ecovida ambienteEl acuerdo entre Tierra del Fuego y Wanchese Cooke reabre el debate sobre la acuicultura, la nueva Ley 1601 y los desafíos ambientales del Atlántico Sur.
Por Redacción Ecovida Ambiente
El debate sobre el futuro de la acuicultura en Tierra del Fuego volvió a instalarse en el centro de la agenda pública. La firma de una carta de intención entre el Gobierno provincial y la corporación internacional Wanchese Cooke marca el inicio de una etapa de evaluación de inversiones y relevamiento de infraestructura para el desarrollo de proyectos acuícolas.
Desde el Ejecutivo, la iniciativa es presentada como una oportunidad para diversificar la matriz productiva, incorporar tecnología y generar nuevas fuentes de empleo. Sin embargo, la ausencia de información pública sobre los alcances del acuerdo y el reciente cambio del marco normativo provincial despertaron interrogantes entre investigadores, organizaciones socioambientales y distintos sectores de la sociedad fueguina.
Más allá del anuncio oficial, la discusión trasciende el plano económico y plantea una pregunta de fondo: ¿puede desarrollarse una acuicultura industrial compatible con la conservación de los ecosistemas australes?
La carta de intención fue suscripta en una reunión encabezada por el gobernador Gustavo Melella, junto a funcionarios provinciales y representantes de la empresa.
Según la información oficial, el objetivo es analizar oportunidades de inversión, evaluar infraestructura disponible y promover el intercambio tecnológico para fortalecer la producción acuícola en la provincia.
No obstante, hasta el momento no se difundieron públicamente aspectos centrales como:
las especies que podrían cultivarse;
las zonas bajo análisis;
las tecnologías previstas;
los plazos del proyecto;
ni los criterios ambientales que orientarían una eventual autorización.
La falta de estos elementos limita el debate público sobre una actividad que podría tener implicancias ambientales de largo plazo.
Uno de los puntos centrales del debate está vinculado con la Ley Provincial N.º 1601, sancionada a fines de 2025 y reglamentada en abril de 2026.
La norma reemplazó el texto original de la Ley 1355, aprobada en 2021, que prohibía la salmonicultura en aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego.
La nueva legislación mantiene expresamente la prohibición para el Canal Beagle, considerado uno de los ecosistemas marinos más frágiles del país.
Sin embargo, al modificar el alcance territorial de la normativa anterior, habilita la posibilidad de evaluar proyectos acuícolas en otras áreas de jurisdicción provincial, siempre bajo las condiciones establecidas por la nueva legislación y su reglamentación.
Este cambio representa uno de los principales ejes de discusión entre quienes consideran que la provincia busca diversificar su economía y quienes sostienen que la reforma reduce el alcance de la protección ambiental vigente hasta 2025.
La acuicultura constituye una actividad con fuerte crecimiento a nivel mundial. No obstante, su impacto ambiental depende de múltiples factores, entre ellos la especie cultivada, la tecnología utilizada, la escala de producción y la capacidad de control estatal.
Especialistas advierten que los proyectos intensivos pueden generar distintos efectos ambientales si no cuentan con monitoreo permanente.
Entre las principales preocupaciones aparecen:
La instalación de infraestructura flotante o terrestre puede modificar ambientes sensibles si no existe una adecuada planificación ambiental.
Una elevada concentración de peces puede incrementar la acumulación de residuos orgánicos en el fondo marino y alterar procesos ecológicos locales.
Dependiendo del sistema productivo y de las especies cultivadas, algunos modelos acuícolas requieren tratamientos sanitarios cuyo manejo demanda estrictos controles ambientales.
La experiencia internacional muestra que el escape accidental de especies cultivadas constituye uno de los principales desafíos para la conservación de ecosistemas nativos.
Diversas organizaciones ambientales sostienen que la discusión pública requiere mayor acceso a la información técnica.
Entre los aspectos que consideran prioritarios figuran:
estudios preliminares;
criterios para seleccionar áreas aptas;
líneas de base ambientales;
mecanismos de monitoreo independiente;
procedimientos de participación ciudadana.
La disponibilidad de estos datos resulta clave para evaluar los beneficios y riesgos potenciales de cualquier emprendimiento antes de su aprobación.
La reglamentación de la Ley 1601 establece la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para los proyectos que eventualmente se desarrollen.
Sin embargo, distintos especialistas plantean interrogantes sobre la oportunidad y el alcance de estos instrumentos.
Uno de los principales debates consiste en determinar si las evaluaciones ambientales deben realizarse antes de definir las zonas de desarrollo o una vez que las áreas productivas ya fueron identificadas.
La diferencia no es menor: mientras un enfoque preventivo prioriza el principio de precaución, otro modelo concentra el análisis una vez avanzado el proceso de planificación.
Otro aspecto que genera atención es el eventual uso de agua dulce para sistemas acuícolas terrestres de recirculación (RAS).
Aunque la legislación mantiene la prioridad del abastecimiento para consumo humano, investigadores advierten que cualquier desarrollo industrial requerirá estudios hidrológicos específicos para garantizar que no existan impactos acumulativos sobre lagos, ríos y cuencas del norte de Tierra del Fuego.
El Gobierno provincial sostiene que la acuicultura puede transformarse en una nueva herramienta para diversificar la economía fueguina, incorporar innovación tecnológica y generar empleo.
En sentido contrario, organizaciones ambientales recuerdan que Tierra del Fuego se convirtió en una referencia internacional por haber sancionado en 2021 una de las legislaciones más restrictivas del mundo frente a la salmonicultura industrial.
La discusión actual ya no gira únicamente alrededor de una empresa o de una inversión puntual.
El verdadero debate consiste en definir qué modelo de desarrollo pretende construir la provincia y bajo qué condiciones ambientales, científicas e institucionales se evaluarán futuras iniciativas productivas.
Porque cuando están en juego ecosistemas únicos como los del Atlántico Sur y el Canal Beagle, la transparencia, la evidencia científica y la participación ciudadana dejan de ser requisitos administrativos para convertirse en condiciones indispensables de cualquier política pública.
