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Sorprende ampliamente como el Estado Argentino y Tucumano, en lugar de acatar la Sentencia Lhaka Honat que condena al Estado y le insta a garantizar los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, continúa generando legislaciones que abonan el genocidio de nuestro Pueblo Nación.
Resulta abiertamente Inconstitucional y Anticonvencional la aprobación del RIGI en la provincia, ya que atenta contra todas las leyes plenamente vigentes de garantías sociales colectivas. No trae inversiones ni divisas, ya que las empresas serán quienes adquieran todas las ganancias, mientras que el Estado y el Pueblo serán quienes deban invertir muchísimo dinero en resarcir los daños ambientales como la contaminación, los daños sociales como la trata de personas, adicciones, accidentes laborales. Es el Estado Argentino y el de la provincia quienes deberán afrontar los desastres económicos de miles de actividades locales que van a desaparecer, como la agricultura, la artesanía, la actividad cultural, el turismo, fuentes laborales que ya existen y brindan ganancias reales a nuestra economía. Es el Estado quien deberá invertir cada vez más dinero en la prevención y atención de incendios que trae la sequía, mientras las empresas utilizan de manera intensiva millones de litros de agua dulce por día. Es el Estado quien deberá propiciar la infraestructura energética, caminos, abastecimiento dr combustibles fósiles para el avance de las máquinas mineras, en desmedro de la población que cada vez tiene menos acceso a la energía y a la conectividad.
Los territorios tienen Integridad, Integralidad, continuidad y contigüidad.
Nuestros derechos son transgeneracionales, el acceso al agua pura, a la vida en comunidad, a la siembra de nuestros alimentos, son derechos de las personas que aún no han nacido, y es lo que hoy venimos a preservar.
Defendemos la Constitución y las Leyes que el Estado ha reconocido a los pueblos, y que el Gobierno de las Trasnacionales viene a destruir.
