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Todo se remonta a mediados de 2020, cuando el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), organismo dependiente del CONICET, anunció un plan para controlar la población de conejos de Castilla (Oryctolagus cuniculus) en su predio, ubicado cerca de la bahía de Ushuaia. La institución sostenía que las madrigueras de los animales ponían en riesgo los cimientos de su edificio, y proponía utilizar fosfuro de aluminio, un compuesto que libera gas fosfina —clasificado por la Organización Mundial de la Salud como extremadamente tóxico— para eliminarlos.
Frente a ese anuncio, la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (AFADA) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF), junto a la abogada Eugenia Martinco, presentaron una acción judicial para frenar la fumigación. El caso llegó al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, quien en julio de 2020 hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al CADIC suspender la matanza planificada.
Recién este año, Calvete dictó la resolución definitiva del expediente. El fallo tiene una particularidad: como la fumigación nunca se llegó a aplicar —quedó suspendida desde la cautelar de 2020—, el juez consideró que ya no existía una controversia judicial actual y declaró abstracta la causa. En los hechos, esto significa que la sentencia no ordena ninguna medida nueva ni resuelve una disputa vigente.
Pese a eso, Calvete decidió dejar asentada una definición de fondo que trasciende el expediente puntual: sostuvo que los conejos no son una cosa u objeto del cual pueda disponerse "como de un automóvil o un inmueble", sino sujetos de derecho que poseen derechos fundamentales que no deben ser vulnerados. El magistrado fue más allá al calificarlos directamente como sujetos de derechos no humanos, en la misma línea de otros fallos judiciales que en los últimos años reconocieron la sintiencia de distintas especies.
Para ARAF y AFADA, que impulsaron el reclamo original junto a Martinco, el fallo es un antecedente relevante: aunque no resuelve el conflicto puntual entre el CADIC y los conejos de su predio, sienta una base jurídica que reconoce a los animales como titulares de derechos y no como propiedad disponible para cualquier uso.
No todas las lecturas del fallo fueron celebratorias. Otros medios y sectores de Tierra del Fuego cuestionaron la decisión desde distintos ángulos. Uno de los señalamientos apunta a una tensión de fondo poco explorada en la sentencia: los conejos de Castilla son una especie exótica invasora, introducida en la isla, y catalogada por autoridades provinciales y científicos como una plaga que genera daños concretos en suelos y ecosistemas nativos. Reconocerlos como sujetos de derecho abre un debate que excede el caso puntual: qué ocurre cuando una especie con derechos reconocidos judicialmente es, al mismo tiempo, una amenaza documentada para la biodiversidad local.
Otro cuestionamiento apuntó a la relevancia de la causa en la agenda judicial: parte de la crítica señaló que el magistrado dedicó una resolución extensa a un expediente de bajo impacto práctico, mientras la provincia atraviesa otras problemáticas de mayor magnitud económica y ambiental.
En términos estrictamente legales, el fallo no impide que el CADIC busque en el futuro otras vías para controlar la población de conejos en su predio, siempre que no repita el método de fumigación con fosfina cuestionado en 2020. Lo que sí deja instalado es un antecedente judicial que podrá citarse en futuros litigios sobre el estatus jurídico de los animales no humanos en Argentina, en un terreno donde la Justicia todavía no tiene una doctrina unificada.
La discusión, en definitiva, queda abierta en dos frentes que no siempre son fáciles de conciliar: el reconocimiento creciente de los animales como seres sintientes con derechos propios, y la necesidad de gestionar especies invasoras que representan un riesgo real para los ecosistemas que se busca proteger.
