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La evolución reciente de la pobreza infantil en Argentina muestra una caída respecto del fuerte deterioro registrado durante 2024, pero los indicadores relevados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestran que la mejora de los ingresos no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida para niños, niñas y adolescentes.
Así lo explicó en diálogo con Ecovida 2.0, Nueva Generación, Valentina González Sisto, investigadora del Barómetro de la Infancia del ODSA-UCA. La especialista explicó que el período 2023-2025 estuvo atravesado por fuertes fluctuaciones, con un deterioro particularmente marcado de los ingresos familiares durante 2024.
El dato central permite observar una doble realidad: por un lado, la reducción de la pobreza infantil después del máximo registrado en 2024; por otro, la persistencia de privaciones que exceden el ingreso monetario de los hogares.
Según explicó González Sisto, durante 2024 se produjo un deterioro acelerado de los ingresos reales de las familias. En ese contexto, el nivel de pobreza infantil llegó a afectar aproximadamente al 70% de los niños en el primer trimestre de ese año.
La entrevistada señaló que, tomando la medición oficial de pobreza, en 2025 ese porcentaje descendió hasta alrededor del 46%, una reducción cercana a 25 puntos respecto del máximo de 2024. También indicó que la tendencia continuó durante comienzos de 2026.
El descenso modifica de manera significativa la fotografía respecto del peor momento de 2024, pero no elimina las diferencias estructurales que el propio observatorio identifica en las condiciones de vida de las infancias.
La investigación también aborda lo que se denomina infantilización de la pobreza, una característica histórica de la estructura social argentina.
Según la especialista, los niveles de pobreza tienden a ser superiores entre niños y niñas que entre los adultos cuando se compara la proporción de población afectada.
La diferencia aparece con mayor claridad al observar la indigencia. Durante el pico de 2024, mientras el 16% de los adultos se encontraba en esa situación, el porcentaje ascendía al 31% entre los niños.
La indigencia implica, en este caso, no contar con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.
Uno de los puntos centrales de la entrevista es que la situación de las infancias no puede analizarse únicamente a partir de la tasa de pobreza.
González Sisto señaló que las transferencias no contributivas, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, generan cierto alivio en los hogares y han mostrado una mejora o mantenimiento de su valor real. Sin embargo, sostuvo que esos recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades que atraviesan niños, niñas y adolescentes.
En ese escenario, la inseguridad alimentaria continúa afectando aproximadamente a un tercio de las infancias, mientras aparecen otras privaciones relacionadas con la vestimenta, las actividades sociales, el deporte y la cultura.
Casi 4 de cada 10 niños presentan dificultades para vestirse por problemas económicos, de acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista.
La especialista vinculó esta dimensión con otros aspectos de la vida cotidiana infantil, como la construcción de identidad, la socialización y el bienestar emocional. En este último indicador, el observatorio registra alrededor de un 20% de niños con malestar emocional.
La falta de recursos también aparece asociada a una menor participación en espacios fuera de la escuela.
Según el relevamiento citado, cerca del 80% de los chicos no participa de actividades culturales extracurriculares, mientras que entre el 50% y el 60% tampoco accede a actividades deportivas extracurriculares.
Estos indicadores amplían el debate sobre la pobreza infantil: no se trata solamente de cuánto dinero ingresa a un hogar, sino también de qué posibilidades concretas tienen los niños para alimentarse, aprender, socializar y desarrollar actividades fuera de la jornada escolar.
La reducción de la pobreza no necesariamente implica que las familias hayan dejado atrás la presión económica.
El ODSA incorpora un indicador denominado estrés económico, que mide la percepción de los hogares sobre la insuficiencia de sus ingresos para afrontar los gastos mensuales.
Según González Sisto, ese indicador se ubicó en torno al 43% durante 2025 y no bajó aproximadamente del 40% durante la última década.
La investigadora explicó que esa situación también repercute sobre las infancias. La presión económica puede traducirse en adultos con menos disponibilidad de tiempo, mayor preocupación y mayores dificultades para sostener actividades sociales y recreativas para sus hijos.
Las diferencias socioeconómicas también aparecen cuando se observa el aprendizaje.
El relevamiento señala que, entre los niños de 6 a 17 años, las dificultades para aprender alcanzan al 28% en los sectores de mayor nivel socioeconómico y ascienden a casi 43% en el nivel socioeconómico más bajo.
La medición, aclaró González Sisto, se construye a partir de la percepción de los adultos responsables sobre las dificultades de aprendizaje de los niños.
La diferencia entre ambos grupos muestra que las condiciones materiales del hogar también forman parte del contexto en el que se desarrolla la experiencia educativa.
Durante la entrevista, la investigadora también vinculó algunas de las dificultades de socialización y bienestar infantil con procesos que comenzaron o se profundizaron durante la pandemia.
Según su análisis, persiste una tendencia hacia experiencias más individuales y privadas que todavía no se habría revertido por completo, con efectos que alcanzan a distintos sectores sociales.
El fenómeno aparece asociado, entre otros aspectos, a las formas de socialización, el malestar emocional y determinadas dificultades vinculadas con el aprendizaje.
Los datos mencionados durante la entrevista surgen de distintas fuentes utilizadas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Para comparar la evolución de la pobreza, el equipo trabaja con la Encuesta Permanente de Hogares, de alcance nacional. A la vez, el observatorio cuenta con una encuesta propia destinada a relevar distintas dimensiones de las condiciones de vida.
En su última medición, esa encuesta alcanzó a 2.230 niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años, con alcance nacional y posibilidad de establecer comparaciones regionales.
La especialista también señaló diferencias entre regiones y mencionó al NEA como una de las zonas donde se observa un deterioro más marcado entre 2023 y 2026 en materia de pobreza e indigencia infantil.
Los datos presentados por el Observatorio permiten observar una mejora en uno de los principales indicadores sociales respecto del pico registrado en 2024. Pero, al mismo tiempo, otros indicadores muestran que las privaciones continúan presentes.
Inseguridad alimentaria, dificultades para acceder a ropa, menor participación en actividades culturales y deportivas, malestar emocional, estrés económico y brechas en el aprendizaje forman parte de una realidad más amplia que la medición de ingresos.
La evolución de la pobreza infantil, en ese sentido, no se agota en una cifra. El desafío que plantea el conjunto de indicadores es observar qué ocurre con las condiciones concretas de vida de los niños y adolescentes cuando una familia deja de estar por debajo de una determinada línea de pobreza, pero todavía enfrenta dificultades para garantizar otras dimensiones básicas de su desarrollo.
Por Redacción Ecovida Ambiente — Periodismo Ambiental desde el Fin del Mundo
