Del beneficio privado al costo colectivo: la explotación de los recursos comunes en América Latina

Autor: David Castells-Quintana/Latinoamérica21

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad que
marca la vida cotidiana de todos. En América Latina, los incendios en la Amazonía, las
inundaciones en Centroamérica y los huracanes cada vez más intensos en el Caribe son señales
claras de un problema que se agrava año tras año, mientras que el verano europeo ha marcado
temperaturas récord, superando los 46 °C en España y Portugal. En 2025, la Amazonía ha
perdido cientos de miles de hectáreas de bosque, un ecosistema vital no solo para la región, sino
también para el equilibrio climático del planeta. La degradación de este pulmón verde evidencia
que estamos frente a un recurso común cuya destrucción afecta a toda la humanidad.

Integrando saberes por la conservación de la biodiversidad amazónica

Los impactos del cambio climático, además, no se distribuyen de manera equitativa. Las
poblaciones más vulnerables son quienes sufren con mayor intensidad sus consecuencias,
precisamente porque carecen de infraestructura adecuada, apoyo estatal o seguros que les
permitan afrontar los desastres. En México, comunidades rurales pierden cosechas enteras
durante sequías prolongadas; en Perú, el retroceso de los glaciares compromete el suministro de
agua para millones de personas; en Centroamérica, los temporales borran en pocas horas las
inversiones de años. En este sentido, el cambio climático no solo destruye ecosistemas, sino que
actúa como un amplificador de la desigualdad, profundizando la pobreza y aumentando la brecha
entre quienes tienen recursos para adaptarse y quienes carecen de ellos.

Recursos comunes y externalidades negativas

Para comprender estas dinámicas resulta útil recordar los conceptos de recursos comunes y
externalidades. La biosfera, que incluye la tierra, los océanos y la atmósfera, constituye tal vez el
principal recurso común del cual depende la vida humana. El problema surge cuando su uso se
da de manera desregulada: cada actor actúa en función de su beneficio inmediato, pero el costo
de la destrucción recae sobre la colectividad. Esta situación, descrita como “la tragedia de los
recursos comunes”, se observa, por ejemplo, de manera dramática en la Amazonía, donde la tala
ilegal y la expansión agrícola benefician a unos pocos en el corto plazo, mientras los costos
ambientales y sociales se reparten entre comunidades locales, países vecinos y la humanidad
entera.

El cambio climático puede entenderse como la mayor externalidad negativa de la historia. Las
emisiones de gases de efecto invernadero generadas por empresas y consumidores no se reflejan
en el precio de los bienes y servicios, lo que distorsiona la eficiencia del mercado. Esta
desconexión entre beneficio privado y costo social genera un fallo estructural: los incentivos
individuales llevan a decisiones que resultan colectivamente destructivas. Así, la explotación
intensiva de recursos naturales en Bolivia o la dependencia de los combustibles fósiles en
México y Venezuela no solo afectan a esos países, sino que tienen impactos regionales y
globales. El clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria se ven comprometidos por
decisiones que rara vez consideran su alcance real.

En este escenario, la intervención pública y la fortaleza institucional son indispensables. Los
recursos comunes necesitan ser regulados para evitar su deterioro, y las externalidades deben ser
corregidas mediante políticas públicas efectivas. A nivel local, los municipios tienen un papel
clave en la protección de parques, cuerpos de agua y áreas naturales. A nivel nacional, los
gobiernos están llamados a imponer impuestos ambientales, controlar la deforestación y
promover incentivos a las energías limpias. Pero el cambio climático no reconoce fronteras, y
por eso la cooperación internacional se vuelve esencial. Instrumentos como la Agenda 2030 o el
Acuerdo de París no son meros compromisos simbólicos: representan la única vía para coordinar
esfuerzos en un problema que ningún país puede resolver en soledad.

Una desigualdad estructural

Sin embargo, América Latina enfrenta condiciones particulares que complican esta tarea. La
desigualdad económica, la informalidad laboral y la corrupción limitan la capacidad de muchos
gobiernos para implementar políticas ambientales de largo plazo. En este contexto, la justicia
económica se vuelve inseparable de la acción climática. No basta con hablar de adaptación y
mitigación si no se aborda al mismo tiempo la reparación de los daños históricos que han
marcado a la región, desde la concentración de tierras hasta la explotación de recursos naturales
por intereses transnacionales. Las comunidades indígenas, a menudo marginadas de los procesos
de decisión, son quienes han soportado gran parte de los costos ambientales y sociales.

Reconocer y reparar estas injusticias es parte esencial de cualquier estrategia climática seria.
Pese a la urgencia, no faltan voces que niegan la gravedad del cambio climático o rechazan la
intervención estatal. Estas posturas, comunes en sectores políticos conservadores, no sólo
desprecian la evidencia científica acumulada, sino que perpetúan un modelo de desarrollo basado
en beneficios inmediatos a costa del bien común. Negar la externalidad negativa de las emisiones
de CO2 o rechazar acuerdos internacionales equivale a sostener un egoísmo colectivo que pone
en riesgo la vida de millones de personas y compromete el futuro del planeta.

Aun así, hay experiencias alentadoras que muestran que el cambio es posible. Costa Rica, por
ejemplo, ha logrado recuperar grandes extensiones de bosque gracias a políticas de conservación,
incentivos económicos y programas de educación ambiental. En Chile, la apuesta por energías
renovables ha transformado la matriz energética y abierto oportunidades para un crecimiento más
sostenible. Estos casos demuestran que, con voluntad política y recursos suficientes, las
instituciones pueden evitar la tragedia de los recursos comunes y convertir externalidades
negativas en oportunidades de desarrollo justo y equitativo.

La necesidad de un compromiso colectivo

El desafío, sin embargo, exige pensar en clave regional y global. La Amazonía no pertenece solo
a los países que la contienen; su importancia para el clima mundial obliga a un compromiso
colectivo. Los incendios que arrasan en Brasil o Bolivia alteran patrones climáticos que
repercuten en todo el continente. De la misma manera, las emisiones de un país afectan
directamente a sus vecinos. En este contexto, la cooperación internacional no puede basarse
únicamente en la diplomacia, sino en principios de justicia y equidad que garanticen una
distribución justa de los costos y beneficios de la acción climática.

En el fondo, el cambio climático actúa como un espejo de nuestras sociedades. Refleja las
desigualdades, la concentración de poder y los fallos de gobernanza, problemas que caracterizan
a muchos países de nuestra región. Afrontarlo implica reconocer que los bienes comunes no son
infinitos y que las externalidades negativas tienen un costo real que no puede seguir siendo
ignorado. Significa también aceptar que la justicia económica y la reparación histórica no son
elementos secundarios, sino pilares centrales de cualquier agenda ambiental seria.

América Latina necesita, hoy más que nunca, fortalecer sus instituciones, promover la
cooperación regional y global, y asegurar políticas públicas que integren costos ambientales en la
toma de decisiones. La redistribución justa de los beneficios es clave para garantizar que nadie
quede excluido del derecho a un ambiente sano. Negar esta realidad no es solo un error político:
es un atentado contra el futuro colectivo. Si la tragedia de los recursos comunes no se enfrenta
con visión y solidaridad, corre el riesgo de convertirse en una tragedia para toda la humanidad.
El cambio climático no puede abordarse como un lujo ni como un gesto filantrópico. En América
Latina, enfrentarlo es una necesidad vital para preservar la vida, reducir desigualdades y
construir un futuro digno. La biosfera es un bien común que requiere de acción colectiva para su
protección. Los fallos de mercado y las externalidades negativas son realidades urgentes, y la
justicia económica es una condición ineludible para avanzar hacia sociedades resilientes. Ignorar
estas lecciones, o ceder a los intereses cortoplacistas, solo nos condenará a repetir la tragedia de

los recursos comunes en escala global, con consecuencias irreversibles para el planeta y para las
generaciones futuras.

Bio Autor: David Castells-Quintana es rofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en
Economía por la Universidad de Barcelona. Master en Desarrollo del Centro de Asuntos
Internacionales de Barcelona (CIDOB). Especializado en econmía internacional y economía
urbana.

Fuente: latinoamerica21.com