ecovida ambienteEn una audiencia judicial celebrada hoy, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas ratificó y amplió la denuncia penal contra la senadora Flavia Royón e incorporó una nueva acusación contra el actual secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.
La presentación judicial sostiene la existencia de un entramado estructural que vincula a funcionarios, abogados corporativos, consultores y legisladores con intereses del sector extractivo, en lo que describen como un intento sistemático de vaciar la Ley de Glaciares para habilitar el avance de proyectos mineros en zonas protegidas.
Según la denuncia, Luis Lucero habría intervenido en decisiones clave que benefician a empresas con las que mantuvo vínculos profesionales previos. La investigación, basada en información pública, detalla su paso por el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, donde asesoró a grandes compañías del sector minero como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Pan American Silver y Newmont, entre otras.
Además, participó en operaciones estratégicas del sector, incluyendo proyectos emblemáticos como Bajo la Alumbrera y Cerro Vanguardia, así como en transacciones internacionales vinculadas a activos mineros en Argentina.
Pese a haber sido formalmente excusado mediante la Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía por su relación con firmas vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA), la denuncia sostiene que dicha excusación fue “meramente declarativa”.
El documento judicial afirma que Lucero continuó interviniendo en la elaboración de modificaciones a la Ley de Glaciares que beneficiarían directamente a las mismas empresas con las que tuvo vínculos previos. Esto implicaría, según los denunciantes, una violación al principio de imparcialidad y una incompatibilidad funcional.
El punto central es que el funcionario, pese a reconocer sus relaciones con el sector, habría influido en el proceso político que busca flexibilizar una normativa clave para la protección ambiental.
La denuncia advierte que las modificaciones impulsadas permitirían ampliar las áreas habilitadas para la actividad minera, incluso en zonas que hasta ahora estaban expresamente protegidas por la ley.
Este cambio normativo implicaría una flexibilización de los controles y restricciones, respondiendo —según el escrito— a pedidos directos de empresas del sector, que habrían colocado a sus propios asesores en cargos estratégicos del Estado.
La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Estas fuentes abastecen a más de 7 millones de personas en todo el país.
Debilitar su alcance podría tener consecuencias irreversibles sobre el acceso al agua, los ecosistemas de montaña y las comunidades que dependen de estos recursos.
En el caso de Flavia Royón, la ampliación de la denuncia incorpora un análisis patrimonial centrado en un patrón de endeudamiento calificado como “persistente y concentrado”.
Según la presentación, la deuda de la senadora se encontraría mayoritariamente concentrada en una única entidad financiera, el Banco Macro, sin evidencias de cancelación significativa.
Los denunciantes señalan que este comportamiento financiero no se corresponde con prácticas de consumo habituales, por lo que solicitaron profundizar la investigación patrimonial.
Asimismo, se plantea la posible existencia de vínculos entre la entidad bancaria, el sector minero y la trayectoria política y profesional de la legisladora, lo que podría configurar un conflicto de intereses.
El eje central de la denuncia apunta a lo que se define como un sistema de “puertas giratorias”, donde los mismos actores circulan entre empresas privadas, estudios jurídicos, entidades financieras y cargos públicos.
Este fenómeno, sostienen, permitiría alinear decisiones estatales con intereses corporativos, en detrimento del interés público y la protección ambiental.
“La trama es elocuente”, advierten desde la Asociación: los mismos nombres, las mismas empresas y los mismos objetivos aparecen de manera reiterada en distintos niveles de decisión.
El objetivo final, según la denuncia, sería remover obstáculos legales para facilitar el avance de negocios mineros sobre territorios sensibles.
Más allá de las responsabilidades individuales, la causa abre un debate estructural: hasta qué punto el Estado puede ser capturado por intereses privados.
La protección de los glaciares no es solo una cuestión ambiental, sino también social y estratégica. En un contexto de crisis climática y escasez hídrica, cualquier retroceso en su resguardo podría tener impactos profundos y duraderos.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitaron nuevas medidas de prueba y su incorporación como querellantes en la causa, en una investigación que podría escalar en los próximos meses.
Fuente: aadeaa.org
