección para la Amazonia y denunciando el avance del agronegocio y la minería ilegal.
En Infobae en Vivo, la periodista Laura Rocha explicó los ejes principales de la reunión que convoca a líderes de 197 países
Argentina inició la elaboración de un Protocolo Nacional Interinstitucional para la Prevención y Abordaje del Tráfico Ilegal de Vida Silvestre en Aeropuertos Internacionales, destinado a fortalecer los controles y la coordinación entre organismos.
El proyecto de Benedetti se presenta como una ley de presupuestos mínimos, pero en realidad constituye un instrumento regresivo que normaliza el envenenamiento sistemático de personas y ecosistemas. Ignora cientos de leyes provinciales, ordenanzas locales y fallos judiciales que ya habían establecido límites concretos al uso de agrotóxicos.
La Justicia pone lupa sobre los derechos animales. La Escuela Judicial de la provincia no solo forma jueces; ahora también será el epicentro de la defensa legal de los Animales No Humanos. Con la creación de este Observatorio, un hecho sin precedentes, el Poder Judicial da un paso monumental. En ARAF lo vivimos como la materialización de una lucha de años: la ley se alía con la vida.
Los líderes latinoamericanos mostraron una postura crítica y diversa frente a los desafíos globales, desde la guerra en Gaza hasta la crisis climática y la gobernanza internacional.
El cambio climático, la mayor externalidad negativa de la historia, golpea con fuerza a América Latina: agrava la desigualdad, amenaza los bienes comunes y exige una acción colectiva urgente para evitar una tragedia global.
Esta iniciativa marca un hito estratégico en la lucha contra uno de los delitos ambientales más lucrativos y silenciosos del mundo y constituye un esfuerzo nacional de coordinación entre organismos de seguridad, fiscalización, sanidad animal y justicia para actuar de forma conjunta frente a situaciones de tráfico de fauna en zonas aeroportuarias.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro.
La Legislatura porteña sancionó una ley que castiga el maltrato y abandono animal. Habrá arrestos, trabajo comunitario y multas de hasta 8 millones de pesos, además de un registro público de agresores.
Las Clínicas Jurídicas Ambientales reinventan el derecho desde el territorio para enfrentar la crisis climática con justicia y compromiso social.
El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.
La Policía Federal allanó un local gastronómico que ofrecía cortes ilegales de ciervo, yacaré, carpincho y otras especies silvestres. El comercio no contaba con documentación ni habilitación para comercializar los productos.
La medida, autorizada por el gobierno de Rogelio Frigerio, contradice la campaña turística oficial #ModoCarpincho y reaviva las críticas por el retroceso en materia de protección de fauna silvestre.
Varias organizaciones ambientales han llevado su preocupación ante la Corte Suprema de Justicia, acusando al Estado por los efectos devastadores del Canal de la Patria en una de las ecorregiones más vulnerables de Argentina.
El día del sobregiro, a partir del cual el país utiliza más recursos de los que es capaz de regenerar, está cerca y ambientalistas llamaron la atención sobre la pérdida de diversidad, el desfinanciamiento y la retirada del Estado.
Tras su dramático rescate en 2021, este carayá vivió más de tres años bajo el cuidado de la Fundación Zorba, donde aprendió a aullar de nuevo y encontró un hogar digno.
En el extremo sur del país, Lucas Giovinasso encarna un proyecto que une periodismo, territorio y vocación de servicio: tras más de 23 años en la editorial de Prefectura, participa de una iniciativa inédita que recorre la Argentina para documentar con textos e imágenes cada destacamento de la fuerza.
La operatoria incluyó una combinación de cruceros de gran porte vinculados a rutas bioceánicas y una fuerte presencia de embarcaciones especializadas en turismo antártico, lo que implicó una dinámica portuaria compleja, con múltiples escalas, recambios de pasajeros y servicios logísticos en simultáneo.
Se recuerda a la población que hacer fuego está prohibido en toda la provincia, excepto en los sitios especialmente habilitados (campings autorizados) y únicamente cuando el Índice de Peligrosidad de Incendios lo permita. Esta herramienta es clave para evaluar el riesgo diario.