ecovida ambientePor Redacción ecovida ambiente
Entre 2023 y 2025, la política de caza deportiva en la provincia de Entre Ríos se reconfiguró por vía judicial. El cambio central no fue técnico ni planificado: el listado de especies habilitadas para la caza de patos se redujo de ocho a tres o cuatro como resultado de medidas cautelares impulsadas por organizaciones ambientales.
El conflicto expone una falla estructural: la distancia entre la normativa que exige sustentabilidad en el uso de la fauna silvestre y la falta de datos públicos que permitan demostrarla.
Las presentaciones de CEYDAS y el Foro Ecologista de Paraná activaron fallos que limitaron la cantidad de especies habilitadas.
Entre las especies cuestionadas aparecen el pato de collar y el pato maicero, sin información pública suficiente sobre abundancia o tendencia poblacional.
El eje judicial es directo:
sin monitoreo poblacional, no es posible establecer cupos sustentables.
Esto deja a la política de caza sin respaldo científico verificable y habilita la intervención de tribunales.
Las especies en discusión son nativas. No se trata de fauna introducida ni considerada plaga. Este dato redefine el marco legal.
si no hay estudios integrales, no se puede demostrar que la caza no afecta a las poblaciones. En ese escenario, habilitarla puede entrar en conflicto con garantías constitucionales de protección ambiental.
La caza de aves en Entre Ríos no está distribuida de forma homogénea. Se concentra en zonas específicas y bajo un esquema de gestión privada.
El acceso a la caza se organiza a través de establecimientos privados que operan como nodos de un circuito económico más amplio:
El modelo está orientado, en gran parte, a cazadores externos —especialmente internacionales— con paquetes cerrados.
Las organizaciones cuestionan un punto estructural:
la explotación de un recurso público (fauna silvestre) dentro de circuitos privados con acceso restringido.
La actividad se organiza sobre tres grandes corredores ecológicos:
no existe un registro público completo y georreferenciado de cotos habilitados.
El sistema funciona como una cadena económica organizada:
Magnitud económica
La Resolución 0714 habilitó la temporada vigente, pero el conflicto continúa.
El cruce entre turismo cinegético y ecología de humedales define el problema operativo.
Resultado: extracción concentrada en pocos días, repetida a lo largo de la temporada.
No existen datos públicos integrales sobre:
Sin esa base, no se puede calcular una tasa de caza sostenible.
Santa Fe
Uruguay
Entre Ríos
Conclusión comparativa:
la demanda internacional se desplaza según el nivel de restricción. La presión no desaparece: cambia de territorio.
Sin datos no hay sustentabilidad: el núcleo del conflicto
La reducción de especies habilitadas no surgió de planificación estatal, sino de intervención judicial ante la falta de evidencia.
Un sistema que:
pero no puede demostrar su sustentabilidad con datos públicos verificables.
En ese vacío, la política se traslada a los tribunales. Y la gestión de la biodiversidad queda definida, cada vez más, por medidas cautelares en lugar de planificación científica.
