ecovida ambienteUn conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó formalmente ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) una petición para que la Argentina avance en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, una herramienta clave para fortalecer la transparencia, la sostenibilidad del sector y combatir la pesca ilegal.
La solicitud destaca que el acceso a esta información —incluyendo identificación de buques, permisos, titulares de licencias y antecedentes administrativos— constituye un derecho garantizado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a generar y publicar datos ambientales de manera proactiva.
“Pese a que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila estos datos tal como exige la Ley Federal de Pesca, hoy no existe un registro público, abierto y en línea. Esta ausencia limita el control del Estado, bloquea el escrutinio ciudadano y debilita la transparencia institucional y la rendición de cuentas, elementos esenciales para un sector exportador”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.
Las organizaciones señalaron que la Argentina se encuentra rezagada frente a la región: Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala y Panamá cuentan con sistemas abiertos donde es posible consultar embarcaciones, permisos, historial de licencias y sanciones.
“Argentina es el único país de la región con flota pesquera que no publica estos datos. La resistencia a transparentar información básica coloca al país en una situación de excepcionalidad que debilita la gobernanza pesquera y la sostenibilidad de un recurso natural que es de todos”, advirtió Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.
Según el documento presentado, contar con un registro público permitiría: Optimizar la eficiencia administrativa y el control interjurisdiccional. Reducir riesgos de irregularidades y uso indebido de licencias. Facilitar el seguimiento ciudadano, académico y empresarial. Fortalecer la trazabilidad de la flota al conocer quienes pescan donde pescan y que permisos tienen, frente a crecientes exigencias internacionales para combatir la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada).
Las organizaciones solicitaron al CFP incorporar el tema en su orden del día y avanzar en la discusión para modernizar el acceso a la información del sector. “Cuando un Estado se niega a publicar datos tan básicos como quiénes son los barcos que pescan en aguas nacionales, la pregunta inevitable es: ¿qué se está ocultando? Abrir esta información no es una opción, es una obligación legal y una condición mínima para un sistema pesquero sano y confiable”, afirmó Bilbao.
