Denuncian penalmente las irregularidades en la licitación de la "hidrovía" y exigen la suspensión del procedimiento

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) formalizó una nueva ampliación de su denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (dependiente del Ministerio de Economía). El reclamo apunta a frenar el proceso de licitación de la mal llamada Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, recientemente adjudicada a la empresa Jan de Nul.

Desde la organización advierten que el Gobierno Nacional avanza con decisiones que alterarán de forma permanente el ecosistema fluvial, omitiendo los estudios de impacto ambiental y violando normativas nacionales fundamentales.

Salud ambiental y turismo

Claves del conflicto ambiental y judicial

• Falta de estudios previos: El proceso de licitación se lleva a cabo sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en su versión tradicional ni con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) adecuada para una obra de esta magnitud.

• Audiencia pública cuestionada: La AAdeAA reiteró el repudio a la audiencia realizada el 3 de noviembre de 2025, donde más del 90% de los expositores rechazó el proyecto. Alrededor del 60% de las advertencias se centraron en el grave riesgo para el acceso al agua potable.

• Impacto en humedales y áreas protegidas: Se denuncia la exclusión de la Administración de Parques Nacionales y la afectación directa a zonas clave como los parques nacionales Pre Delta (Entre Ríos) e Islas del Delta (Santa Fe), además de ignorar el estatus de Sitio Ramsar de la región.

Delitos denunciados e incumplimiento legal

La presentación judicial sostiene que las acciones de los funcionarios no constituyen meras irregularidades administrativas, sino que configuran probables delitos penales:

• Falsedad ideológica de instrumento público (Artículos 293 y 294 del Código Penal).

• Violación de los deberes de funcionario público (Artículo 248 del Código Penal) al impulsar una megaobra carente de base técnica y legal.

Asimismo, la organización ambientalista recordó que se está vulnerando la Ley General del Ambiente (N° 25.675), la cual exige una gestión integrada de cuencas y prioriza el principio de prevención para evitar daños ecológicos irreversibles.

La nueva resolución y el pedido a la Justicia

El conflicto sumó un nuevo capítulo con el dictado de la Resolución 57/2026 de la ANPyN, la cual convoca a un proceso participativo para definir la normativa ambiental del dragado en el marco de una licitación que ya fue adjudicada. Para la AAdeAA, esta medida solo ratifica la concentración de poder y la exclusión de las atribuciones constitucionales de las provincias ribereñas.

Ante este escenario, la querella solicitó formalmente que se formule un requerimiento de instrucción penal ante el juez competente para lograr la suspensión inmediata del procedimiento licitatorio.

Nota basada en el comunicado oficial de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).