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En un contexto de alta tensión política y ambiental, se presentó el informe especial “10 Mitos y Falacias sobre la Ley Nacional de Glaciares”, un documento que busca aportar evidencia científica y argumentos técnicos frente al intento de modificar una de las normativas más importantes para la protección del agua en Argentina.
Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la Ley de Glaciares se encuentra en el centro de la disputa. El oficialismo intentó inicialmente su derogación a través de la llamada “Ley Ómnibus” y posteriormente mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ambos intentos fracasaron ante la falta de consenso social y respaldo legislativo.
Tras los resultados de las elecciones de medio término, el gobierno nacional avanzó con un proyecto de modificación de la ley, señalado por diversos sectores como favorable a la industria minera.
El texto ingresó al Senado en diciembre de 2025 y, en un tratamiento exprés durante sesiones extraordinarias, obtuvo media sanción el 26 de febrero de 2026. La estrategia oficial apuntaba a una rápida aprobación en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el proceso se vio frenado por una instancia clave: la Audiencia Pública obligatoria, requisito establecido por la legislación ambiental vigente.
La audiencia, programada para los días 25 y 26 de marzo, ya cuenta con más de 60.000 personas inscriptas, reflejando un alto nivel de movilización social.
Este mecanismo responde a derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a asegurar la participación ciudadana en decisiones con impacto ambiental.
El documento “10 Mitos y Falacias sobre la Ley Nacional de Glaciares” surge como respuesta a la creciente circulación de argumentos que, según sus autores, carecen de sustento empírico.
Desmontaje de narrativas pro-modificación sin respaldo científico
Análisis técnico del impacto ambiental de los cambios propuestos
Defensa del rol estratégico de los glaciares como reservas de agua dulce
Advertencia sobre riesgos irreversibles en ecosistemas de alta montaña
El informe pone el foco en la necesidad de sostener un debate informado, basado en datos verificables y no en construcciones discursivas.
Uno de los puntos más críticos del proyecto es la eliminación del principio de protección automática de los glaciares. En su lugar, se propone un sistema en el que autoridades provinciales podrían decidir qué áreas quedan protegidas.
Esto implicaría que un glaciar podría perder su estatus legal mediante una simple declaración administrativa, abriendo la puerta a actividades extractivas.
Otro cambio sustancial es la eliminación de la prohibición de actividades mineras en el ambiente periglacial, considerado esencial para la regulación del agua.
La ley vigente reconoce que glaciares y periglaciares forman un sistema interdependiente. Intervenir en estas zonas —ya sea en superficie o subsuelo— podría provocar:
Pérdida irreversible de hielo
Alteración del flujo de agua en cuencas
Impacto directo en el abastecimiento hídrico
La normativa actual prohíbe estas actividades precisamente por el carácter irreversible del daño.
La discusión sobre la Ley de Glaciares no es solo técnica ni legislativa: es profundamente estratégica. En un contexto de crisis climática global, los glaciares representan reservas críticas de agua dulce.
El informe presentado busca elevar la calidad del debate público, aportando herramientas para comprender lo que está en juego.
