Varias organizaciones ambientales han llevado su preocupación ante la Corte Suprema de Justicia, acusando al Estado por los efectos devastadores del Canal de la Patria en una de las ecorregiones más vulnerables de Argentina.
CIENCIA Y AMBIENTE16/07/2025
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Distintas organizaciones ambientales, entre ellas Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), han iniciado una acción legal contra la provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional. El motivo: el Canal de la Patria, una obra hídrica extensa de más de 250 kilómetros, ha sido señalada como responsable de una serie de impactos ambientales catastróficos.
Según los demandantes, esta infraestructura, inicialmente concebida para mejorar el acceso al agua potable y fomentar el desarrollo ganadero, ha tenido consecuencias desastrosas para la fauna silvestre. Cristian Fernández, coordinador legal de FARN, destacó que el canal ha sido una "trampa mortal" para cientos de animales, incluyendo especies en peligro de extinción como el oso hormiguero gigante y la tortuga terrestre argentina.
Las críticas se centran en el diseño del canal, descrito como una estructura con paredes de hormigón inclinadas y resbaladizas que dificultan el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña. Informes técnicos recientes documentaron más de 250 muertes de animales entre 2023 y 2025, provocando una alarma ambiental y social considerable.
José Esain, abogado de Aves Argentinas, subrayó que la demanda busca no solo responsabilizar al Estado por un diseño deficiente y falta de monitoreo, sino también exigir medidas inmediatas de mitigación y recomposición ambiental. Esto incluiría evaluaciones continuas de la calidad del agua, pasos para facilitar el movimiento de la fauna, y un plan integral de gestión con plazos y seguimiento técnico riguroso.
La controversia ha escalado luego de que la Defensoría del Pueblo de la Nación emitiera una resolución en 2024 instando al Gobierno a tomar medidas correctivas, sin resultados satisfactorios hasta la fecha. Ahora, las organizaciones ambientales esperan que este litigio establezca un precedente crucial para la planificación y ejecución de futuras obras públicas, garantizando que el desarrollo socioeconómico no comprometa irreparablemente los ecosistemas vulnerables.
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