ecovida ambiente
Un nuevo escándalo ambiental sacude a Entre Ríos y vuelve a poner bajo la lupa el negocio de los cotos de caza en la provincia. La Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación allanó el establecimiento “De Bernardis Hunting”, ubicado en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú, tras una denuncia por presunto tráfico de fauna y caza ilegal destinada a turistas extranjeros.
Durante el operativo, las autoridades detectaron múltiples irregularidades: restos de animales cazados, un ciervo colorado vivo, cabezas y cornamentas sin documentación y posibles maniobras vinculadas al ingreso irregular de fauna exótica invasora.
El caso generó fuerte preocupación debido a que la autorización para introducir ejemplares de Ciervo Colorado habría sido firmada por el propio director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, Mario Zárate.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la ONG Freeland, que alertó sobre presuntas actividades ilegales en el coto de caza De Bernardis Hunting.
Según la denuncia, el establecimiento ofrecía paquetes de caza para extranjeros por valores cercanos a los 50.000 dólares, incluyendo la posibilidad de abatir ejemplares de Ciervo Colorado (Cervus elaphus), una especie cuya caza no está habilitada en Entre Ríos desde la Resolución Nº 287/94.
Al ingresar al predio, la Brigada de Control Ambiental detectó un escenario más complejo del previsto:
Además, trascendió que el establecimiento no contaría con habilitación provincial para operar como coto de caza, lo que agravaría aún más la situación judicial y administrativa.
El establecimiento ofrecía paquetes de caza para extranjeros por valores cercanos a los 50.000 dólares, incluyendo la posibilidad de abatir ejemplares de Ciervo Colorado
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación gira en torno al ingreso de dos ejemplares machos de Ciervo Colorado a territorio entrerriano.
La documentación hallada indicaría que la autorización fue emitida por la propia Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos y llevaría la firma de su director, Mario Zárate.
El Ciervo Colorado está considerado una especie exótica invasora en distintas regiones del país debido a su impacto sobre ecosistemas nativos y biodiversidad local.
En Entre Ríos, su caza no se encuentra habilitada, y la introducción de ejemplares genera fuertes cuestionamientos ambientales y legales.
Según trascendió, los animales habrían sido trasladados desde un criadero ubicado en Roque Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que los ejemplares encontrados presentaban aparentes modificaciones genéticas orientadas a potenciar características utilizadas en caza de trofeo.
La causa volvió a encender el debate sobre los cotos de caza privados y el turismo cinegético en Argentina.
Organizaciones ambientalistas denuncian desde hace años la existencia de circuitos destinados a cazadores extranjeros que pagan sumas millonarias para obtener trofeos de fauna silvestre o exótica.
En este caso, la denuncia señala que el paquete de caza ofrecido por el establecimiento rondaba los 50.000 dólares.
Sectores ambientalistas advierten que detrás de algunos cotos existirían redes comerciales vinculadas a:
El nuevo episodio profundiza además las críticas contra las políticas ambientales impulsadas por el gobierno de Rogelio Frigerio, cuestionado recientemente por la autorización de caza de aves autóctonas y la habilitación de explotación comercial de coipos en la provincia.
El caso de Gualeguaychú expone nuevamente la fragilidad de los mecanismos de fiscalización sobre fauna silvestre y tráfico de animales en Argentina.
Especialistas remarcan que el tráfico ilegal de fauna es considerado uno de los delitos ambientales más rentables del mundo, junto al narcotráfico y la trata de personas.
Además del impacto ético y ecológico, la introducción de especies exóticas invasoras puede alterar profundamente ecosistemas nativos, desplazar fauna local y generar desequilibrios ambientales difíciles de revertir.
Hasta el momento no se conocieron oficialmente imputaciones judiciales, aunque el procedimiento realizado por la Brigada de Control Ambiental podría derivar en causas vinculadas a:
La investigación promete escalar políticamente debido a la posible participación de autoridades provinciales en las autorizaciones detectadas.
Mientras tanto, organizaciones ambientales reclaman transparencia, acceso a la documentación oficial y mayores controles sobre la actividad cinegética en Entre Ríos.
El allanamiento al coto De Bernardis Hunting vuelve a colocar a Entre Ríos en el centro del debate nacional sobre biodiversidad, conservación y uso comercial de fauna silvestre.
En una provincia atravesada por humedales, ecosistemas sensibles y fuerte actividad turística vinculada a la naturaleza, el caso abre nuevos interrogantes sobre el rol del Estado en el control ambiental y sobre los límites del negocio de la caza deportiva y comercial.
El escándalo ya genera repercusiones políticas, sociales y ambientales, mientras crece el reclamo por políticas de conservación más estrictas y una fiscalización efectiva sobre actividades vinculadas a fauna silvestre.
