La prórroga de las concesiones abarcará el período 2031-2041 para la mayoría de los lotes. El acuerdo, contempla además la extensión de la concesión de transporte correspondiente y un conjunto de compromisos de inversión, compensaciones económicas, aportes sociales y acceso al gas natural provincial.
PROVINCIALES09/07/2025
ecovida ambiente
La Legislatura provincial ratificó en su última sesión el acuerdo que el Gobernador Gustavo Melella rubricó y que significa el cierre de las negociaciones con las empresas Total Austral, Wintershall DEA Argentina (WDAR) y Pan American Sur (PAS) por la prórroga de las concesiones de explotación de hidrocarburos en los lotes “Hidra”, “Cañadón Alfa-Ara”, “Antares”, “Kaus”, “Argo” y “Vega Pléyade”, todos parte del área Cuenca Marina Austral I.
La prórroga de las concesiones abarcará el período 2031-2041 para la mayoría de los lotes.
El acuerdo, contempla además la extensión de la concesión de transporte correspondiente y un conjunto de compromisos de inversión, compensaciones económicas, aportes sociales y acceso al gas natural provincial.
El Gobernador Melella celebró la aprobación legislativa que significó el cierre del proceso de negociaciones, destacando que “este acuerdo es estratégico para el futuro energético de Tierra del Fuego, no sólo en términos de ingresos, sino también en generación de empleo, infraestructura y mayor soberanía sobre nuestros recursos”.
El acuerdo prevé un bono de prórroga de más de 5,18 millones de dólares y un bono de compensación por la suspensión temporal del yacimiento Vega Pléyade –necesaria para garantizar la estabilidad operativa de la línea submarina compartida con el proyecto Fénix– por un total de 35 millones de dólares, a pagarse de forma trimestral entre 2025 y 2027.
Además, se acordó un aumento progresivo en las regalías hidrocarburíferas, que en algunos casos alcanzarán hasta el 18% a partir de 2040 y 2044, dependiendo del lote.
Uno de los aspectos destacados del entendimiento es el impulso a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Las compañías se comprometieron a aportar un fondo de 4,5 millones de dólares para proyectos en salud, educación y seguridad.
También se establece la posibilidad que la provincia o Terra Ignis Energía S.A. accedan a hasta el 10% de la producción de gas natural del área, bajo ciertas condiciones técnicas y comerciales.
En el texto se reafirman compromisos vinculados al mantenimiento del nivel de actividad, la prioridad de contratación de mano de obra y proveedores locales, el respeto al marco ambiental vigente, y la habilitación de auditorías provinciales.
La actividad se enmarca en el Proyecto de Cooperación Argentina–Unión Europea para la Transformación Digital e Innovación Tecnológica, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la cooperación bilateral, acelerar la transición digital y fomentar una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Las actividades, organizadas por el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección General de Atención de Emergencias de la Provincia y con la colaboración de Fundación Trauma y el apoyo de La Anónima
La actividad comenzó con una charla a cargo de la doctora Anabella Pastotelli, quien abordó los diferentes factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo del cáncer de mama, patología que, si bien es más frecuente en mujeres, también puede afectar a varones. La profesional explicó aspectos como la edad, la carga genética y los hábitos de consumo, haciendo especial hincapié en la incidencia del tabaco y el alcohol.
En el 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del IANIGLA (CONICET), logró la sanción de la ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios, y por ende, la vida de las comunidades. Ahora, Milei pretende modificarla para favorecer el avance de multinacionales mineras,como la Barrick Gold, protagonista del despojo y saqueo producido en Pascua Lama (Chile).
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y su propósito es proteger reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica.
