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La ciudad bonaerense de San Carlos de Bolívar vive uno de los casos de maltrato animal más graves de los últimos años. En apenas unos meses, más de 80 perros murieron presuntamente envenenados en distintos barrios de la localidad, una situación que mantiene en alerta a vecinos, veterinarios y organizaciones proteccionistas, mientras la Justicia intenta identificar a los responsables.
La indignación por la seguidilla de muertes derivó en una masiva movilización de más de 200 personas, que recorrieron las calles de Bolívar para reclamar justicia, exigir el esclarecimiento de los hechos y pedir medidas urgentes para evitar que continúen los ataques contra los animales.
Los envenenamientos comenzaron a registrarse meses atrás, pero durante julio la situación volvió a agravarse con la aparición de nuevos perros agonizando en distintos sectores de la ciudad.
Según denunciaron integrantes de la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAV), todos los casos presentan características similares: los animales sufren convulsiones, vómitos, pérdida del equilibrio y una rápida descompensación que, en la mayoría de los casos, termina provocando la muerte pocos minutos después.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en la zona de avenida 25 de Mayo y Uriburu, donde varios perros fueron encontrados con síntomas compatibles con una intoxicación aguda.
La principal hipótesis de la investigación es que los responsables estarían distribuyendo cebos envenenados en distintos puntos de la ciudad.
Desde SAPAV señalaron que en varias oportunidades se hallaron restos de alimentos con una sustancia de color azul, compatible con productos tóxicos utilizados habitualmente como veneno.
La organización advirtió que el peligro no afecta únicamente a perros callejeros o con dueño, sino también a otros animales e incluso a personas, especialmente niños, que podrían entrar accidentalmente en contacto con esas sustancias.
Con los últimos casos registrados, el número de animales fallecidos supera los 80 perros, una cifra que genera una profunda preocupación en la comunidad.
Ya en mayo se había producido un episodio similar, cuando 13 perros fueron envenenados y 11 de ellos murieron en pocas horas. Sin embargo, lejos de detenerse, los ataques continuaron repitiéndose en distintos barrios.
Proteccionistas aseguran que prácticamente todas las semanas reciben denuncias de nuevos casos y sostienen que existe un patrón que demuestra que no se trata de hechos aislados.
La conmoción generó una importante respuesta de la comunidad.
Más de 200 vecinos participaron de una marcha organizada en Bolívar para reclamar que se identifique a los responsables de los envenenamientos y que se aplique todo el peso de la ley.
Durante la movilización, familias enteras caminaron con sus mascotas, carteles y fotografías de los perros fallecidos, mientras exigían una investigación más profunda y mayores controles para evitar que continúen apareciendo cebos tóxicos en espacios públicos.
Los manifestantes también reclamaron la instalación y revisión de cámaras de seguridad en las zonas donde ocurrieron los hechos y pidieron que cualquier vecino que cuente con información o imágenes las aporte a la Justicia.
La causa continúa en plena investigación y busca determinar quién o quiénes están detrás de los envenenamientos.
Las autoridades analizan registros de cámaras de vigilancia y recopilan testimonios de vecinos con el objetivo de reconstruir los movimientos previos a cada episodio y establecer si existe una persona o un grupo actuando de manera organizada.
Al mismo tiempo, veterinarios trabajan para identificar con precisión la sustancia utilizada, un dato clave para avanzar en la investigación.
Especialistas recordaron que el envenenamiento intencional de animales puede constituir un delito contemplado en la Ley Nacional 14.346 de Maltrato y Actos de Crueldad hacia los Animales.
Además, el abandono de sustancias tóxicas en la vía pública puede generar responsabilidades penales adicionales si se comprueba que puso en riesgo la salud o la vida de otras personas.
El caso de Bolívar volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la protección animal en Argentina.
Organizaciones proteccionistas sostienen que las penas previstas por la Ley 14.346 resultan insuficientes frente a hechos de esta gravedad y reclaman una actualización de la normativa para endurecer las sanciones contra quienes ejerzan actos de crueldad o provoquen la muerte deliberada de animales.
Mientras tanto, la comunidad de Bolívar permanece en estado de alerta. Con más de 80 perros muertos, una investigación aún sin responsables identificados y cientos de vecinos movilizados, el caso se convirtió en un símbolo del reclamo por una mayor protección de los animales y por una respuesta judicial rápida que permita poner fin a una situación que mantiene conmocionada a toda la ciudad.
Fuente: lapoliticambiental.com.ar
