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A pesar de haber prohibido más de 247 agroquímicos por su peligrosidad para la salud y el ambiente, la Unión Europea enfrenta una contradicción legal: mientras dentro del bloque estas sustancias son vetadas, países miembros continúan fabricándolas y exportándolas a naciones con normativas ambientales mucho más laxas.
Un informe conjunto de la Oficina Europea de Medio Ambiente, la Red Europea de Acción contra los Plaguicidas, Ecologistas en Acción, Public Eye y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras revela cifras alarmantes. Según datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica de España, en 2023 el país exportó alrededor de 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en territorio europeo. Este estudio, titulado “Doble rasero, doble riesgo”, denuncia que el sistema legislativo actual permite a las empresas agroquímicas inundar a los países más pobres con productos tan peligrosos que no pueden ser usados en la UE.
Entre los químicos exportados destaca el 1,3 Dicloropropeno (1,3 D), empleado en el cultivo de hortalizas y frutas. Clasificado como posible carcinógeno por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos —debido a su capacidad para inducir tumores en la vejiga y los pulmones en estudios animales—, este pesticida fue prohibido en la UE en 2007 por su alto riesgo de contaminar aguas subterráneas y afectar negativamente a aves, mamíferos y organismos acuáticos. Sin embargo, España exportó 12.776 toneladas de 1,3 D en 2023.
Otro caso es el de la picoxistrobina, fungicida utilizado en cereales y soja, prohibido en la UE desde 2017 por su potencial genotóxico y toxicidad para organismos acuáticos y lombrices. La filial española de Corteva envió a Brasil más de 900 toneladas, suficientes para tratar unas 15.000 hectáreas de cultivos. En total, se han exportado 23 agroquímicos a 49 países.
Los destinos de estas exportaciones son variados: Estados Unidos recibió 7.000 toneladas, Marruecos 2.490 y Israel 1.179, mientras que Guatemala y Argentina importaron 410 y 315 toneladas, respectivamente, de pesticidas, herbicidas y fungicidas vetados en la UE.
El informe también señala el trágico impacto de estos químicos, citando casos en los que ONG de Camerún y Sudáfrica han documentado decenas de muertes infantiles por envenenamiento. Se estima que anualmente, 11.000 personas mueren envenenadas por pesticidas a nivel mundial.
Por si fuera poco, España se ve envuelta en una paradoja: importa alimentos contaminados con los mismos agroquímicos que exporta. En 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición detectó seis sustancias prohibidas en alimentos importados, aunque las organizaciones sostienen que la cifra real podría ser mayor, dado que España es el país europeo que menos alimentos analiza. En todo el continente se detectaron 69 agroquímicos prohibidos en productos importados durante ese año.
Ante este panorama, las organizaciones exigen la prohibición tanto de la producción y exportación de estos químicos en la UE como de la importación de alimentos contaminados, argumentando que se trata de “una incongruencia” que afecta gravemente la salud pública y genera una competencia desleal para los agricultores españoles.
Fuente: ecopresssl.com
