ecovida ambiente
Una acción judicial presentada esta semana ante el Juzgado Federal de Río Grande busca paralizar el proyecto petrolero Sea Lion —rebautizado "León Marino" en el expediente—, que las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum Development (Israel) impulsan sobre la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La presentación combina dos organizaciones con historias distintas: la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), especializada en litigio ambiental, y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), fundado en 1982 por ex soldados conscriptos.
La demanda plantea dos ejes que, según sus propios promotores, no pueden separarse en este caso: el riesgo ambiental sobre el Mar Argentino y la disputa de soberanía sobre las islas, todavía abierta ante Naciones Unidas.
El yacimiento se ubica en los bloques PL032 y PL004b de la plataforma continental argentina, según la propia identificación de las empresas. Navitas —que informó estos datos públicamente— divide el desarrollo en dos fases con 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas, junto con cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La primera fase contempla 11 pozos y la segunda, 12 más. La empresa proyecta comenzar la producción en 2028 y sostenerla durante más de 30 años. En paralelo, el centro logístico del proyecto se instalaría en Puerto Argentino (Stanley), con ampliación portuaria, depósitos, viviendas y plantas para combustibles, químicos y lodos de perforación.
Según reconstruye la propia demanda a partir de información pública de las compañías, durante 2026 ya comenzaron las obras del muelle y la base terrestre, además de la fabricación de equipos y la adaptación de la unidad flotante. La perforación está prevista para comienzos de 2027, y la primera extracción de petróleo, para el primer semestre de 2028. Rockhopper confirmó públicamente el inicio de estos trabajos.
El argumento jurídico más concreto de la presentación se apoya en pedidos de acceso a la información pública que AAdeAA realizó en enero de 2026 ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Según las respuestas oficiales citadas en la demanda, Rockhopper y Navitas no realizaron las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ante el Estado argentino, ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Es un punto que la propia legislación ambiental argentina exige como paso previo a cualquier proyecto de esta escala, porque permite conocer riesgos, exigir estudios independientes, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana. Nada de eso ocurrió ante las autoridades del país, según sostiene la presentación judicial.
La demanda recuerda que Rockhopper fue declarada clandestina en Argentina en 2012 e inhabilitada para operar en el país durante 20 años, y que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina había rechazado formalmente la inversión anunciada por ambas compañías, por carecer de autorización y por considerarla contraria a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
Hasta el momento de esta publicación no se conocen declaraciones públicas de Rockhopper ni de Navitas sobre la demanda judicial en sí; ambas empresas operan bajo licencias otorgadas por la administración de las islas, cuya validez es precisamente uno de los puntos centrales que la presentación judicial cuestiona.
La estrategia jurídica de AAdeAA y el CECIM apunta a algo poco frecuente: sostener que la afectación ambiental y la afectación soberana son, en este caso, un daño único. La demanda se apoya en la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional argentina, que ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, y en un antecedente judicial previo del CECIM —vinculado a la Ley de Tierras— donde la Justicia Federal reconoció la soberanía nacional como un bien colectivo e indivisible.
Conviene señalar el contexto internacional de este reclamo: la soberanía sobre las Malvinas es una disputa abierta entre Argentina y el Reino Unido, que administra las islas y también reclama soberanía sobre ellas. La Resolución 2065 de la ONU (1965) reconoció la existencia de esa controversia e instó a la negociación bilateral, mientras que la Resolución 31/49 (1976) pidió a ambos países abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa siga sin resolverse, un antecedente que la demanda invoca como fundamento central contra el proyecto petrolero.
Más allá del debate soberano, la demanda documenta un impacto ecológico concreto. El proyecto se ubica sobre dos ecorregiones reconocidas por Argentina —Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur—, cuya área de influencia mantiene además conexión ecológica con la Antártida. Según la presentación, en esas aguas viven, se reproducen o se alimentan cerca de 300 especies de peces, junto con ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.
Las obras previstas —perforaciones, movimiento del lecho marino, tránsito de embarcaciones, ruido submarino, uso de químicos y riesgo de derrames— podrían, según la demanda, extender sus efectos sobre zonas de alimentación, reproducción y migración que conectan el Mar Argentino con las islas del Atlántico Sur y la Antártida. A esto se suman los impactos terrestres previstos en Puerto Argentino: ampliación portuaria, almacenamiento de combustibles y generación de residuos.
La medida cautelar solicitada incluye:
La presentación no es el primer round de AAdeAA contra la frontera petrolera offshore. En 2022, la organización —junto con asambleas y otras entidades— impulsó una acción judicial contra la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, que derivó en una medida cautelar y sentó un precedente sobre impactos ambientales acumulativos. Esa experiencia es, según los propios demandantes, la que ahora converge con la trayectoria de derechos humanos y memoria del CECIM en torno a Malvinas.
La demanda plantea una hipótesis poco habitual en el derecho ambiental: que un proyecto extractivo sobre un territorio en disputa constituye, a la vez, un daño ecológico y una afectación a la soberanía nacional, y que ambos bienes deben protegerse con la misma urgencia preventiva. Es una lectura que todavía debe pasar el filtro de la Justicia Federal, y que se inscribe en una disputa internacional que lleva más de medio siglo sin resolverse por la vía diplomática. Mientras tanto, el cronograma de las empresas no se detiene: la perforación está anunciada para comienzos de 2027, apenas unos meses después de esta presentación judicial.
Por Redacción: Ecovida Ambiente. Periodismo Ambiental desde el Fin del Mundo
