Estiman que la Argentina perdió más de US$4000 millones por no reconocer la propiedad intelectual en semillas

Durante su intervención en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, advirtió sobre la pérdida de “competitividad” en la Argentina debido a la ausencia de legislación que reconozca la propiedad intelectual en semillas. Según señaló, se perdió de facturar aproximadamente US$4000 millones desde 2000, consecuencia de la falta de avance genético, lo que posteriormente se reflejó en un rendimiento por hectárea inferior en comparación con los países vecinos.

 En este contexto, respaldó la posición del Gobierno de adherir al Convenio UPOV del 91, propuesta en la ley ómnibus. Esta postura recibió respaldo en la industria, donde,  sostuvo que la adhesión de la Argentina implicaría “un importante avance”.

“Hay cuestiones en las que la Argentina ha perdido competitividad y eso tiene que ver con la genética. Entonces estamos proponiendo hacer una adhesión a un acuerdo internacional, que es el UPOV del año 91, que nos permitiría recuperar buena parte del atraso que llevamos en estos términos”, sostuvo el funcionario.

 La UPOV del año 1991 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) hace referencia al Acta de la UPOV de 1991. Este acuerdo internacional establece estándares para la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas. La principal meta de la UPOV es impulsar la innovación en la obtención de nuevas variedades vegetales, brindando a los obtentores un marco legal que les asegure derechos exclusivos sobre sus variedades durante un período determinado.

Para ejemplificar, Vilella señaló que la Argentina, Brasil y EE.UU. tenían el mismo rendimiento por hectárea de soja a principios de este siglo, y hoy ese rendimiento en el país es entre 600 y 700 kilos menos por hectárea. “Esto significa que estamos perdiendo el equivalente a US$240 por hectárea. Cuando lo multiplicamos por los 16 millones de hectáreas, estamos hablando de miles de millones de dólares que se perdieron por no tener el mismo progreso genético que nuestros vecinos”, añadió.

Según aclaró, esos 240 dólares por hectárea perdidos se deben a “no haber pagado los seis a ocho dólares que hubiera costado el derecho de la semilla. En total, estamos hablando de US$4000 millones desde el año 2000, resultado de haber perdido entre 600 y 700 kilos respecto a Brasil y los Estados Unidos”.

 Esta situación se repite en muchos de los otros cultivos. “Cuando hablamos de economías regionales, los atrasos genéticos que tenemos en fruticultura, en legumbres y hortalizas son significativos, y estos instrumentos nos permitirían avanzar más rápidamente, sin afectar derechos adquiridos de parte de los productores que quieren hacer uso propio de las semillas”, explicó.

 En conclusión, Vilella sostuvo que consideran que este acuerdo “es sustantivo y sería muy oportuno poderlo firmar para de esta forma reducir brechas que son muy grandes”.

La respuesta del secretario de Agricultura fue a raíz de una intervención de la diputada Carolina Yutrovic (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) quien dijo que la aprobación del acuerdo ponía en riesgo la seguridad alimentaria y favorecía a las compañías multinacionales, entre otras críticas.

 Vilella, por otro lado, destacó que el UPOV 91 introduce el concepto de uso propio, el cual no estaba en la versión 78 de UPOV a la que la Argentina adhirió. Además, el funcionario argentino señaló que existe “cierto sesgo” al asociar la ley de semillas principalmente con cultivos como la soja.

No obstante, indicó que hay un rezago significativo en legumbres, frutales y cultivos industriales, siendo el INTA “la institución que más cultivares produce en la Argentina, uno de los más perjudicados”. Vilella destacó el error de mezclar este tema con los transgénicos, afirmando que “estamos hablando del germoplasma en un sentido amplio que involucra todas las tecnologías y los cultivos”. Así, concluyó diciendo a los legisladores: “Si queremos tener un sustento para uso propio, voten la adhesión al UPOV 91, con lo cual vamos a tener un sustento que lo va entrar como acuerdo internacional por arriba de cualquier normativa”.

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), y destacado fitomejorador de soja en la Argentina, expresó que la adhesión de la Argentina a este acuerdo es, además de un importante avance, “un aggiornamento a etapas más modernas en el mejoramiento genético”. Añadió: “Lo vemos como una propuesta para promover un debate respecto a una modernización en la propiedad intelectual y comercio de semillas, en el cual estamos atrasados″.

 Para el directivo, “va a atraer algunas inversiones nuevas en el mejoramiento genético”. No obstante, también reflexionó que “no es algo que cambie demasiado la situación actual en Argentina, donde hay menos inversión, atraso y menor ganancia genética”. Sin embargo, matizó: “Considero que es un mensaje importante desde el punto de vista de la investigación pública, como el INTA y las universidades, porque tiene un impacto significativo en una variedad de cultivos que son fundamentales para las economías regionales como la horticultura, la fruticultura y la forestación”.

Por otra parte, sostuvo que es fundamental para incentivar mayor inversión privada, que es la que predomina en los cultivos principales, como el caso del trigo y la soja. “Esperemos que esto genere un debate constructivo y que no nos dejemos llevar por ideas preconcebidas, sino que lo veamos como un paso adelante en este proceso de actualización hacia una legislación de propiedad intelectual más sólida, lo cual tendrá un impacto positivo en la producción”, dijo Rossi.

 “Para alcanzar las metas que nos hemos propuesto para Argentina, es necesario no solo expandir la superficie de manera sustentable, que siempre está limitada, sino también verticalizar la producción unitaria en muchos cultivos de autógamas y en muchas de las producciones . Debemos mejorar no solo en cantidad, sino también en calidad, una área en la que aún nos falta mucho en la Argentina”, agregó.

Asimismo, destacó que en esta legislación hay un mantenimiento de los derechos adquiridos por la legislación precedente y, por otro lado, destacó que dentro de los temas más técnicos en lo que respecta al derecho del fitomejorador se incluye la variedad esencialmente derivada, que es un tema que necesita reglamentarse.

 “Para los obtentores era un tema que se venía solicitando, que se incluyera en las propuestas de años anteriores. Significa que una nueva variedad o línea que utilice una línea o variedad precedente con propiedad lo va a poder seguir haciendo, pero lo que no puede hacer es capturar un nivel genético muy aproximado a la variedad original y solamente cambiar algún aspecto que muchas veces puede ser cosmético”, dijo.

Fuente: lanación.com.ar