ecovida ambientePor Redacción ecovida ambiente
El Gobierno de Rogelio Frigerio volvió a quedar en el centro de la controversia ambiental tras autorizar la caza deportiva de aves autóctonas y liebres en amplias zonas de Entre Ríos. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 2026-100-E de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y habilita la actividad desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto.
La decisión generó rechazo inmediato de organizaciones ambientalistas, sectores científicos y ciudadanos que cuestionan tanto el impacto ecológico de la medida como el origen de los estudios utilizados para justificarla.
El punto más cuestionado: los informes técnicos fueron financiados por la CATCyC, la cámara que agrupa a empresas y operadores vinculados a los cotos de caza. Es decir, actores con intereses económicos directos en la habilitación de la temporada.
Mientras tanto, continúa en trámite una demanda judicial de inconstitucionalidad contra el Estado provincial por haber autorizado la caza durante 2025.
La resolución provincial habilita la matanza de cinco especies de fauna autóctona y de liebre europea bajo un esquema de cupos por excursión y por cazador.
En el caso de los patos, se permite la captura de hasta 20 individuos por excursión por cazador. Para el Inambú Común, el límite es de seis ejemplares.
La resolución también habilita la caza de liebre con un máximo de cuatro ejemplares por salida.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la legitimidad científica de los informes utilizados por el gobierno entrerriano para autorizar la actividad.
Diversas organizaciones ambientales denuncian que los estudios poblacionales fueron costeados por la CATCyC, entidad que representa a empresas vinculadas al turismo cinegético y a cotos privados.
La crítica no se limita al financiamiento. También se cuestiona la falta de auditorías independientes y de participación de universidades públicas, organismos científicos autónomos y espacios de consulta ciudadana.
El debate expone un problema recurrente en la gestión ambiental: cuando los sectores beneficiados económicamente participan en la producción de datos que luego utiliza el Estado para habilitar actividades extractivas.
Para ambientalistas y especialistas en conservación, la situación compromete la transparencia del proceso y debilita la credibilidad de las evaluaciones sobre el estado de las poblaciones silvestres.
La habilitación de la temporada de caza ocurre mientras el Estado provincial enfrenta una demanda judicial de inconstitucionalidad vinculada a las autorizaciones otorgadas en 2025.
La presentación sostiene que el gobierno incumple principios de prevención ambiental y protección de fauna establecidos en normativas nacionales e internacionales.
Además, sectores ambientalistas señalan que la provincia no demuestra de manera concluyente que las poblaciones de aves se encuentren fuera de riesgo ecológico.
La resolución mantiene permitido el uso de municiones de plomo en la mayor parte del territorio provincial. Solo quedan prohibidas en áreas de humedales.
El dato encendió nuevas críticas debido al impacto tóxico que produce este material sobre ecosistemas, cursos de agua y fauna silvestre.
El plomo liberado por cartuchos de caza puede permanecer durante años en el ambiente. Aves acuáticas suelen ingerir fragmentos metálicos al alimentarse, lo que provoca intoxicaciones severas y muerte.
Además, la contaminación alcanza cadenas alimentarias completas y puede afectar depredadores, mamíferos y cuerpos de agua.
Numerosos países avanzaron en restricciones totales o parciales al uso de este tipo de municiones debido a sus consecuencias ambientales.
La provincia posee uno de los circuitos de caza deportiva más desarrollados del país, con establecimientos orientados principalmente al turismo extranjero.
La actividad mueve recursos económicos vinculados a hospedaje, transporte, gastronomía y servicios rurales. Sin embargo, el modelo enfrenta cada vez más resistencia social.
En los últimos años crecieron las campañas ciudadanas contra la caza recreativa de fauna silvestre. Organizaciones ambientales sostienen que existe un cambio de paradigma en torno a la relación con los animales y los ecosistemas.
La discusión ya no se limita únicamente a la legalidad de la actividad. También involucra cuestiones éticas, conservación de biodiversidad y el rol del Estado frente a especies nativas.
Cada nueva habilitación de caza reabre una discusión de fondo en Entre Ríos: cómo compatibilizar actividades económicas con la protección de la fauna autóctona.
La provincia forma parte de una región estratégica en términos de humedales, corredores biológicos y aves migratorias. Muchas de las especies autorizadas utilizan estos ecosistemas para alimentación, reproducción y descanso.
Especialistas advierten que la presión acumulativa sobre la fauna silvestre —sumada a incendios, pérdida de hábitat, agroquímicos y cambio climático— reduce la capacidad de recuperación de las poblaciones.
La nueva autorización del gobierno de Rogelio Frigerio vuelve a instalar una pregunta incómoda: quién define las políticas ambientales y bajo qué intereses se toman las decisiones sobre la fauna silvestre.
Mientras crecen los cuestionamientos judiciales y sociales, Entre Ríos enfrenta un escenario donde conservación, negocio cinegético y legitimidad institucional entran nuevamente en conflicto.
Y en el centro de esa discusión quedan las especies nativas. Las mismas que hoy vuelven a quedar bajo la mira de las escopetas.
