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El 16 de septiembre, en San Antonio Este, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizará la audiencia pública del Proyecto fLNG Etapa 2 – Buque MK II, promovido por el consorcio Southern Energy S.A.. La iniciativa prevé instalar una segunda planta flotante de licuefacción de gas a 4,5 km de la costa, conectada por un nuevo gasoducto submarino de 6 km y un sistema de amarre para barcos metaneros.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial presentamos impugnaciones cuestionando la ubicación alejada de la audiencia, su formato exclusivamente presencial y la restricción de participación a quienes residen en Río Negro. El gobierno provincial rechazó los planteos y sigue adelante sin garantizar el derecho a una participación amplia, tal como ordenan la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Este megaproyecto busca exportar 3,5 millones de toneladas de GNL al año, pero a costa de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles e incluir al mar argentino los impactos de la industria del gas. No representa ninguna solución energética: consume parte de la energía que produce, genera descargas térmicas y salinas al agua y expone al ecosistema marino a un tráfico constante de barcos metaneros.
El Golfo San Matías es uno de los ecosistemas más valiosos del Atlántico Sur. Allí habitan la ballena franca austral —Monumento Natural Provincial—, el delfín franciscana, lobos marinos, pingüinos y aves migratorias. También es el sostén de la pesca artesanal, hoy en crisis por la emergencia pesquera de la merluza hubbsi, y del turismo de naturaleza en Las Grutas y Península Valdes.
El proyecto implica riesgos directos para la salud. La infraestructura de gas licuado además libera fugas de metano en cada etapa: extracción, transporte, licuefacción y carga, un gas altamente contaminante. En un contexto de crisis climática, avanzar con este tipo de proyectos no es la transición energética que puede beneficiar a la población argentina, sino que es expansión fósil para un puñado de empresas, en búsqueda de mayores beneficios económicos.
A pesar de estas limitaciones, logramos inscribir representantes de doce provincias argentinas. Esa presencia confirma que este proyecto no afecta solo a Río Negro: compromete bienes comunes nacionales, el mar argentino y el clima global.
Vamos a estar presentes en la audiencia, acompañando a las comunidades costeras y territoriales que defienden el golfo. La transición energética justa y popular debe construirse con participación democrática, priorizando la salud y la protección de la vida toda.
¡Queremos un Mar Libre de Petroleras!
Fuente: aadeaa.org
