Súper RIGI: científicos alertan por sus impactos

Por Redacción Ecovida Ambiente
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Más de mil científicos cuestionan el avance del Súper RIGI

Más de mil integrantes de la comunidad científica, académica y tecnológica argentina difundieron una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación para expresar su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en tratamiento en comisiones del Senado.

La iniciativa amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, y contempla proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores considerados estratégicos, entre ellos los mega data centers vinculados a inteligencia artificial, minería, hidrocarburos, infraestructura digital, semiconductores y biotecnología.

Para los firmantes de la carta, el debate no debería limitarse a cuánto capital puede ingresar al país. La discusión central, sostienen, es qué condiciones se establecen para esas inversiones y cuánto margen conservará el Estado para regularlas en el futuro.

¿Qué propone el Súper RIGI?

Según el documento difundido por la comunidad científica, el proyecto establece un régimen de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios de largo plazo.

Entre los principales puntos señalados aparecen:

• Una alícuota de Ganancias del 15% durante 30 años.
• Libre disponibilidad del 100% de exportaciones e importaciones desde el inicio.
• Estabilidad regulatoria, fiscal y cambiaria durante tres décadas.
• Exención total de aranceles de importación.
• Protección mediante mecanismos de arbitraje internacional.
• Un límite de hasta 0,50% de Ingresos Brutos para las provincias que adhieran al régimen.

La carta sostiene que, frente a la magnitud de estos beneficios, el proyecto no establecería exigencias equivalentes en materia de empleo local, transferencia tecnológica, investigación y desarrollo nacional o compromisos ambientales específicos.

El punto que preocupa a los investigadores

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la estabilidad regulatoria durante 30 años.

Los firmantes advierten que los proyectos incluidos podrían quedar protegidos frente a modificaciones posteriores de regulaciones provinciales, incluidas normas ambientales. Desde esta perspectiva, el problema no sería solamente el incentivo inicial a la inversión, sino la posibilidad de limitar durante décadas la capacidad de las provincias para modificar las condiciones sobre el agua, la energía y el territorio.

Inteligencia artificial: inversión, energía y agua

El impacto ambiental ocupa un lugar central en la advertencia de la comunidad científica.

La expansión de grandes infraestructuras digitales y de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial implica una demanda creciente de electricidad y agua. En ese contexto, los investigadores consideran necesario establecer regulaciones estrictas sobre el consumo de recursos naturales y las emisiones de carbono.

La discusión adquiere especial relevancia frente a dos problemas globales que avanzan simultáneamente: la crisis climática y el estrés hídrico.

La pregunta que plantea el documento es, en definitiva, quién tendrá capacidad para decidir sobre esos recursos cuando se trate de proyectos de escala extraordinaria y con estabilidad regulatoria garantizada durante décadas.

El debate por la soberanía tecnológica

Otro de los ejes de la carta es la relación entre las inversiones extranjeras y la capacidad argentina para desarrollar tecnología propia.

Los firmantes cuestionan que se otorguen beneficios extraordinarios a grandes corporaciones tecnológicas mientras, según señalan, el sistema científico nacional enfrenta desfinanciamiento, reducción de recursos universitarios y pérdida de capital humano especializado.

La contradicción que plantean es concreta: ¿puede Argentina construir soberanía tecnológica si reduce las capacidades científicas y universitarias propias mientras ofrece condiciones excepcionales a grandes empresas internacionales?

Para los autores de la carta, atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías no debería significar renunciar a la construcción de capacidades nacionales.

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La dimensión ambiental: qué controles quedan

El proyecto incorporó durante su tratamiento en Diputados la exigencia de un informe técnico ambiental y social y un compromiso mínimo de compras a proveedores locales.

Sin embargo, la carta considera que estas modificaciones no equivalen a una evaluación de impacto ambiental vinculante ni garantizan mecanismos suficientes de control provincial. También cuestiona que los estándares no estén definidos con precisión y que la autoridad de aplicación continúe siendo nacional.

Este punto resulta especialmente sensible cuando se habla de proyectos que pueden demandar grandes cantidades de energía, agua y superficie territorial.

La discusión ambiental, por lo tanto, no queda restringida al impacto de una obra determinada. También involucra quién controla, con qué normas y durante cuánto tiempo.

El antecedente de YPF y el arbitraje internacional

La carta también utiliza el litigio relacionado con YPF como antecedente para advertir sobre los posibles costos de resignar margen de acción jurisdiccional frente a mecanismos de arbitraje internacional.

Según los firmantes, proteger inversiones estratégicas mediante mecanismos que limiten la jurisdicción nacional podría reducir la capacidad futura del Estado para modificar políticas públicas en sectores considerados estratégicos.

El planteo forma parte de una preocupación más amplia: que las decisiones adoptadas hoy puedan condicionar durante décadas la capacidad de los gobiernos futuros para establecer nuevas reglas.

El Senado tiene ahora la decisión

El proyecto se encuentra actualmente en tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General del Senado. Según el documento, existe la expectativa de avanzar con un dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes de finalizar agosto de 2026.

La carta reclama que los legisladores evalúen el proyecto considerando no solamente sus potenciales beneficios económicos inmediatos, sino también sus consecuencias sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo.

Una discusión que excede la llegada de inversiones

El debate sobre el Súper RIGI plantea una tensión difícil de esquivar.

Por un lado, Argentina necesita inversiones, infraestructura y nuevas tecnologías. Por otro, la discusión es qué nivel de beneficios y garantías está dispuesto a otorgar el Estado y qué herramientas conserva para proteger sus recursos y modificar sus políticas en el futuro.

La advertencia de la comunidad científica apunta precisamente a ese punto: el desarrollo tecnológico no debería medirse únicamente por la cantidad de capital que ingresa, sino también por las capacidades que quedan en el país.

El desafío es encontrar un equilibrio entre atraer inversiones y preservar la capacidad pública de establecer reglas, proteger los recursos naturales y promover investigación, empleo y desarrollo tecnológico nacional.

Porque una inversión puede llegar en pocos años. Las decisiones regulatorias que se toman hoy, en cambio, pueden permanecer durante una generación.