Violencia y Represion en Catamarca hacia Representantes de los Pueblos Originarios

La provincia de Catamarca, es escenario de un conflicto de larga data entre los pueblos originarios y las empresas mineras. Las comunidades indígenas denuncian desde hace décadas la contaminación ambiental, el despojo de sus territorios y la violación de sus derechos humanos por parte de las actividades extractivas.

A pesar de las resistencias, los proyectos megamineros avanzan en Catamarca, amparados por las políticas de los gobiernos provinciales y nacionales. En este contexto, la violencia y la represión hacia los pueblos originarios se han intensificado en los últimos años.

Desarrollo minero, las comunidades de Peñas Negras resisten

Hace unos meses, el Gobierno de Catamarca permitió a las empresas mineras trabajar en el territorio de las comunidades indígenas sin previo aviso ni consulta. Denuncian intimidaciones, usurpaciones y violencia.

Desde febrero de este año, en Belém,Catamarca, el gobierno provincial y el sistema judicial local han encontrado nuevas formas de pisotear los derechos establecidos y conquistados por las comunidades indígenas de Laguna Blanca,en particular la comunidad Peñas Negras, miembro de la Federación Nacional Diaguita de Belém. Sin la consulta previa que exige la ley, y sin aviso ni aprobación de las comunidades que viven y trabajan en la Puna catamarqueña, el gobernador peronista Raúl Jalil extendió permisos para"actividades prospectivas no invasivas" en el Departamento de Belém a las empresas Miralay y Elevado Gold.

 Don Sebastián Gutiérrez, cacique de la comunidad indígena Peñas Negras, acudió a los tribunales, apoyado po rotros caciques del pueblo diaguita de Belém, para exigir la suspensión de los permisos. Uno de los argumentos más fuertes de la comunidad es la falta de consulta previa, abierta y libre con las comunidades que viven y trabajan en las tierras que el proyecto minero quiere explotar. La justicia local, como de costumbre, se puso del lado de los más ricos y poderosos.

En un extenso memorando ministerial dirigido a Marcelo Murúa Palacio, Ministro de Minería de Catamarca, obtenido por Tramas, se advierte a la comunidad que el Ministerio está al tanto de la posición de las comunidades indígenas de la zona desde el 20 de marzo de 2021. En esa fecha, funcionarios estatales asistieron a una asamblea general de la Unión Indígena de Diagitas de Belém para buscar el reconocimiento social de estos proyectos mineros, pero recibieron como respuesta que“el extractivismo minero es incompatible con la cría de la hacienda y no se permiten actividades mineras en territorios indígenas”.

En la carta,denuncian a los empresarios Jorge Granillo y Bernardo Perizek, representantes de Elevado Gold SA, por presentarse en territorio comunitario de forma violenta y amenazadora sin permiso. La comunidad los declara impersonales, pero los industriales hacen caso omiso. Los acusan incluso de presentarse con permisos que deberían haber sido otorgados por los antiguos usurpadores de estas tierras, los terratenientes de Pachado, y de obligarlos a trabajar como mano de obra esclava y cometer violaciones masivas contra las mujeres de la comunidad.

En la última semana, la comunidad se ha visto azotada de nuevo por la violencia de la policía estatal, que ha repetido su práctica de detener a los jefes de la comunidad como forma de intimidar a otros residentes. Mientras la minería mueve millones de dólares,el gobierno se frota las manos con complicidad y las comunidades que viven de sus tierras ancestrales se organizan para resistir.