ecovida ambienteRodolfo Iturraspe llegó a Ushuaia en 1984. La ciudad tenía entonces unos 20.000 habitantes. Era ingeniero en recursos hídricos recién recibido en la Universidad Nacional del Litoral, y el sur lo recibió con sus vientos, sus montañas y sus glaciares.
Cuarenta años después, Ushuaia supera los 82.000 habitantes. Y los glaciares que la rodean, esos cuerpos de hielo que aseguran el escurrimiento permanente de los ríos, han retrocedido sin pausa.
Iturraspe ha sido testigo de ese doble crecimiento: el de la ciudad y el del deshielo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ha dedicado décadas a entender cómo funciona el agua en el fin del mundo. En 2010, cuando la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares (N° 26.639) se debatía en el Parlamento argentino, participó como asesor. Conoce la ley por dentro.
Por eso, cuando hoy se propone modificarla, su voz se vuelve urgente.
“El proyecto de modificación no es una formulación superadora, sino una forma de degradar la ley para que no cumpla con su función.”
Para entender qué está en juego, hay que recordar por qué nació la ley. Iturraspe lo cuenta con precisión:
“El origen fue porque una minera propuso cambiar de lugar un glaciar. Remover el hielo. Estamos hablando de un glaciar pequeño, pero eso me llamó muchísimo la atención. Iba contra toda idea de protección ambiental.”
Esa propuesta, trasladar un glaciar como si fuera una piedra, fue la chispa. Generó un movimiento ciudadano que terminó en el Congreso. La ley que emergió de ese proceso estableció algo fundamental: los glaciares son bienes de carácter público, reservas estratégicas de recursos hídricos. No importaba su tamaño, no importaba si alguien los usaba en ese momento. Eran estratégicos por lo que representaban para el futuro.
La ley también prohibía ciertas actividades en glaciares y ambiente periglacial. No las dejaba a criterio de una evaluación de impacto ambiental; las prohibía de plano. Ese es el umbral mínimo que la Nación fija para todo el territorio, en el marco del federalismo argentino: las provincias son dueñas de sus recursos naturales, pero acordaron que existe un piso de protección que no puede ser vulnerado.
Ese piso es el que hoy se quiere remover.
La ley vigente protege los glaciares por lo que son: reservas estratégicas, bienes públicos. El proyecto los protege solo si cumplen ciertas funciones: ser reserva estratégica y proveer agua para la recarga de cuencas. Si una provincia determina que un glaciar no cumple con alguna de esas funciones, puede excluirlo del Inventario Nacional de Glaciares. Y fuera del inventario, fuera de la protección.
“No hay glaciar que no funcione como reserva de recursos hídricos. Todo glaciar aporta agua para la recarga de cuencas. Pero el término ‘reserva estratégica’ es muy subjetivo. Cualquiera puede decir ‘no es estratégico porque es pequeño, porque tiene poca relevancia’. Eso deja una cuestión subjetiva muy grande que no puede estar en una ley de este carácter.”
La subjetividad, para Iturraspe, no es un error técnico. Es una puerta abierta.
“Podrían decir: ‘Vamos a intervenir este glaciar porque no es una reserva estratégica’. Nuestros glaciares son pequeños, ninguno llega a un kilómetro cuadrado. Pero son muchos, y en sistemas aportan agua. Decir que tienen que ser estratégicos es dejar la decisión al arbitrio de cada provincia.”
En su ponencia ante la Audiencia Pública, Iturraspe señaló algo que llama la atención incluso a quienes no son especialistas: el proyecto está lleno de contradicciones. No solo en sus efectos, sino en su propia redacción.
El artículo 3 bis, por ejemplo, establece que un glaciar permanece en el inventario si cumple con ambas funciones (ser reserva estratégica y proveer recarga). Pero luego dice que queda fuera si no cumple con alguna de ellas. ¿Una o dos? La redacción es confusa, y la confusión, en una ley de presupuestos mínimos, es inaceptable.
“Es un bochorno legislativo. La ley vigente llevó dos años de discusión y participación. Esto lo quieren hacer en un mes.”
Pero lo más grave, para Iturraspe, es que el proyecto vacía de contenido el principio de los presupuestos mínimos.
“La ley de presupuestos mínimos establece actividades prohibidas. La evaluación de impacto ambiental es otro instrumento, para actividades no prohibidas. El proyecto dice que todas las actividades prohibidas también vayan a evaluación de impacto ambiental. Y si sale bien, entonces no estarían prohibidas. Así, ese umbral ambiental que establece la ley queda supeditado a un estudio de impacto ambiental, como si la ley no existiera.”
El proyecto otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares cumplen las funciones para estar protegidos. En un país federal, la descentralización suena bien. Pero Iturraspe pregunta por las capacidades reales.
“Muy pocas provincias tienen algún equipo que pueda trabajar en glaciología. No tienen presupuesto, no tienen recursos humanos. No es fácil constituir un equipo de glaciología: tienes que tener la capacidad para manejarte en la montaña, en el hielo.”
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, ha sido el encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Lo ha hecho con rigurosidad científica, con investigadores formados durante años. El proyecto propone que las provincias puedan contradecir ese trabajo.
“Estamos considerando que la ciencia no estaría trabajando como debería trabajar. Es una situación bastante poco sensata.”
“Argentina tuvo desde 2005 un crecimiento importante en materia de investigadores, equipamiento, financiamiento. Con la política actual, estamos ante el desmantelamiento de la ciencia y la tecnología. Lo que decimos de los glaciares es parte de un fenómeno más amplio.”
Iturraspe es honesto: la reforma no afecta directamente a Tierra del Fuego como afectaría a otras provincias. En la isla, la minería a cielo abierto está prohibida por ley provincial. La única actividad extractiva relevante es la minería de áridos y de turba —esta última, otro conflicto que menciona de paso.
“En nuestra provincia, la única actividad que se hace en los glaciares es turismo, en mucha menor medida que el sector industrial. En provincias como Chubut también está prohibida la minería a cielo abierto. Pero en el resto del país, no.”
Por eso su defensa de la ley no es localista. Es nacional.
“No es un tema que nos afecte específicamente. Pero es un tema nacional. Quieren imponer una ley improvisada, con errores llamativos, contradicciones. Es un bochorno legislativo.”
El glaciar Vinciguerra, que él impulsó como Sitio RAMSAR junto con las turberas del valle de Andorra, no quedaría desprotegido porque la provincia puede mantener su propia área protegida. Pero eso no resuelve el problema de fondo: que el umbral mínimo nacional se degrada.
Iturraspe no se queda en el análisis técnico. Pone la reforma en un contexto más amplio.
“La tendencia con esta gestión nacional es apuntar a que el extractivismo fundamente la base económica, evitando que sea la industria. Cuando abrís la libre importación de productos industrializados, evidentemente nunca vas a tener una industria nacional.”
Argentina, dice, había tenido un crecimiento industrial que daba trabajo a mucha gente. Las provincias andinas, pobres en materia de empleo, recibieron minería como alternativa.
“Les llevamos minería para que vayan a picar piedras, cuando les podríamos llevar una industria. Los países sudamericanos, si no tienen industrias competitivas, no nos vamos a desarrollar totalmente.”
La crítica no es al capitalismo ni a la inversión extranjera. Es a un modelo que desprotege lo propio mientras abre lo ajeno.
“Cada país tiene su política de expansión, pero también su política de protección. No es estar en contra de la industria extranjera, sino tener una idea de protección y desarrollo propia.”
El problema argentino, añade, es la inestabilidad.
“Lo que se crea en diez años se destruye en uno, y después hay que esperar diez años para que se desarrolle de nuevo.”
La paradoja no escapa a Iturraspe. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2025 como el Año Internacional de la Protección de los Glaciares y estableció el período 2025-2034 como el Decenio de Acción para las Ciencias Crioféricas. Argentina era considerada un ejemplo con su ley.
“En 2025 se presenta esta modificación que prácticamente deja a la ley de glaciares sin marco de acción. Es lamentable.”
El mensaje al mundo, aunque no lo explicite, es claro: lo que se construyó con consenso y participación ciudadana puede desmontarse en un mes, por fast track, con un texto mal redactado que contradice sus propios artículos.
Para Iturraspe, el corazón del debate está en la alta montaña.
“La alta montaña es la fábrica de agua. Allí la precipitación es mucho más abundante que en las zonas bajas. De allí vienen las fuentes de agua, y además es agua de buena calidad.”
Si esas fuentes se contaminan o se alteran, lo que ocurre río abajo —donde vive la mayoría de la población— es consecuencia directa.
“Si comenzamos a tener mala calidad en las nacientes, ¿qué esperamos cuando llegamos a las partes medias o bajas de las cuencas?”
Los glaciares de montaña, pequeños pero numerosos, son los más amenazados por el cambio climático. Sobre eso, dice Iturraspe, no podemos hacer mucho a nivel local: depende de las emisiones globales. Pero sí podemos evitar que la actividad humana sea un ingrediente más que acelere su desaparición.
“El tema está en que la actividad humana en esos lugares no sea un ingrediente más para acelerar la desaparición de los glaciares.”
“Si pudieras dejar una imagen para nuestros lectores —le pregunto—, ¿qué dirías sobre lo que significa un glaciar para las próximas generaciones?”
Iturraspe piensa. Luego habla de los grandes campos de hielo, del sur profundo donde las masas de hielo son enormes pero no hay demanda de agua. Y vuelve a los glaciares pequeños, los de montaña, los que están cerca de las ciudades.
“Esos glaciares pequeños son los más amenazados. Y realmente no podemos hacer nada para detener su retroceso porque eso corresponde a problemas globales, a las emisiones, al cambio climático. Entonces, el tema está en que la actividad humana en esos lugares no sea un ingrediente más que acelere su desaparición.”
Luego habla de la alta montaña como fábrica de agua. De la necesidad de tener el ojo puesto allí, donde nacen los ríos. De preservar esas fuentes para que los ríos fluyan no solo cuando llueve o hay deshielos.
No deja una frase grandilocuente. Deja una imagen: el agua que baja de la montaña, limpia, constante, sosteniendo la vida en las ciudades. Y la advertencia de que esa imagen, en muchas partes de Argentina y Chile, es más frágil de lo que parece.
La Audiencia Pública inicia el 25 de marzo de 2026. El proyecto, aprobado en el Senado, espera ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Iturraspe no es optimista, pero tampoco se resigna. Sabe que la ley vigente protege los glaciares no por lo que hacen, sino por lo que son. Sabe que ese principio, el ambiente como bien jurídicamente protegido, es lo que está en juego. Sabe que, si la reforma avanza, no será la primera vez que Argentina destruye en un año lo que construyó en una década.
Pero también sabe que hay algo que ninguna reforma puede borrar: el agua sigue bajando de la montaña. Los glaciares siguen ahí, aunque retrocedan. Y hay personas, comunidades, científicos, que seguirán defendiendo que esas reservas de hielo son de todos y para siempre.
“Tengamos en cuenta que la alta montaña es la fábrica de agua. De allí vienen las fuentes. Es importante tener el ojo muy bien puesto en la alta montaña para que las funciones continúen y se mantengan esas reservas que nos permiten que los ríos fluyan.”
Esta crónica se basa en una conversación con Rodolfo Iturraspe, ingeniero en recursos hídricos, profesor titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y asesor en la sanción de la Ley de Glaciares argentina. La entrevista se realizó en el marco de la Audiencia Pública sobre la modificación de la Ley N° 26.639, en marzo de 2026.
Fuente: ecosdelsur
