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Por Círculo de Políticas Ambientales (CPA) · y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) ·
Mientras la pesca argentina exportó USD 2.010 millones en 2025, su segundo mejor año histórico, y registró en 2026 el mayor volumen de desembarques de la última década, el control del Estado sobre lo que ocurre en el mar se redujo de forma sostenida. Así lo documenta "El mar como caja negra. La brecha entre la expansión de la pesca y la fiscalización estatal", el nuevo informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) elaborado a partir de datos oficiales de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
Según el informe, la cobertura de inspectores embarcados, la principal herramienta física de verificación de lo que ocurre durante las capturas, cayó del 20% de las mareas en 2023 al 15% en 2025, y se mantuvo en ese nivel durante el primer semestre de 2026. Hoy el país cuenta con apenas 64 inspectores embarcados para más de 7.400 mareas (viajes de pesca): cada inspector debe cubrir 116 viajes de pesca, más del doble que en 2021.
La situación es más grave en las pesquerías de mayor peso económico. El calamar Illex, que en 2025 fue el primer producto pesquero exportado en volumen, contó con apenas el 9 % de sus viajes de pesca con inspector a bordo: más de 9 de cada 10 mareas zarparon sin control físico. El langostino y la merluza hubbsi (de gran valor comercial) rondan el 20%. En contraste, pesquerías de bajo volumen como la merluza negra o la centolla tienen una cobertura cercana al 100%.
“Tampoco se cumple la obligación legal: la normativa exige inspector en todos los buques de 33 metros de eslora o más, pero entre 2023 y 2026 nunca se superó el 56%: prácticamente 1 de cada 2 buques de gran porte zarpó sin inspector pese al mandato normativo” Señaló Consuelo Bilbao, Directora Política del CPA.
A esto se suma que en Argentina nunca funcionó el sistema electrónico de cámaras a bordo (SICON), establecido en el año 2010 mediante regulación de la autoridad pesquera. Sin inspector, y con una presencia de observadores científicos, igualmente escasea la información sobre qué se captura, dónde, con qué artes y en qué cantidades, son las declaraciones juradas de las propias empresas.
"Mientras el sector pesquero exporta más que nunca, el Estado controla cada vez menos. Y lo que no se controla tampoco se transparenta: Argentina es el único país de la región con una flota pesquera significativa que no publica quién pesca en su mar", señaló Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde “El mar y sus recursos marinos son patrimonio de todos los argentinos. Controlar quién los extrae, cuánto y cómo no debería ser opcional".
El informe advierte además que la autoridad pesquera modificó sin aviso los criterios de registro de sus propios datos, lo que impide reconstruir series históricas y auditar la evolución del control. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación ya habían señalado el déficit crónico de fiscalización en informes anteriores.
Para revertir esta tendencia, CPA y SANHV propone aumentar la fiscalización a bordo en proporción al crecimiento de las operaciones de pesca; asignarlos según el volumen y el riesgo de cada pesquería, en lugar de un sorteo aleatorio; y abrir los datos sobre la flota pesquera y sus permisos, para que la sociedad civil, la academia y la prensa puedan ejercer un monitoreo independiente sobre la actividad pesquera.
“Nuestro informe documenta un déficit de control físico que convive con un monopolio estatal de la información pesquera: datos básicos sobre la flota y los permisos otorgados no son de acceso público, lo que dificulta el control de la actividad y limita la capacidad de la ciudadanía para verificar quién explota los recursos pesqueros del país, qué derechos le fueron otorgados y si opera de acuerdo con las condiciones establecidas. El recurso pesquero es un bien de dominio público — su información también debería serlo”. expresó Bilbao.
