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Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó formalmente ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) una petición para que la Argentina avance en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, una herramienta clave para fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal.
La solicitud destaca que el acceso a esta información —incluyendo identificación de buques, permisos, titulares de licencias y antecedentes administrativos— constituye un derecho garantizado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a generar y publicar datos ambientales de manera proactiva.
“Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
Las organizaciones señalaron que la Argentina se encuentra rezagada frente a la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala y Panamá cuentan con sistemas abiertos donde es posible consultar embarcaciones, permisos, historial de licencias y sanciones.
“Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica estos datos. La resistencia a transparentar información básica coloca al país en una situación de excepcionalidad que debilita la gobernanza pesquera y la sostenibilidad de un recurso natural que es de todos”, advirtió Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.
Según el documento presentado, contar con un registro público permitiría: Optimizar la eficiencia administrativa y el control interjurisdiccional. Reducir riesgos de irregularidades y uso indebido de licencias. Facilitar el seguimiento ciudadano, académico y empresarial. Fortalecer la trazabilidad de la flota al conocer quienes pescan donde pescan y que permisos tienen, frente a crecientes exigencias internacionales para combatir la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada).
Las organizaciones solicitaron al CFP incorporar el tema en su orden del día y avanzar en la discusión para modernizar el acceso a la información del sector. “Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es: ¿qué se está ocultando? Abrir esta información no es una opción, es una obligación legal y una condición mínima para un sistema pesquero sano y confiable”, afirmó Bilbao.
