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El Gobierno de Rogelio Frigerio avanza con una audiencia pública clave mientras enfrenta causas judiciales, antecedentes de inconstitucionalidad y un fuerte rechazo social. La posible reapertura de la temporada de caza menor 2026 en Entre Ríos vuelve a encender el conflicto ambiental en la provincia.
El próximo lunes 20 de abril a las 14 horas, el Gobierno entrerriano convocó a una audiencia pública en el Área Natural Protegida El Potrero, en la ciudad de Victoria, para definir si se habilita nuevamente la caza “deportiva” de aves autóctonas.
La convocatoria, impulsada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se da en un contexto altamente conflictivo:
Este escenario convierte la audiencia en un punto crítico donde se cruzan intereses políticos, económicos y ambientales.
La eventual habilitación de la caza impactaría directamente sobre especies nativas del litoral argentino, entre ellas:
Estas aves forman parte de ecosistemas clave para el equilibrio ambiental de humedales y áreas protegidas. Especialistas advierten que la presión de caza, sumada a la pérdida de hábitat, podría agravar su situación.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de información oficial sobre los expositores que participarán en la audiencia.
Organizaciones ambientales denunciaron que:
Este antecedente pone en duda la legitimidad del mecanismo de participación ciudadana y alimenta las sospechas de una decisión ya predefinida.
El Gobierno provincial busca respaldar la habilitación de la caza con un informe elaborado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC).
Sin embargo, este punto genera fuertes cuestionamientos:
Para organizaciones socioambientales, esto debilita la credibilidad del sustento técnico utilizado para justificar la medida.
Los fallos judiciales previos no solo cuestionaron la normativa provincial, sino que también señalaron posibles violaciones a tratados internacionales de protección ambiental y biodiversidad.
Esto ubica el conflicto en una escala mayor, donde la decisión local podría tener implicancias:
El intento de reactivar la caza deportiva de aves autóctonas expone una tensión estructural:
la disputa entre la conservación de la biodiversidad y actividades económicas basadas en la explotación de fauna silvestre.
En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad global, la decisión de Entre Ríos se vuelve un caso testigo sobre:
