COMARSA BAJO LA LUPA: ALLANAMIENTO EN LOS BASUREROS PETROLEROS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN

COMARSA BAJO LA LUPA: ALLANAMIENTO EN LOS BASUREROS PETROLEROS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN
 
La justicia avanza sobre la responsabilidad empresarial en la acumulación de residuos petroleros en la región de Vaca Muerta
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó el día de hoy un allanamiento en la planta de Comarsa, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, con autorización de la jueza de garantías Natalia Peloso. La acción fue realizada dentro del marco de la causa denunciada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, conocida como Basureros Petroleros.

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El operativo tuvo como objetivo principal tomar muestras de suelo en zonas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, e incautar documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. También se busca constatar el cumplimiento efectivo del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que implicaba el traslado de los residuos acumulados a un relleno de seguridad.

Este avance se da en el marco de una causa penal en curso, donde ya fueron imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En términos concretos, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control, y emitió certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se analiza la posible utilización irregular de tierras fiscales, así como la sobreocupación de capacidad autorizada.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos esta causa desde 2020 y advertimos tempranamente que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin tratamiento real, con alta concentración de hidrocarburos y metales pesados, exponiendo a las comunidades cercanas a un riesgo sanitario inaceptable. Las inspecciones realizadas en 2023 y 2024 constataron que gran parte del predio estaba completamente ocupado por residuos, impidiendo incluso verificar el daño real al suelo natural. Recién cuando comenzó el retiro parcial de residuos en 2024 se pudo acceder a nuevas zonas clave para la investigación.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció los embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como garantía ante la magnitud del daño ambiental ocasionado. El operativo de hoy representa un paso decisivo en la producción de pruebas, y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas cautelares, según el resultado de los análisis y el material secuestrado.

Nos enfrentamos a un modelo extractivo que externaliza sus costos, degrada territorios y luego exige que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la limpieza. Este caso es paradigmático: muestra cómo el fracking, lejos de ser una solución energética, genera pasivos ambientales de altísimo riesgo. Exigimos que la justicia avance con firmeza, que se impongan sanciones ejemplares y que los costos de remediación no sean trasladados a las comunidades ni al erario público. No se trata solo de castigar delitos pasados, sino de impedir que se repitan bajo nuevas formas.

Desde la Asociación llamamos a todas las organizaciones sociales, dependenicas estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental a seguir este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las futuras generaciones están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, sin reparación y sin freno a la impunidad empresarial.