ecovida ambienteLa decisión del Gobierno de Entre Ríos de autorizar la caza comercial de 100.000 coipos (Myocastor coypus), conocidos popularmente como “nutrias”, volvió a encender el debate sobre la protección de la fauna silvestre y el futuro de los humedales del litoral argentino.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización provincial, que habilita la captura de ejemplares desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2026 en todo el territorio entrerriano, con excepción de las Áreas Naturales Protegidas.
La autorización convierte a Entre Ríos en la única provincia argentina que actualmente permite la caza comercial de esta especie nativa, una decisión que llega pocas semanas después de la fuerte controversia generada por la habilitación de la caza de aves autóctonas, cuestionada por sectores científicos, ambientalistas y organizaciones de protección animal.
El coipo (Myocastor coypus) es un mamífero semiacuático característico de los humedales sudamericanos. Habita lagunas, esteros, bañados y cursos de agua dulce, donde cumple funciones ecológicas vinculadas al equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
Aunque suele ser conocido como “nutria”, no pertenece al mismo grupo zoológico que las nutrias verdaderas. Se trata de una especie herbívora y de comportamiento generalmente inofensivo, ampliamente distribuida en regiones húmedas de Argentina, Uruguay, Brasil y otros países de Sudamérica.
Especialistas en conservación advierten que el coipo participa activamente en la dinámica de los humedales, ambientes considerados estratégicos para la regulación hídrica, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
La habilitación de una extracción de 100.000 ejemplares genera interrogantes sobre los criterios poblacionales utilizados para definir el cupo autorizado y sobre los estudios científicos que respaldan la sustentabilidad de la medida.
La resolución firmada por el área de Recursos Naturales se suma a una serie de decisiones vinculadas a la fauna silvestre que colocaron al gobierno de Rogelio Frigerio en el centro de la discusión ambiental en Entre Ríos.
Semanas atrás, la provincia ya había quedado bajo cuestionamiento tras autorizar la caza de aves autóctonas, entre ellas distintas especies de patos. Aquella decisión derivó en fuertes críticas de organizaciones ambientales y actualmente enfrenta una demanda judicial que busca frenar la actividad.
Ahora, la habilitación de la caza comercial del coipo amplifica el debate sobre el modelo de manejo de fauna silvestre impulsado por la administración provincial y sobre el rol de los organismos de control ambiental.
Diversos sectores cuestionan que las políticas de conservación parezcan retroceder en una provincia históricamente asociada a los ríos, islas y humedales del litoral.
Uno de los aspectos más señalados por ambientalistas y referentes sociales es la aparente contradicción entre las políticas de promoción turística del Gobierno entrerriano y las recientes autorizaciones de caza.
Mientras las campañas oficiales presentan a Entre Ríos como un destino ligado a la tranquilidad, la naturaleza y la observación de fauna, las resoluciones sobre caza deportiva y comercial abren un escenario de tensión respecto al modelo ambiental que impulsa la provincia.
El contraste se vuelve más visible en un contexto donde el ecoturismo y el turismo de naturaleza ganan relevancia internacional como alternativas económicas sustentables para regiones con alta biodiversidad.
La discusión sobre la caza del coipo también expone un problema más amplio: la situación de los humedales en Argentina.
Estos ecosistemas enfrentan múltiples amenazas vinculadas al avance agropecuario, incendios, contaminación, urbanización y pérdida de biodiversidad. En ese contexto, distintas organizaciones sostienen que habilitar la explotación comercial intensiva de fauna nativa podría incrementar la presión sobre ambientes ya degradados.
Entre Ríos ocupa una posición estratégica dentro de los grandes sistemas de humedales del país, especialmente en las regiones asociadas al río Paraná y el delta. Por eso, las decisiones sobre manejo de fauna adquieren una dimensión ambiental que excede el debate local.
Tras conocerse la resolución, sectores ambientalistas reclamaron acceso público a los estudios técnicos que justifican el cupo de extracción autorizado y solicitaron información sobre los mecanismos de monitoreo y fiscalización previstos durante la temporada de caza.
También surgieron cuestionamientos respecto a la trazabilidad comercial de las piezas obtenidas y al impacto acumulativo que podrían generar las sucesivas habilitaciones de caza sobre distintas especies autóctonas.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no difundió públicamente detalles exhaustivos sobre los relevamientos poblacionales utilizados para respaldar la autorización de captura masiva.
La polémica por la autorización de la caza comercial de coipos vuelve a instalar un debate de fondo en Argentina: cómo compatibilizar la conservación de la biodiversidad con las actividades económicas vinculadas al uso de fauna silvestre.
Mientras algunos sectores defienden la actividad bajo criterios de aprovechamiento sustentable, organizaciones ambientales advierten que las políticas públicas deberían priorizar la protección de los ecosistemas y fortalecer estrategias de conservación frente a un escenario global marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad.
En ese contexto, la decisión de Entre Ríos se proyecta como un nuevo punto de conflicto ambiental con impacto político, judicial y social, en una provincia donde la relación entre producción, turismo y conservación vuelve a quedar bajo discusión.
