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Las organizaciones, colectivos y comunidades que integran el movimiento No a las Salmoneras alertan a la sociedad fueguina sobre la crítica situación que atraviesa la Ley 1355, normativa que desde 2021 prohíbe la instalación de la industria salmonera en el archipiélago. En los últimos meses, sectores del Poder Ejecutivo provincial y nacional, junto con legisladores alineados a intereses empresariales, han impulsado acciones orientadas a modificar o vaciar de contenido una ley considerada un modelo de protección socioambiental a nivel internacional.
El 19 de noviembre de 2025, la Legislatura provincial intentó tratar el proyecto presentado por el Ejecutivo para modificar la Ley 1355 y habilitar la salmonicultura en Tierra del Fuego. Al no contar con los votos necesarios, la sesión fue suspendida, argumentando supuestos conflictos gremiales con APEL, desmentidos públicamente por representantes sindicales.
Lejos de abandonar la iniciativa, los legisladores convocaron una nueva sesión para el jueves 11 de diciembre de 2025, donde, si logran reunir los votos, podrían concretar la modificación de la normativa. Las organizaciones advierten que la situación es sumamente delicada y exige una respuesta inmediata de la ciudadanía.
El deterioro institucional que rodea este debate se hizo evidente desde el 8 de agosto de 2025, cuando una reunión de comisión celebrada en Río Grande con participación de organizaciones, pueblos originarios y ciudadanía fue interrumpida y pasada a cuarto intermedio por su presidenta, María Laura Colazo.
Sin embargo, una vez retirado el público y sin presencia de la presidenta ni de los miembros formales de la comisión, los legisladores Myriam Martínez (Forja), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista), Agustín Coto (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) emitieron un dictamen fraudulento, a espaldas de la ciudadanía, habilitando el tratamiento legislativo del proyecto para modificar la Ley 1355. Un hecho de extrema gravedad institucional.
Este accionar vulnera los principios de transparencia, participación ciudadana y respeto por los procesos legislativos establecidos.
Según denuncian las organizaciones, estas maniobras responden a presiones del presidente Javier Milei, quien impulsa la instalación de industrias altamente contaminantes en distintos territorios del país. En Tierra del Fuego, dichas presiones se canalizan a través del gobernador Gustavo Melella, la ministra de Producción y Ambiente Karina Fernández y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a cargo de Diego Marzioni, señalado por su rol en la avanzada pro-salmonera.
La posible modificación de la Ley 1355 dejaría en evidencia una preocupante pérdida de autonomía provincial y una subordinación a intereses corporativos vinculados a Rubén Cherñajovsky y la familia Caputo, actores empresariales con fuerte influencia en la región.
La instalación de salmoneras en Tierra del Fuego implicaría:
Además, la salmonicultura amenaza directamente a actividades económicas locales como la pesca artesanal y el turismo, pilares fundamentales de la economía fueguina.
Un ataque a la democracia: la Ley 1355 no ha perdido vigencia ni fundamentos
La Ley 1355 fue aprobada por unanimidad el 30 de junio de 2021, luego de tres años de participación activa de la ciudadanía, científicos, pescadores, pueblos originarios y organizaciones socioambientales.
Ninguno de sus fundamentos ha cambiado: los impactos de la salmonicultura siguen siendo los mismos, y la evidencia internacional los reafirma año tras año. Las organizaciones señalan que el único motivo para modificarla es satisfacer intereses económicos ajenos al bienestar de la comunidad.
Las organizaciones convocan a toda la comunidad fueguina a movilizarse este jueves 11 de diciembre de 2025, a las 11 horas, en:
La participación ciudadana es clave para frenar este retroceso socioambiental y defender una conquista colectiva que protege la integridad del archipiélago fueguino.
Por qué decimos NO — y por qué decimos SÍ
Las organizaciones reafirman:
NO a las salmoneras
Por el riesgo ecológico, energético, sanitario y laboral.
Por la vulneración de derechos ambientales y sociales.
Porque su instalación representa un nuevo extractivismo incompatible con la vida del territorio.
SÍ a:
El conocimiento ancestral Selk’nam y Yagán y a los derechos de la naturaleza.
La pesca artesanal y la soberanía alimentaria.
La integración con las luchas de Chile, hoy guía fundamental para comprender los riesgos.
El cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
