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La Legislatura de Tierra del Fuego debía debatir este jueves el proyecto vinculado a la actividad de salmoneras, una discusión altamente sensible para la provincia y con impacto nacional. Sin embargo, la sesión fue suspendida de manera abrupta. Aunque la explicación oficial habló de “conflictos gremiales”, las tensiones políticas dentro del oficialismo terminaron siendo el verdadero motivo que frenó el debate.
Desde el inicio de la jornada, en los pasillos legislativos se señalaba que la causa real de la suspensión no tenía que ver con lo gremial, sino con un actor clave: el legislador Federico Sciurano.
El Partido Justicialista (PJ) había sido contundente en su postura:
Hasta ese momento, tres integrantes de FORJA —Miriam Martínez, Federico Greve y Gisela Dos Santos— habían confirmado sus votos afirmativos. Pero el equilibrio se rompió cuando Sciurano comunicó su decisión de no acompañar el proyecto.
La negativa del legislador no solo quebró la condición exigida por el PJ, sino que abrió una grieta dentro del propio oficialismo. Según fuentes legislativas, Sciurano no estaba dispuesto a asumir el costo político de apoyar la ley, pero tampoco quería cargar con las consecuencias de un eventual rechazo del PJ.
Esa ambigüedad generó un fuerte malestar y reavivó tensiones que arrastran desde la derrota electoral del 26 de octubre. La relación entre los sectores encabezados por Gustavo Melella y Walter Vuoto —ya deteriorada— volvió al centro de la escena.
Ante un escenario sin acuerdo y sin votos garantizados, la conducción legislativa eligió el camino más ordenado:
suspender la sesión mediante la excusa del conflicto sindical.
La explicación sirvió para contener momentáneamente la crisis, pero dentro del recinto todos sabían que la discusión había explotado por motivos estrictamente políticos. La decisión de Sciurano desarmó la arquitectura que el oficialismo había intentado construir hasta último momento.
Mientras el oficialismo y el PJ medían costos políticos, los legisladores de La Libertad Avanza siguieron la secuencia sin intervenir en la disputa. Su rol fue estrictamente observador, atentos al impacto que esta fractura podría tener en futuros debates legislativos.
La suspensión de la sesión no resolvió el conflicto: solo lo postergó.
El debate sobre las salmoneras —una actividad rechazada por amplios sectores ambientales y sociales— seguirá en agenda, pero ahora atravesado por una interna que expuso diferencias profundas dentro del bloque oficialista.
Lo que ocurra en la próxima convocatoria legislativa será clave para saber si el Gobierno logra recomponer la unidad o si la fractura marcará el rumbo político de los próximos meses.
