El INTA y el Gobierno provincial impulsan el Plan Forrajero junto al sector ganadero para potenciar los sistemas productivos y pastizales en la región.
Un equipo de especialistas en derecho ambiental y penal se reunió en la Universidad Iberoamericana de México para avanzar en la redacción de una Ley Modelo de Ecocidio para América Latina. El abogado argentino Rafael Colombo fue seleccionado junto a otros 30 juristas de la región para participar en la elaboración de la propuesta, que busca fortalecer los mecanismos jurídicos frente a los daños ambientales masivos.
Ante el inicio de la temporada de alta peligrosidad de incendios forestales, la legisladora del Partido Verde solicitó información sobre el estado de reglamentación, implementación y avance de normas vinculadas al Cambio Climático, el Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Provinciales, el financiamiento de las Áreas Naturales Protegidas y la Reserva Hídrica Provincial Vinciguerra y Valle del Arroyo Chico.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) amplió su presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Cuestionan la falta de evaluación ambiental integral, la exclusión de las provincias y el avance de obras sobre el río Paraná sin licencias técnicas legítimas.
la fuerte expansión económica de la pesca nacional avanza a un ritmo que el Estado no logra auditar. En un escenario de facturación récord, la presencia de fiscalizadores en los barcos disminuyó un cuarto respecto a 2023, consolidando un margen de descontrol donde el 85% de las embarcaciones opera sin supervisión física a bordo.
El pedido surge luego de que el Gobierno provincial informara que equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto para realizar tareas de fiscalización vinculadas con la gestión ambiental, los residuos y los recursos hídricos, sin poder concretar las inspecciones.
Se puso en marcha la campaña científica 2026 para relevar la abundancia y reproducción de la especie, un estudio clave para mantener la certificación internacional de pesca responsable.
El Foro de Cooperación AcBio en Ushuaia reúne a gobiernos y entidades locales para debatir el financiamiento de la naturaleza y la gestión de ecosistemas.
La Municipalidad de Ushuaia y el ICPA-UNTDF desarrollaron una capacitación sobre algas, hongos y líquenes presentes en áreas recreativas de la ciudad, con instancias teóricas y prácticas de laboratorio.
El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM La Plata. Ordenó a las empresas Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o ejecutar las obras de explotación petrolera del proyecto llamado “León Marino” y revelar la estructura técnica, societaria y financiera que sostiene el proyecto.
Alcanzarán unas 127 hectáreas distribuidas en reservas y áreas naturales protegidas de la provincia. Esta acción forma parte del Plan Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en las temporadas 2014-2015 de Chubut.
El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde exigen que la Comisión que preside el diputado César Treffinger trate el proyecto de registro público de embarcaciones pesqueras.
Representantes del municipio capitalino expusieron la necesidad de recategorizar cuatro sectores específicos del ejido urbano: La Pradera, Walsh, Barrancas del Pipo y Malvinas.
A 220 kilómetros de las islas, dos empresas extranjeras avanzan con perforaciones sobre la plataforma continental argentina sin haber pisado una oficina pública en Buenos Aires. Una demanda judicial busca detenerlas antes de que el primer pozo llegue al fondo del mar.
Bajo las frías aguas del Canal Beagle existe un mundo de especies, bosques submarinos y complejas redes ecológicas que la ciencia estudia desde hace décadas. Pero una pregunta permanece abierta: ¿cuánto de esta biodiversidad conocemos realmente?
Más de mil académicos, científicos e investigadores cuestionaron el proyecto que avanza en el Senado. Advierten sobre beneficios excepcionales para grandes inversiones tecnológicas, el uso de recursos naturales, la pérdida de capacidad regulatoria y el futuro de la soberanía tecnológica argentina.
Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de "dos llaves de la misma cerradura" que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.