ecovida ambiente
Mientras la inteligencia artificial avanza a una velocidad sin precedentes, en Argentina crece un debate que trasciende la innovación tecnológica y pone el foco en un recurso cada vez más escaso: el agua.
Organizaciones ambientales, jurídicas, tecnológicas y de derechos humanos emitieron un nuevo comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por el avance parlamentario del denominado Súper RIGI, un proyecto que, según sostienen, podría facilitar la instalación de grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial bajo un régimen especial con amplios beneficios fiscales y regulatorios.
El eje de la discusión ya no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por una pregunta cada vez más urgente: ¿qué costo ambiental tendría convertir a la Argentina en un polo regional para la infraestructura de inteligencia artificial?
Cuando una persona utiliza un asistente virtual, genera imágenes con IA o realiza una búsqueda, el proceso parece completamente digital.
Sin embargo, detrás de cada consulta funcionan miles de servidores alojados en enormes data centers, instalaciones que operan las 24 horas del día y producen grandes cantidades de calor.
Para evitar el sobrecalentamiento, estos centros necesitan sistemas de refrigeración que demandan enormes volúmenes de agua y energía.
En otras palabras, la inteligencia artificial no solo consume electricidad: también depende de recursos naturales estratégicos para funcionar.
Ese es uno de los principales puntos de alerta planteados por las organizaciones de la sociedad civil.
Según el comunicado, el proyecto garantizaría la operación continuada de grandes complejos tecnológicos durante tres décadas.
Las organizaciones sostienen que ello podría obligar al Estado a priorizar el abastecimiento de agua y energía para estos emprendimientos, incluso en regiones donde ya existen problemas de disponibilidad hídrica o ecosistemas sensibles.
En un contexto de cambio climático, sequías más frecuentes y creciente demanda de recursos, el debate incorpora una dimensión ambiental que comienza a ocupar un lugar central.
El denominado Súper RIGI propone un esquema de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala vinculadas a nuevas industrias, entre ellas la infraestructura para inteligencia artificial.
Las organizaciones cuestionan que el proyecto combine beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y mecanismos de arbitraje internacional durante un período de hasta 30 años, limitando —según su interpretación— la capacidad futura del Estado para modificar las condiciones del régimen.
El comunicado advierte que los grandes centros de cómputo podrían instalarse en territorios donde el agua constituye un recurso estratégico para las comunidades y la biodiversidad.
Los firmantes consideran que la expansión de este tipo de infraestructura debería contemplar evaluaciones ambientales rigurosas, planificación territorial y mecanismos de control capaces de proteger los ecosistemas frente al incremento de la demanda energética e hídrica.
Otro de los aspectos señalados por las organizaciones es la posible articulación entre el Súper RIGI y una reforma de la Ley General de Sociedades que impulsa la creación de entidades operadas por inteligencia artificial.
Según el documento, este escenario abriría un debate inédito sobre quién respondería jurídicamente frente a eventuales daños civiles, ambientales o económicos derivados de sistemas automatizados.
La discusión sobre inteligencia artificial ya no se limita al desarrollo de nuevos algoritmos.
Hoy también involucra cuestiones vinculadas con:
Cada nuevo centro de datos implica infraestructura física, demanda energética y planificación territorial.
Por eso, distintos países analizan cómo equilibrar el crecimiento tecnológico con la protección ambiental y la seguridad de recursos estratégicos.
La inteligencia artificial promete transformar la economía, la ciencia y la industria.
Sin embargo, también plantea preguntas que hace pocos años parecían impensadas.
¿Cómo garantizar inversiones sin afectar el acceso al agua?
¿Cómo impulsar la innovación respetando los ecosistemas?
¿Cómo construir un marco regulatorio que acompañe el desarrollo tecnológico sin resignar herramientas de control ambiental?
El debate sobre el Súper RIGI pone estas preguntas en el centro de la agenda pública.
Mientras el Congreso continúa analizando el proyecto, organizaciones de la sociedad civil reclaman que cualquier política destinada a impulsar la economía digital contemple también la protección de los recursos naturales, la transparencia institucional y el interés público.
Porque en la era de la inteligencia artificial, la verdadera infraestructura estratégica no son solamente los servidores: también son el agua, la energía y los ecosistemas que hacen posible su funcionamiento.
