ecovida ambientePor redacción ecovida ambiente
La reciente aprobación y modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso nacional generó un fuerte rechazo desde el ámbito ambiental y jurídico. En diálogo con ecovida ambiente, el abogado Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó lo ocurrido como “uno de los actos más bochornosos de la historia reciente” y advirtió sobre sus graves consecuencias para el acceso al agua y el modelo productivo del país.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, luego de haber obtenido media sanción en el Senado semanas atrás. Según Colombo, la reforma implica “la entrega directa de las reservas estratégicas de agua” presentes en ambientes glaciares y periglaciares a intereses mineros, en su mayoría vinculados a corporaciones extranjeras.
El especialista sostuvo que el proyecto habría sido impulsado con fuerte influencia de estudios jurídicos que representan a grandes empresas del sector, en el marco de acuerdos internacionales que —según denunció— priorizan la explotación de recursos naturales por sobre la protección ambiental.
Uno de los puntos más críticos señalados es el impacto sobre el agua, considerada un recurso vital y escaso en varias regiones del país. “Se está comprometiendo la provisión de agua potable en provincias donde ya es un bien limitado”, afirmó Colombo.
Además, cuestionó el modelo económico que subyace a la expansión minera, al que definió como una continuidad de lógicas extractivistas históricas: exportación de recursos sin valor agregado y escaso desarrollo industrial local.
El discurso oficial que vincula la minería con generación de empleo y crecimiento económico también fue puesto en duda. Colombo mencionó casos de provincias como Catamarca, San Juan y La Rioja, donde la actividad minera convive con altos niveles de pobreza.
En esa línea, retomó una idea difundida por el abogado ambientalista Enrique Viale: la coincidencia entre los mapas de pobreza y los territorios con fuerte presencia extractiva. “Las promesas de desarrollo no se verifican en la realidad. Por el contrario, se registran más contaminación, pérdida de ecosistemas y deterioro social”, sostuvo.
El abogado también advirtió sobre los pasivos ambientales que deja la megaminería, mencionando antecedentes en distintas regiones del país. Según indicó, la actividad ha generado contaminación de ríos, afectación de cuencas hídricas y daños irreversibles en ecosistemas de alta montaña.
En ese contexto, cuestionó el accionar de grandes compañías internacionales del sector, a las que responsabilizó por prácticas que —según afirmó— no podrían llevar adelante en sus países de origen debido a regulaciones más estrictas.
Frente a este escenario, organizaciones ambientales y jurídicas ya preparan una respuesta en el plano legal. Colombo confirmó que se está organizando una acción colectiva que podría convertirse en una de las más importantes a nivel global en materia ambiental.
La iniciativa es impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, junto a otras entidades y ciudadanos que se sumarán mediante adhesiones.
El objetivo principal será solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos modificados y la restitución plena de la ley original. “Será la primera de varias acciones judiciales que impulsaremos para defender la normativa vigente y los derechos ambientales”, concluyó.
Estos legisladores respaldaron la iniciativa que obtuvo un total de 137 votos positivos:
