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La organización ambientalista Greenpeace documentó desde el aire glaciares y ambiente periglacial de San Juan, en sectores donde existen proyectos mineros. Estas áreas se encuentran protegidas por la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.
Greenpeace sobrevoló distintos proyectos mineros, donde se observan aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para futuras tareas exploratorias en sectores de alta montaña donde la normativa vigente restringe este tipo de actividades. El material incluye al glaciar de escombros G110, inventariado y protegido por la ley vigente, que se encuentra en medio de operaciones mineras. Las imágenes registradas muestran intervenciones visibles en áreas alcanzadas por la protección actual, lo que evidencia la tensión entre la actividad extractiva y el marco normativo vigente.
“Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental: en lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la ley, se busca ajustar la ley a los proyectos que ya están avanzando en zonas protegidas. Lo que algunos llaman ‘brindar seguridad jurídica’ termina siendo adaptar la norma para que actividades en infracción estén habilitadas, porque el nuevo marco es más flexible”, aseguró Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Según la organización, modificar el alcance de la ley en este contexto implicaría reducir el estándar de protección para adecuarlo a proyectos ya instalados en zonas sensibles, en lugar de exigir el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.
Además, fueron documentados los glaciares y el ambiente periglacial que alimentan a los ríos San Juan y Jáchal y abastecen a miles de personas. “Desde la alta montaña nacen los sistemas que sostienen ríos, economías regionales y comunidades enteras. Lo que registramos por aire muestra que la discusión que están llevando al Congreso no es abstracta ni menor: es sobre territorios concretos y fuentes de agua reales. Lo que se debatirá en el Senado es si se mantiene un límite claro para proteger estos glaciares y ambiente periglacial o si se flexibiliza la ley para adecuarla a proyectos ya en marcha. Esa decisión impactará directamente en la seguridad hídrica del país”, agregó Rossi Serra.
