Derecho Ambiental

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) amplió su presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Cuestionan la falta de evaluación ambiental integral, la exclusión de las provincias y el avance de obras sobre el río Paraná sin licencias técnicas legítimas.

La Corte Suprema dictó una medida cautelar interina que suspende provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el artículo que derogó la Ley de Tierras Rurales. En términos concretos, mientras esta medida esté vigente vuelven a regir las restricciones que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia que había cuestionado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. No declaró constitucional el DNU 70/2023: rechazó la demanda del CECIM La Plata por falta de legitimación y no resolvió el fondo del planteo.

La reacción oficial ante el escándalo mediático reaviva la polémica por la falta de controles: por qué la intervención en Santa Fe devela un problema estructural más allá del delito individual.

El Tribuna Oral Nro 2 de Rosario, a pesar de sus contradicciones, consideró comprobada la contaminación estructural de los agrotóxicos y para ello valoró el trabajo de Virginia como contundente.

El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM La Plata. Ordenó a las empresas Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o ejecutar las obras de explotación petrolera del proyecto llamado “León Marino”  y revelar la estructura técnica, societaria y financiera que sostiene el proyecto.

Un juez federal de Ushuaia declaró que los conejos de Castilla del predio del CADIC son "sujetos de derecho" y no simples objetos. La sentencia, sin embargo, no ordena nada de manera directa: la causa que la originó fue declarada abstracta después de seis años de trámite.

A 220 kilómetros de las islas, dos empresas extranjeras avanzan con perforaciones sobre la plataforma continental argentina sin haber pisado una oficina pública en Buenos Aires. Una demanda judicial busca detenerlas antes de que el primer pozo llegue al fondo del mar.

Más de mil académicos, científicos e investigadores cuestionaron el proyecto que avanza en el Senado. Advierten sobre beneficios excepcionales para grandes inversiones tecnológicas, el uso de recursos naturales, la pérdida de capacidad regulatoria y el futuro de la soberanía tecnológica argentina.

La justicia neuquina aceptó a FARN e INECIP como “Amicus Curiae” en la causa penal por contaminación ambiental contra la empresa COMARSA.

Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de "dos llaves de la misma cerradura" que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.

Docentes y no docentes de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional expresaron su “Contundente rechazo al mal llamado proyecto de Ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, el eufemismo que intenta ocultar la posibilidad de extranjerizar el territorio nacional”. Además, llamaron a los legisladores nacionales a votar en contra del proyecto.

El Senado debatirá el 6 de agosto el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad". Ambientalistas advierten sobre riesgos para la soberanía, el agua y la tierra.

El 6 de agosto el Senado volverá a debatir el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Mientras el Gobierno sostiene que busca fortalecer la seguridad jurídica, organizaciones sociales, ambientales y referentes territoriales advierten que la iniciativa podría profundizar la concentración de tierras y reabre un debate de fondo sobre quién decide el destino de los recursos estratégicos y los territorios del país.

En el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, un análisis sobre la megaminería, las zonas de sacrificio y los desafíos ambientales en Argentina.

Un informe sostiene que la autoridad nacional de pesca no investigó presuntas infracciones graves cometidas por un buque argentino, pese a la existencia de videos, testimonios y evidencia satelital. El trabajo compara esa actuación con los mecanismos tecnológicos que el propio Estado utiliza para sancionar embarcaciones extranjeras.

La iniciativa busca que el listado de registros de embarcaciones y permisos pesqueros sea de acceso libre, en línea y permanente. Organizaciones ambientales celebraron la propuesta y cuestionaron la negativa del Gobierno nacional a transparentar esos datos.

La legisladora María Laura Colazo recibió al líder ambientalista brasileño Aluízio Leite Paredes. Buscan fortalecer la cooperación continental e invitaron al Partido Verde local a representar a la Argentina en la FPVA.

El dirigente brasileño Aluízio Leite propone fortalecer la cooperación ambiental entre Brasil y Argentina, impulsar la deforestación cero y proteger los glaciares.

Un nuevo comunicado de organizaciones de la sociedad civil sostiene que el proyecto abriría la puerta a un modelo de desarrollo con fuertes beneficios para grandes corporaciones tecnológicas y escasas herramientas de control ambiental durante tres décadas.

Un documento conjunto de organizaciones ambientales, jurídicas y de derechos humanos sostiene que el proyecto podría convertir a Argentina en un laboratorio global para grandes inversiones tecnológicas sin suficientes controles ambientales ni regulatorios.

El caso de una niña indígena llevó a la Corte Interamericana un debate clave: reconocer que la salud y el cuidado también dependen de los saberes ancestrales y del territorio.

La crisis ecológica dejó de ser una amenaza futura para formar parte de la realidad de cientos de personas afectadas por inundaciones, olas de calor, sequías, incendios forestales y una pérdida acelerada de biodiversidad.