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En un giro que ha generado una ola de reacciones encontradas, el gobierno de Entre Ríos, bajo la administración de Rogelio Frigerio, ha autorizado la caza deportiva menor de especies nativas. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, permite la caza de nueve especies autóctonas desde el 10 de mayo hasta el 23 de agosto de 2024
La decisión ha provocado una fuerte respuesta de grupos ambientalistas y de la sociedad civil, quienes han expresado su preocupación por el impacto que esta actividad podría tener en la biodiversidad local. La resolución especifica cuotas para la caza de diversas especies, incluyendo patos, inambúes y liebres, con un incremento notable en la cantidad de especies y en la superficie donde se puede practicar la caza en comparación con años anteriores.
El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) ha sido particularmente vocal, señalando que los estudios poblacionales de las especies afectadas, solicitados y financiados por una entidad que representa los cotos de caza, no contaron con la participación de organizaciones ambientalistas o del sector turístico. Gabriel Bonomi, representante de Ceydas, ha cuestionado la imparcialidad de estos estudios y ha sugerido que la caza no debería ser permitida hasta que se disponga de investigaciones confiables realizadas por expertos independientes.
Más de 60 instituciones ambientalistas y animalistas, tanto nacionales como internacionales, han solicitado una audiencia con el gobierno provincial para exponer sus argumentos contra la caza y han pedido la suspensión de la misma durante cinco años hasta contar con estudios confiables.
En contraste, el Senado de Entre Ríos está considerando un proyecto para una nueva ley de fauna que se centra en la protección de las especies autóctonas, lo que podría representar un cambio significativo en la gestión de la vida silvestre de la provincia.
Este tema sigue siendo un punto de debate intenso en la provincia, con argumentos que van desde la conservación y la ética hasta el desarrollo económico y el turismo. La comunidad de Entre Ríos y sus legisladores se encuentran en una encrucijada, debatiendo el futuro de su rica biodiversidad y el legado que dejarán a las generaciones futuras.
