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A casi dos meses del vencimiento del plazo que estableció la "prohibición de todo tipo de fuego en lugares silvestres de todo el Territorio", el bloque legislativo del Partido Verde anunció un proyecto que busca extender esta restricción hasta el 30 de junio de 2026.
Los autores de esta iniciativa recuerdan que a fines de noviembre de 2022 se produjo un incendio forestal en una zona de la Reserva Provincial Corazón de la Isla, y una semana después el Bloque Legislativo declaró la emergencia ambiental por incendios forestales hasta el 30 de junio de 2023, y además la Ley 1457 dispuso la prohibicion de hacer fuego en áreas silvestres hasta el 30 de junio de 2024.
El incendio en cuestión puedo ser extinguido recién en marzo de 2023 después de haber afectado una superficie estimada en las 10.000 hectáreas. En octubre pasado, antes del inicio de la temporada de verano y en respuesta a las solicitudes de los directores de campings habilitados, la Secretaría de Medio Ambiente decidió flexibilizar esta prohibición y permitir a las empresas turísticas y deocio con los permisos pertinentes “hacer uso del fuego con combustible sólido (leña)”, asi mismo se establecio tambien sitios habilitados para el uso de artefactos homologados exclusivamente con gas comprimido en sus modalidades de garrafas con quemador, calentadores de montaña y anafes símil hornallas, quedando esas flexibilizaciones sujetas a las condiciones climática imperantes en la zona sur, centro y norte de la Provincia.
En este sentido, Colazo señaló que a pesar de estar en vigor la prohibición general, se habían producido "varios focos de origen humano", que afortunadamente pudieron ser controlados con rapidez, por lo que era conveniente proponer una prórroga de la prohibición en las condiciones previstas inicialmente. En otras palabras, mantener los poderes otorgados al ejecutivo para prever excepciones de carácter específico.
También considera necesario "adoptar medidas de carácter urgente y prioritario para la prevención de los impactos antropogénicos exacerbados por el cambio climático y establecer mecanismos para atender oportunamente esta problemática", "para mitigar los impactos ambientales, productivos, económicos, sociales y sanitarios producto de los incendios forestales". En este sentido Colazo considera que es vital lograr el fortalecimiento de políticas de combate de estos fenómenos”, el Poder Ejecutivo debe" realizar campañas de concientización, información y sensibilización para prevenir incendios y quemas forestales a través de medios públicos y redes sociales mediante el trabajo territorial”.
La actividad se enmarca en el Proyecto de Cooperación Argentina–Unión Europea para la Transformación Digital e Innovación Tecnológica, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la cooperación bilateral, acelerar la transición digital y fomentar una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Las actividades, organizadas por el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección General de Atención de Emergencias de la Provincia y con la colaboración de Fundación Trauma y el apoyo de La Anónima
La actividad comenzó con una charla a cargo de la doctora Anabella Pastotelli, quien abordó los diferentes factores de riesgo que pueden incidir en el desarrollo del cáncer de mama, patología que, si bien es más frecuente en mujeres, también puede afectar a varones. La profesional explicó aspectos como la edad, la carga genética y los hábitos de consumo, haciendo especial hincapié en la incidencia del tabaco y el alcohol.
En el 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del IANIGLA (CONICET), logró la sanción de la ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios, y por ende, la vida de las comunidades. Ahora, Milei pretende modificarla para favorecer el avance de multinacionales mineras,como la Barrick Gold, protagonista del despojo y saqueo producido en Pascua Lama (Chile).
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, constituye un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y su propósito es proteger reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo en gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es crítica.
