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Gabriela Cabaña
En medio de la continua carrera europea por las energías renovables, la UE se ha asociado con Chile para abastecer sus importaciones de hidrógeno verde. Bruselas y Santiago han promocionado los beneficios estratégicos y económicos de esta asociación, pero en realidad, los efectos negativos de los proyectos de hidrógeno en las comunidades locales chilenas ya son visibles en algunas partes del país.
Los años en que el hidrógeno verde se presentaba como la solución para la descarbonización han terminado. En 2020 y 2021, varios países –entre ellos Chile, desde donde escribo– se han marcado como objetivo convertirse en actores energéticos globales a través del hidrógeno verde. Uno de los principales impulsores de este interés fue la decisión de la Comisión Europea de convertir el hidrógeno en un elemento clave para cumplir los objetivos europeos de descarbonización. Diversas políticas de la UE han contribuido a acelerar la carrera por las infraestructuras de producción y transporte de hidrógeno, tanto dentro como fuera del continente. Hoy ya podemos ver los primeros frutos de estos esfuerzos fuera de las fronteras europeas.
La promoción del hidrógeno en Chile pone de relieve la dinámica que está desarrollando Europa con potenciales productores de los 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable que pretende importar al año 2030. Los primeros anuncios de exportaciones comerciales de productos relacionados con el hidrógeno presentan señales de alerta temprana sobre injusticia ambiental y colonialismo energético. La búsqueda de una transición justa exige que los países más ricos abandonen su impulso hacia un crecimiento ilimitado (aunque se lo etiquete de “verde”).
Chile: priorizando la exportación
El hidrógeno es un elemento versátil: se utiliza en diversos procesos industriales, como la fabricación de explosivos y fertilizantes, el procesamiento de alimentos o el tratamiento de metales. Sin embargo, la gran mayoría de la producción de hidrógeno en la actualidad utiliza combustibles fósiles como materia prima. Por ello, es necesario avanzar hacia un hidrógeno “verde” o libre de carbono, que se espera que ocupe un papel protagonista como combustible en el futuro. En forma de hidrógeno en sí, de su derivado amoniaco o de e-combustibles neutros en carbono (que primero capturan el CO2 del medio ambiente y luego lo liberan cuando se quema el combustible), el hidrógeno se considera una solución a los procesos energéticos que son difíciles de electrificar. Para que sea “verde”, se requieren dos cosas: energías renovables no convencionales como la eólica y la solar, y agua en un alto estado de pureza.
Sin embargo, la gran promesa del hidrógeno tiene un costo para cualquier país que desee convertirse en exportador. La energía necesaria para producir hidrógeno verde y derivados como el amoníaco compite directamente con las necesidades nacionales de recursos. Y, lo que es más importante, la producción de hidrógeno aumenta la demanda de agua en Chile, un país con una escasez de agua cada vez mayor.
Para los ciudadanos chilenos, estos desafíos se hacen más evidentes en el aumento del costo de la electricidad. Los precios de la energía han seguido aumentando a pesar de una creciente participación de las energías renovables, como la solar y la eólica, en la red eléctrica nacional. Recientemente, Chile ha comenzado a aumentar las facturas de la electricidad en respuesta a las deudas contraídas con las empresas energéticas tras congelamientos de precios anteriores. Si bien el país puede ser realmente rico en las “energías del futuro”, este potencial no se ha traducido en una abundancia de energía barata para sus ciudadanos.
Muchos chilenos –sobre todo en el sur, más frío– utilizan leña para calentarse, lo que perjudica tanto la salud pública como los bosques. Esto se debe principalmente a la falta de electricidad asequible, lo que ha provocado niveles significativos de pobreza energética. ¿Por qué, entonces, se favorece el hidrógeno “verde” como producto de exportación?
La producción de hidrógeno aumenta la demanda de agua en Chile, un país con cada vez mayor estrés hídrico.
La respuesta está en la captura corporativa del mercado energético. La fantasía ecomodernista del hidrógeno como energía barata y abundante –ilustrada por la afirmación del presidente Gabriel Boric de que una sola región de Chile podría cubrir el 13% de la demanda mundial de hidrógeno verde– se basa en ideas capitalistas verdes de soluciones en las que todos ganan. En teoría, el suministro a Europa debería traducirse en el crecimiento de “centros locales” y empleo. Sin embargo, la conducta de las primeras empresas de hidrógeno verde en el país cuenta una historia muy diferente.
En 2023 y 2024, el Ministerio de Energía creó un Plan de Acción de Hidrógeno Verde para complementar la Estrategia de Hidrógeno Verde de Chile , que se publicó en 2020 y estableció la visión para el futuro de la industria. El plan reconoce las preocupaciones planteadas por varias partes interesadas sobre el rápido ritmo de desarrollo del hidrógeno verde. La retroalimentación pública al plan original destacó, entre otras cosas, graves deficiencias en el enfoque de los objetivos de producción de hidrógeno. Un problema importante fue que no se habían estudiado los riesgos e impactos de la industria antes de comprometerse con objetivos de extracción que excedían ampliamente la capacidad de energías renovables del país. Hoy, por ejemplo, Chile tiene 34 GW de capacidad instalada neta, mientras que la estrategia de 2020 apuntaba a aumentar la capacidad asociada con la producción de hidrógeno a 300 GW para 2050, casi nueve veces más.
Las inquietudes de los ciudadanos sobre el plan de hidrógeno verde de Chile apuntaban a la causa fundamental del problema: el origen antidemocrático de la estrategia. La consulta inicial realizada por McKinsey and Co. para evaluar la competitividad futura del hidrógeno verde de Chile no había tomado en cuenta consideraciones socioecológicas sobre la capacidad de almacenamiento y la compatibilidad del uso del recurso con otras necesidades a nivel territorial.
Derechos vulnerados y ecosistemas comprometidos
En Chile, dos regiones ofrecen lecciones útiles de una transición guiada por los intereses corporativos detrás del hidrógeno verde. La primera es Antofagasta, en el norte de Chile, que ha vinculado el suministro de hidrógeno verde y amoníaco destinado a la actividad minera local a las expectativas futuras de exportación internacional. Algunos proyectos allí son “integrales” y reúnen parques solares, una planta de hidrógeno e infraestructura de exportación en un solo paquete. Otros se presentan como “verdes” a pesar de estar conectados directamente al sistema eléctrico nacional, que no se alimenta en su totalidad con fuentes de energía renovables. Esto desdibuja el significado del hidrógeno “verde”, que proviene de la energía renovable utilizada para producirlo, un criterio de sostenibilidad en sí bastante limitado.
Además de que las plantas de hidrógeno necesitan más agua (ya sea mediante el aumento de la desalinización del agua de mar o mediante el uso de aguas residuales), la síntesis de hidrógeno verde aumenta la carga sobre los parques solares y eólicos. Por ello, las comunidades indígenas de la Puna de Atacama tienen que protegerse no solo de la fiebre del litio, sino también de la invasión de parques eólicos y solares a sus territorios. El año pasado, la comunidad atacameña Lickan Antay de Peine denunció nuevas plantas energéticas en el territorio que forma parte de su reivindicación histórica. Protestan porque las concesiones de tierras públicas se han hecho sin consultarles.
Lo que llama la atención de esta comunidad no es excepcional. De todos los proyectos solares que se encuentran actualmente en construcción y en funcionamiento en la región de Antofagasta, ninguno ha sido aprobado con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), o con los medios para determinar impactos significativos en su entorno. El uso de una evaluación menos exigente (la EIA) en estos proyectos significa que los derechos y protecciones legales como la consulta indígena (obligatoria en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) no se han respetado como debieran.
Las comunidades indígenas de la Puna de Atacama tienen que protegerse no sólo de la fiebre del litio, sino también de la invasión de parques eólicos y solares en sus territorios.
En Taltal, al sur de Antofagasta, se proyectan franjas de parques eólicos e híbridos solar-eólicos. Allí, el pueblo Chango ha buscado formas de defender su territorio ancestral , que se encuentra amenazado tanto en la Pampa Interior como en la costa, donde se han propuesto proyectos de hidrógeno verde a gran escala. De particular preocupación es el uso de agua desalinizada, ya que Chile tiene una regulación deficiente sobre el uso de agua de mar para procesos industriales. Los pescadores de la costa de Antofagasta observan con frustración el agotamiento de la vida marina, sin mecanismos establecidos para medir los impactos de las múltiples y crecientes actividades industriales.
Otra región donde las consecuencias de la fiebre del hidrógeno verde son visibles es Magallanes, en el extremo sur, donde se encuentra el primer proyecto piloto de combustibles eléctricos de Chile. Highly Innovative Fuels (HIF) Global ha sido la única empresa que ha informado de exportaciones comerciales exitosas de combustibles neutros en carbono desde la zona. El primer envío, limitado a 24.600 litros de gasolina sintética, se realizó en noviembre de 2023.
La región sur también espera recibir varios megaproyectos “integrados” de hidrógeno verde, que incluyen parques eólicos, puertos, oleoductos y plantas desalinizadoras, como el recientemente publicado Proyecto integrado para la producción y exportación de amoniaco verde. El proyecto de 11.000 millones de dólares incluirá 194 torres eólicas y está financiado por HNH, un consorcio que incluye a AustriaEnergy, Copenhagen Infrastructure Partners y Oköwind. Es uno de los 18 proyectos de hidrógeno verde en la agenda para Magallanes. Algunos de estos esquemas están ubicados peligrosamente cerca de áreas protegidas por su alta importancia ecológica, como el humedal costero Bahía Lomas, que está clasificado como sitio Ramsar (una categoría atribuida a humedales de importancia internacional).
Acaparamiento de energía
La explotación del hidrógeno se hace eco de algunos de los problemas que plantea la extracción de litio, ya que ambos esfuerzos responden a las necesidades de descarbonización del Norte Global. El litio y el hidrógeno formaron una gran parte del Acuerdo Marco Avanzado recientemente firmado entre la UE y Chile , que tiene como objetivo garantizar "un mejor acceso a materias primas y combustibles limpios". Sin embargo, si bien la Estrategia Nacional de Litio del presidente Boric tiene un fuerte componente estatal -creando una Empresa Nacional de Litio y apostando por asociaciones público-privadas bajo la supervisión de empresas estatales como Codelco- el hidrógeno ha involucrado un menor control estatal.
Las principales acciones del gobierno hasta ahora incluyen la promoción de acuerdos de cooperación comercial y la creación de fondos de riqueza para incentivar la inversión privada. Sin embargo, si bien las medidas del Estado en torno al litio podrían ser vistas como más “progresistas” (se habló falsamente de una “nacionalización” del litio, algo desmentido por el ministro de Minería ), la estrategia lanzada en 2023 no respetó ningún proceso democrático ni consulta a las comunidades en territorios ricos en litio. Ese mismo año, más de 100 redes y comunidades denunciaron la Estrategia Nacional del Litio por violar los derechos de los pueblos indígenas, como los garantizados por el Convenio 169 de la OIT.
Las empresas presentan proyectos a comunidades vulnerables con servicios públicos deficientes, haciendo ofertas y promesas difíciles de rechazar.
El inequívoco apoyo político del gobierno chileno a la industria del hidrógeno viene acompañado de la promesa de importantes beneficios económicos, especialmente la creación de empleo. La Asociación Chilena del Hidrógeno Verde, por ejemplo, afirma que los empleos asociados al sector podrían llegar a 80.000 en 2030. Sin embargo, organizaciones ciudadanas como el Panel Ciudadano del Hidrógeno de Magallanes han advertido que estas afirmaciones y otras promesas corporativas deben tomarse con cautela . A menudo, señalan, las empresas presentan proyectos a comunidades vulnerables con servicios públicos deficientes, haciendo ofertas y promesas que son difíciles de rechazar.
Hace un año, el mismo panel llamó a “una discusión sobre la compatibilidad del desarrollo social y territorial propuesto con la instalación de la industria del H2”. Miembros de la red han señalado que la gran cantidad de proyectos planificados en la región de Magallanes afectaría a especies con un estado crítico de conservación, como el chorlito magallánico y otras aves.
La incorporación de algunas herramientas de seguimiento y consejos asesores en el Plan de Acción del Hidrógeno Verde 2024 no ha logrado abordar seriamente el problema subyacente de la industria del hidrógeno verde: el plan impulsa los mismos objetivos de producción establecidos en el ampliamente criticado plan de 2020. Si bien el impulso al hidrógeno verde se propone como urgente y se ha defendido el aprovechamiento de una “ventana de oportunidad” única, los colectivos socioambientales cuestionan cada vez más la etiqueta “verde” que se está otorgando a esta fuente de energía. Además, es de esperar que los conflictos sigan aumentando, dada la escala agresiva de los proyectos destinados a la exportación de hidrógeno y sus derivados.
Fuente: www.greeneuropeanjournal.eu
