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El avance parlamentario del denominado "Súper RIGI", el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias impulsado por el Gobierno nacional, encendió una fuerte señal de alerta entre organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho, ambiente y tecnología.
En un briefing conjunto difundido tras el dictamen favorable obtenido en comisiones de la Cámara de Diputados, referentes de distintos sectores sostienen que el proyecto podría tener consecuencias de largo alcance sobre la protección ambiental, la soberanía tecnológica y la capacidad futura del Estado para regular el desarrollo de la inteligencia artificial.
El proyecto propone un régimen especial destinado a atraer inversiones de gran escala, especialmente vinculadas a infraestructura tecnológica e inteligencia artificial.
Según el documento elaborado por organizaciones civiles, el esquema contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de mecanismos de estabilidad jurídica y acceso al arbitraje internacional para los inversores. Los críticos sostienen que estas condiciones podrían limitar la capacidad del Estado para modificar las reglas en función de nuevas necesidades económicas, sociales o ambientales.
Aunque muchas personas imaginan la inteligencia artificial como una tecnología "virtual", su funcionamiento depende de gigantescos centros de datos que requieren cantidades crecientes de electricidad y agua para refrigerar miles de servidores que operan las 24 horas del día.
El briefing advierte que una expansión acelerada de este tipo de infraestructura podría ejercer presión sobre ecosistemas sensibles y zonas con estrés hídrico si no existen evaluaciones ambientales adecuadas y mecanismos de protección de los recursos naturales.
Entre las entidades que expresaron preocupación se encuentran organizaciones ambientales, de derechos humanos y jurídicas que cuestionan la ausencia de mayores exigencias ambientales, científicas y de desarrollo tecnológico local.
El documento sostiene que el régimen prioriza la llegada de inversiones sin establecer compromisos suficientes en materia de empleo, transferencia tecnológica, protección ambiental o fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales.
Uno de los conceptos centrales del informe es el de "impunidad artificial", utilizado por las organizaciones para describir un escenario hipotético en el que grandes inversiones tecnológicas se combinarían con nuevas figuras societarias automatizadas y amplios beneficios regulatorios.
De acuerdo con el briefing, la preocupación radica en quién asumiría responsabilidades legales si sistemas de inteligencia artificial tomaran decisiones que ocasionaran daños o conflictos, en un contexto donde las futuras regulaciones podrían enfrentar limitaciones jurídicas.
Las organizaciones recuerdan que la discusión sobre inteligencia artificial y regulación no ocurre únicamente en Argentina.
El documento menciona que el intercambio público entre el presidente Javier Milei, el historiador Yuval Noah Harari y el CEO de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, proyectó el debate argentino al escenario internacional, en momentos en que distintos países discuten cómo regular el desarrollo de estas tecnologías.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el avance de la inteligencia artificial plantea una pregunta de fondo: ¿cómo atraer inversiones tecnológicas sin comprometer recursos estratégicos como el agua, la energía, la biodiversidad o la capacidad futura del Estado para establecer nuevas reglas?
Especialistas coinciden en que el crecimiento de la economía digital requiere infraestructuras cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible incorporar evaluaciones ambientales, planificación territorial y mecanismos de transparencia que acompañen el desarrollo tecnológico.
El proyecto del Súper RIGI continúa su recorrido legislativo y promete convertirse en uno de los debates más relevantes del año.
Mientras el Gobierno sostiene que el régimen busca atraer inversiones estratégicas para posicionar a Argentina como un actor clave en la economía de la inteligencia artificial, organizaciones ambientales, jurídicas y de derechos humanos reclaman una discusión más amplia sobre sus posibles impactos sociales, ambientales y económicos.
La decisión que adopte el Congreso no solo influirá sobre el modelo de inversiones del país, sino también sobre la forma en que Argentina enfrentará uno de los mayores desafíos del siglo XXI: combinar innovación tecnológica, desarrollo económico y protección de los bienes comunes.
