Alerta en San Luis: Empresa minera busca avanzar en yacimiento de oro y cobalto, poniendo en riesgo el agua de la provincia

La Asamblea de Trapiche ha presentado formalmente un pedido de informes dirigido a las autoridades competentes, solicitando información detallada sobre el proyecto minero en Río Grande. Los integrantes de la Asamblea expresaron su preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales que esta actividad podría generar en la región.

En el documento presentado, la Asamblea detalla los puntos específicos sobre los que solicita información, tales como: estudios de impacto ambiental, licencias otorgadas, medidas de mitigación y planes de monitoreo. Los vecinos de Trapiche han manifestado su interés en conocer a fondo los detalles del proyecto minero y participar activamente en el proceso de toma de decisiones.

La empresa minera Condor Prospecting S.A ha generado controversia en la comunidad de Río Grande al intentar avanzar en un yacimiento de oro y cobalto en la región. Vecinos de la zona han recibido notificaciones de que la empresa busca tomar posesión de sus tierras para iniciar las actividades mineras, lo que ha provocado una fuerte reacción de la Asamblea de Trapiche (ASAT).

La resolución del Gobierno de San Luis adjudica la mina “La Bolsa”, compuesta por 11 diseminados de oro y cobalto, a Condor Prospecting S.A. Según información obtenida por EcoPress, el trámite comenzó el año pasado y, en septiembre, la abogada María Laura Petrino inició la gestión para el diligenciamiento de la mina. Poco después, la mina fue adjudicada a la empresa. Actualmente, Petrino es funcionaria provincial.

Condor Prospecting S.A, con sede en Mendoza, se dedica al cateo y la prospección minera y posee unas 110 áreas distribuidas en seis provincias argentinas. Su presidente, Jason Ward, es un geólogo australiano con experiencia en proyectos mineros en 15 países. En marzo pasado, Ward se reunió en Canadá con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo para discutir los proyectos mineros de la provincia vecina. La empresa es propiedad de Fomo Ventures No1 Pty Ltd, conocida como FOMO o Los Proveedores.

En las últimas semanas, la empresa ha enviado notificaciones a vecinos de Río Grande y La Carolina, informando sobre su intención de tomar posesión de sus tierras para avanzar con la actividad minera. Ante esta situación, la Asamblea de Trapiche presentó un pedido de informes en la Secretaría de Minería y en la Secretaría de Ambiente de la provincia. La solicitud, redactada con el asesoramiento de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS/UNSL), cuenta con la adhesión del Encuentro de Asambleas Ambientales de la provincia.

En la nota dirigida a Federico Cacace, Secretario de Ambiente, y a Juan Ángel Fernández, Director de Minería, la Asamblea exige información sobre el proyecto minero y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que establece la participación pública en los procesos de toma de decisiones. Para que esta participación sea fundamentada, es necesario que las autoridades compartan los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto. Según la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública, las autoridades deben responder en un plazo de hasta diez días hábiles administrativos.

La Asamblea demanda que se activen las instancias de participación ciudadana, ya que el proyecto pretende instalarse en un área de vital importancia para el agua de San Luis, a escasos metros del Río Grande, del Río los Manantiales y del Dique Antonio E. Agüero. La mayor parte del suministro de agua de la Ciudad de San Luis proviene del Dique Antonio E. Agüero, por lo que cualquier actividad que ponga en peligro el sistema hídrico de la zona podría tener grandes consecuencias para el abastecimiento de la capital provincial y de localidades aledañas. Además, destacan que el área en cuestión es una zona protegida y de gran interés e importancia ecosistémica, por lo que su eventual daño implicaría un grave perjuicio para la provincia entera, afectando la riqueza natural de la zona, la biodiversidad nativa y la integridad de las Sierras Centrales, fundamentales en la absorción y protección del agua.

En 2008, la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° IX-0634, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros metalíferos. La Asamblea de Trapiche insiste en que cualquier proyecto minero debe cumplir con esta normativa para proteger el medio ambiente y la salud de la comunidad.

La situación en Río Grande sigue siendo tensa, y la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades provinciales para garantizar la protección de sus tierras y recursos naturales.