ecovida ambiente
Por Redacción Ecovida Ambiente — Periodismo Ambiental desde el Fin del Mundo
Capilla del Monte podría sumar una nueva instancia local para abordar uno de los problemas que en los últimos años afectaron con mayor fuerza al territorio: los incendios forestales y rurales.
Un proyecto de ordenanza propone crear el Comité Mixto de Seguimiento, Prevención y Análisis de Causas de Incendios, concebido como un órgano de consulta, asesoramiento y seguimiento con participación del municipio, bomberos, brigadistas, comerciantes y organizaciones vecinales.
El documento sostiene que la iniciativa busca generar una instancia local capaz de recibir y sistematizar información, solicitar documentación a organismos públicos, canalizar testimonios y remitir antecedentes a las autoridades judiciales cuando pudieran constituir delito.
La propuesta no le atribuye al comité facultades de investigación penal ni capacidad para reemplazar al Poder Judicial. Sus informes y recomendaciones, además, tendrían carácter no vinculante.
La dimensión de los incendios en la zona constituye uno de los fundamentos centrales del proyecto.
Los datos oficiales de la provincia de Córdoba muestran que durante 2024 se registraron 586 incendios y 103.327 hectáreas afectadas. El evento de mayor superficie se produjo en septiembre y alcanzó 42.046 hectáreas en áreas rurales y de interfase próximas a Capilla del Monte, Dolores, San Esteban y Los Cocos.
IDECOR señala además que ese incendio abarcó sectores de los departamentos Punilla, Totoral, Colón e Ischilín y representó aproximadamente el 40% de toda la superficie quemada en Córdoba durante 2024.
El propio proyecto de ordenanza toma estos antecedentes como punto de partida y plantea que, además de responder ante una emergencia, resulta necesario avanzar en el conocimiento de las causas que originan los incendios.
La propuesta parte de una premisa concreta: para fortalecer la prevención no alcanza con combatir el fuego una vez iniciado.
Por eso plantea reunir información sobre los siniestros, organizar los testimonios de vecinos y generar mecanismos que permitan poner esos antecedentes a disposición de los organismos con competencia.
La iniciativa contempla también la posibilidad de solicitar información ambiental a organismos públicos, una herramienta que se vincula con la Ley Nacional 25.831, que garantiza el acceso a la información ambiental en poder del Estado nacional, provincial y municipal.
La iniciativa plantea un órgano de carácter honorario, integrado por representantes de distintos sectores de la comunidad.
La composición prevista incluye participación del Departamento Ejecutivo Municipal, Bomberos Voluntarios, brigadistas forestales, sector comercial, centros vecinales, una institución de jubilados y un club de barrio.
El mecanismo propuesto busca que los representantes sean seleccionados por los propios sectores e instituciones involucrados, con suplentes y mandatos de dos años.
Hay, sin embargo, un punto que debería ser revisado antes de una eventual sanción: el artículo referido a la composición establece que el comité tendrá ocho integrantes, pero la enumeración de los representantes suma nueve. Es una inconsistencia interna del proyecto que requiere una corrección formal para determinar cuál sería la integración definitiva.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de un canal de recepción reservada de información, mediante el cual vecinos podrían aportar datos de manera anónima.
El proyecto establece que esa información debería ser derivada a la autoridad competente y dispone que el comité no difunda ni impute públicamente a personas identificables.
También incorpora expresamente referencias al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al honor, con el objetivo de establecer límites al uso de la información recibida.
Este punto resulta relevante porque el proyecto menciona, dentro de sus fundamentos, testimonios y sospechas sobre posibles incendios intencionales. Esas referencias forman parte de los argumentos de quienes impulsan la iniciativa y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre el origen de los incendios ni sobre la responsabilidad de personas concretas.
La propuesta delimita las funciones del organismo.
El comité podría recopilar información, solicitar documentación, convocar a personas e instituciones y remitir antecedentes a fiscalías u otras autoridades judiciales cuando correspondiera.
No podría, en cambio, asumir atribuciones propias de una investigación penal.
Esa delimitación también aparece en línea con el marco nacional de manejo del fuego: la Ley 26.815 establece un Sistema Federal de Manejo del Fuego y contempla mecanismos de planificación y participación ciudadana dentro de las políticas de prevención.
En Córdoba, la Ley 8.751 establece normas y procedimientos para el manejo del fuego y comprende la prevención y lucha contra incendios en áreas rurales, forestales y urbanas.
La propuesta busca incorporar a organizaciones sociales y sectores de la comunidad en una estructura permanente de seguimiento.
El proyecto prevé además actas públicas de las reuniones, un informe anual y un canal oficial de comunicación para informar a la comunidad sobre las actividades del comité.
El planteo se apoya en la posibilidad de crear órganos locales de consulta y asesoramiento contemplada por la Ley Orgánica Municipal 8.102 de Córdoba. Esa norma reconoce la figura del Consejo Asesor Municipal como espacio de consulta y asesoramiento de asociaciones vecinales y entidades representativas, sin carácter vinculante para las autoridades.
La iniciativa municipal no parte de un vacío normativo.
Córdoba cuenta con la Ley 8.751, vigente desde 1999, sobre manejo del fuego, y en 2023 sancionó la Ley 10.958 de Prevención y Protección de la Flora y la Fauna frente al Fuego. Esta última establece un plan integral de prevención contra incendios forestales y rurales y contempla la convocatoria a universidades, INTA, bomberos, entidades, organizaciones agropecuarias, municipios y comunas, además de líneas de investigación y seguimiento de zonas afectadas.
En ese contexto, el proyecto de Capilla del Monte propone una herramienta específicamente local, orientada a organizar información y participación comunitaria.
La experiencia de los grandes incendios de 2024 dejó una cantidad significativa de información sobre superficie afectada, ubicación y evolución de los focos. El sistema provincial de monitoreo de IDECOR fue desarrollado precisamente para generar cartografía oficial y datos abiertos que contribuyan al diseño de políticas públicas y planes de prevención.
El proyecto municipal plantea sumar a ese esquema una instancia comunitaria destinada a recopilar testimonios y documentación que, según sus fundamentos, hoy se encuentran dispersos o no quedan incorporados a un registro local.
El alcance concreto de esa herramienta dependerá de cómo se instrumente, qué recursos se le asignen y cómo se articule con los organismos municipales, provinciales y judiciales que ya tienen competencias en materia de incendios.
Además de definir la integración correcta del comité, el proyecto debería precisar en su implementación aspectos vinculados con recursos, funcionamiento del canal reservado y mecanismos de coordinación institucional.
La propia propuesta establece que el Departamento Ejecutivo podrá asignar recursos humanos y materiales para su funcionamiento y prever la correspondiente partida presupuestaria.
Por ahora, se trata de un proyecto de ordenanza y no de una norma municipal vigente. La propuesta busca instalar un mecanismo permanente de seguimiento y prevención, pero su funcionamiento efectivo dependerá de su tratamiento legislativo y de las condiciones que finalmente se establezcan.
La discusión de fondo excede la creación de un nuevo organismo: se trata de determinar cómo una comunidad que ha atravesado incendios de gran magnitud puede mejorar la prevención, preservar información sobre lo ocurrido y fortalecer la articulación entre vecinos, instituciones y autoridades.
Por Redacción Ecovida Ambiente — Periodismo Ambiental desde el Fin del Mundo
