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En una decisión que vuelve a poner al gobierno entrerriano bajo la lupa, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos autorizó mediante la Resolución Nº 1194 la matanza comercial de hasta 150 mil coipos (conocidos popularmente como nutrias) durante la temporada comprendida entre el 24 de junio y el 29 de septiembre. La medida rige para todo el territorio provincial, excepto en áreas protegidas.
El coipo (Myocastor coipus) es un mamífero acuático nativo de Sudamérica, de hábitos pacíficos y valorado por su rol ecológico en los humedales. Sin embargo, la resolución oficial lo señala como una especie que “puede transformarse en un recurso dañino del entorno”, atribuyéndole efectos negativos sobre terraplenes, cultivos y áreas rurales, en especial las dedicadas a la producción de nuez pecán.
Organizaciones ambientalistas y sectores académicos ya manifestaron su preocupación por el alcance de la disposición, que consideran excesiva y carente de fundamentos técnicos actualizados, además de implicar un nuevo avance en la desprotección de la fauna autóctona. La controversia se profundiza porque la decisión llega apenas semanas después de que el mismo gobierno fuera demandado judicialmente por autorizar la caza de aves silvestres en la provincia.
A la incongruencia ambiental se le suma un conflicto comunicacional y político: mientras se promueve a nivel nacional la campaña turística “#ModoCarpincho” —que invita a los visitantes a “conectarse con la tranquilidad y naturaleza de Entre Ríos”—, el mismo gobierno autoriza una masiva matanza de fauna silvestre, generando un mensaje contradictorio que compromete la imagen de la provincia como destino ecoturístico.
La resolución ya fue duramente cuestionada en redes sociales y en foros conservacionistas, donde se exige mayor transparencia en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas que prioricen la conservación de ecosistemas y especies nativas.
Aunque las autoridades provinciales aún no emitieron declaraciones oficiales para responder a las críticas, desde distintos sectores reclaman una revisión urgente de la medida y un debate serio sobre la sostenibilidad ambiental en Entre Ríos. “El coipo no es una plaga, es parte del humedal que estamos obligados a proteger”, señalan desde colectivos ecologistas.
La polémica, lejos de disiparse, promete escalar en los próximos días y sumar presión sobre la administración Frigerio, que empieza a acumular frentes abiertos en materia ambiental.
Fuente: Ceydas Entre Ríos
