ecovida ambientePor Redacción Ecovida Ambiente - Informe especial
La apertura de la temporada de caza deportiva menor en Entre Ríos volvió a encender una controversia que excede la actividad cinegética. En el centro del debate se entrecruzan tres ejes principales: la conservación de los humedales, la independencia de los estudios científicos utilizados para habilitar la actividad y el peso económico y político del turismo cinegético.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que la caza se desarrolla bajo criterios de “gestión adaptativa” y monitoreos periódicos de fauna silvestre, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionan la transparencia de esos procesos. Además, advierten que la discusión oficial deja en segundo plano el deterioro progresivo de los ecosistemas que sostienen a las aves acuáticas.
La controversia instala una pregunta cada vez más presente en el debate ambiental: ¿puede considerarse sustentable una actividad extractiva cuando los hábitats naturales atraviesan procesos de degradación acelerada?
En este contexto, la actividad cinegética ya fue objeto de dos fallos judiciales relevantes en Entre Ríos. En 2022, la Justicia anuló la temporada de caza y declaró inconstitucional la resolución provincial que la autorizaba, al considerar que vulneraba compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos el Acuerdo de Escazú y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El fallo fue calificado como “histórico” y publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación.
Un año después, en 2023, una nueva sentencia judicial volvió a declarar inconstitucional la resolución que había rehabilitado la caza de aves autóctonas, al considerar nuevamente que incumplía tratados internacionales vinculados a la protección ambiental.
Actualmente, continúa en trámite una acción de inconstitucionalidad contra el Estado entrerriano por la autorización de la caza de aves autóctonas durante la temporada 2025. Sin embargo, pese a que ese litigio aún no fue resuelto por la Justicia, el Gobierno provincial volvió a habilitar la actividad para 2026.
La discusión sobre la caza deportiva ocurre en uno de los sistemas ecológicos más importantes de Sudamérica: el corredor fluvial Paraná-Paraguay.
Estos humedales funcionan como reservorios de biodiversidad, corredores migratorios para aves acuáticas, reguladores naturales de inundaciones y grandes almacenadores de carbono. También cumplen un papel estratégico en la calidad del agua y la estabilidad climática regional.
Sin embargo, diversos estudios científicos coinciden en que estos ecosistemas enfrentan una presión creciente.
Entre los principales factores identificados se encuentran:
Especialistas sostienen que Argentina ha perdido una porción significativa de sus humedales desde la década de 1970, una transformación que afecta directamente a las especies que dependen de estos ambientes para alimentarse, reproducirse y completar sus rutas migratorias.
Para los sectores conservacionistas, cualquier análisis sobre la sustentabilidad de la caza debería comenzar por el estado real de estos ecosistemas y no únicamente por el número de aves registradas en una temporada.
El Gobierno de Entre Ríos argumenta que la habilitación de la actividad responde a criterios técnicos basados en monitoreos periódicos de abundancia de aves acuáticas.
Según la administración provincial, la regulación vigente incorpora herramientas de control destinadas a compatibilizar la actividad económica con la conservación de la fauna silvestre.
Entre los principales instrumentos de gestión se encuentran:
La caza permanece prohibida en:
Las autoridades sostienen que estas disposiciones se ajustan a compromisos internacionales de conservación y permiten mantener poblaciones estables de aves acuáticas.
La principal herramienta utilizada para justificar la apertura de las temporadas es el denominado programa de monitoreo adaptativo.
El relevamiento es coordinado y financiado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCYC), entidad que representa a operadores turísticos y cotos de caza de distintas provincias.
La campaña se desarrolló entre el 25 y el 29 de agosto de 2025.
Participaron 20 equipos de campo que recorrieron más de 18.800 kilómetros y relevaron 882 cuerpos de agua distribuidos en diferentes jurisdicciones.
La metodología incorporó herramientas consideradas avanzadas dentro del manejo de fauna:
Los conteos se realizaron mediante cuadrículas georreferenciadas que permiten evaluar la distribución de las aves a escala regional.
Se utilizaron modelos estadísticos capaces de compensar variaciones provocadas por factores climáticos, horarios y condiciones de observación.
El estudio incorporó imágenes Landsat 9 y análisis de índices ambientales como NDWI y NDVI para caracterizar cuerpos de agua y cobertura vegetal.
Según los responsables del programa, esta metodología mejora significativamente la precisión respecto de los sistemas tradicionales de conteo directo.
Las críticas más fuertes no apuntan únicamente a la metodología empleada sino al origen de los datos.
Diversas organizaciones sostienen que existe un conflicto de interés estructural debido a que los estudios utilizados para respaldar la apertura de la temporada son impulsados y financiados por una entidad cuyos asociados dependen económicamente de la continuidad de la actividad. Muchas veces, delegando la propia provincia, dicho estudio a esta entidad privada.
Los cuestionamientos principales
Entre las observaciones más reiteradas aparecen:
Entidades conservacionistas advierten que los estándares internacionales para actividades extractivas sobre fauna silvestre recomiendan mecanismos de control independientes, especialmente cuando existen intereses económicos directos involucrados.
Organizaciones como el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), Conciencia Animal, Ayuda Animal y Arroyo Perucho Salvaje denuncian un conflicto de interés estructural:
la actividad económica beneficiada por la habilitación de la caza financia parte de los estudios que respaldan su continuidad.
Los resultados del monitoreo reflejan escenarios muy diferentes entre provincias.
La provincia registró más de 50.000 aves en 384 cuerpos de agua relevados.
Las especies más observadas fueron:
Las proyecciones estadísticas estiman poblaciones de varios millones de individuos para algunas de las especies habilitadas para la actividad cinegética.
La superficie de agua relevada resultó considerablemente menor que la registrada en Buenos Aires.
Los censos contabilizaron 14.054 individuos pertenecientes a 13 especies.
Uno de los hallazgos que más atención despertó fue la distribución altamente concentrada del Pato Crestón (Netta peposaca), cuya presencia aparece focalizada en determinadas áreas del sur y sudoeste provincial.
Especialistas advierten que cuando una población se concentra en pocos sitios, la presión de caza puede generar impactos locales más significativos que los reflejados por los números globales.
Los informes técnicos reconocen que La Pampa y Santiago del Estero aún no cuentan con información suficiente para realizar estimaciones poblacionales robustas.
En ambos casos los relevamientos fueron considerados exploratorios o pilotos metodológicos.
Otro de los ejes centrales de la controversia es el uso de municiones con plomo.
Investigaciones realizadas entre 2008 y 2013 detectaron niveles preocupantes de intoxicación en aves acuáticas, situación que llevó a la provincia a exigir munición no tóxica para la caza de patos en humedales.
Sin embargo, la normativa mantiene excepciones para otras modalidades de caza desarrolladas fuera de estos ambientes.
Especialistas sostienen que la diferenciación entre humedales y campos altos no refleja el funcionamiento real de los ecosistemas.
Las lluvias, inundaciones y procesos de escorrentía pueden transportar partículas de plomo desde áreas elevadas hacia lagunas, arroyos y bañados.
Además, el metal presenta una característica que preocupa especialmente a los ecotoxicólogos: no se degrada.
un amparo presentado en 2023 expuso cuestionamientos sobre el destino de esos ingresos, al señalar que gran parte de los beneficios económicos quedarían concentrados en actores privados
Las estimaciones indican que la actividad cinegética deposita aproximadamente 15 toneladas de perdigones de plomo por año en ambientes naturales argentinos.
Sus efectos potenciales alcanzan a:
La evidencia científica disponible coincide en que no existe un nivel completamente seguro de exposición a este metal pesado.
La discusión ambiental también incorpora una dimensión económica y política cada vez más relevante. El turismo cinegético internacional atrae principalmente a visitantes de Estados Unidos y Europa, quienes contratan paquetes de caza en establecimientos privados de la región.
De acuerdo con datos difundidos por el propio sector, antes de la pandemia la actividad habría generado más de 140 millones de dólares y cerca de 25.000 puestos de trabajo. Sin embargo, un amparo presentado en 2023 expuso cuestionamientos sobre el destino de esos ingresos, al señalar que gran parte de los beneficios económicos quedarían concentrados en actores privados, sin un impacto significativo en las arcas provinciales.
La Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo nuclea a operadores y establecimientos vinculados a la actividad.
Además de representar intereses empresariales, participa activamente en la producción de información técnica utilizada en procesos regulatorios.
La Asociación para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano promueve el concepto de "conservación mediante uso" y sostiene que la actividad genera incentivos económicos para preservar hábitats naturales.
La gestión provincial mantiene una política favorable al turismo cinegético y considera que la actividad puede coexistir con la conservación bajo mecanismos adecuados de control.
Uno de los puntos más cuestionados por entidades de carácter ambiental, animal es la incorporación de establecimientos cinegéticos al Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI).
El esquema contempla beneficios como:
Para los sectores que bregan por la protección de la biodiversidad, estas medidas fortalecen un modelo basado en la extracción de fauna silvestre mientras actividades como el ecoturismo, la observación de aves y la restauración de humedales reciben una proporción mucho menor de apoyo estatal.
La controversia sobre la caza deportiva en Entre Ríos ya no gira únicamente alrededor de la cantidad de patos disponibles cada temporada.
La discusión de fondo involucra cuestiones mucho más profundas: quién financia la ciencia utilizada para tomar decisiones, qué grado de independencia tienen los monitoreos poblacionales y cuál será el modelo de conservación adoptado en los humedales argentinos.
Mientras el sector cinegético defiende la gestión adaptativa como una herramienta compatible con el desarrollo económico, organizaciones de carácter ambiental y animal sostienen que la crisis de los humedales exige aplicar el principio precautorio y avanzar hacia modelos basados en restauración ecológica, monitoreo independiente y conservación preventiva.
En definitiva, el conflicto no trata solamente sobre aves acuáticas. Trata sobre la gobernanza de los recursos naturales, la transparencia de la información ambiental y el futuro de uno de los ecosistemas más estratégicos de Argentina.
