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Por Redacción Ecovida Ambiente
El Defensor Público Oficial Federal, José Bongiovanni, expresó el 22 de diciembre de 2025 su profunda preocupación ante la Legislatura de Tierra del Fuego por el proyecto de ley que impulsa la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. En una nota formal, advirtió sobre la falta de transparencia y participación ciudadana, el déficit estructural de servicios básicos en la ciudad y el impacto ambiental que podría afectar áreas protegidas por leyes nacionales, reclamando “extrema prudencia” antes de avanzar con una decisión de largo alcance.
La discusión por el crecimiento urbano de Ushuaia sumó una voz institucional de peso. El Ministerio Público de la Defensa cuestionó el proyecto de ampliación del ejido urbano por considerar que carece de la legitimidad democrática necesaria y se impulsa sin resolver los problemas estructurales que ya afectan a amplios sectores de la ciudad.
Bongiovanni sostuvo que decisiones de esta magnitud requieren un debate ciudadano amplio, informado y participativo, especialmente cuando sus efectos se proyectan sobre generaciones futuras. En ese marco, consideró “inconveniente” que el tratamiento legislativo se realice en un período del año que no garantiza condiciones reales de transparencia ni acceso a la información pública.
“Las decisiones que comprometen el territorio y los derechos humanos deben adoptarse con extrema prudencia y participación efectiva de la ciudadanía”, advirtió el Defensor Federal.
Uno de los ejes centrales del planteo es la situación actual de Ushuaia, marcada —según el documento— por décadas de falta de planificación urbana. El magistrado señaló que la ciudad ha tolerado desmontes injustificados y agresivos para el ambiente, lo que derivó en la expansión de barrios sin condiciones adecuadas de habitabilidad.
“Hoy, la propuesta de ampliación del ejido urbano choca con la cruda realidad de una ciudad donde los barrios altos y populares denuncian gravísimos problemas de acceso al gas, el agua, la luz y la gestión de los desechos sanitarios”, expresó Bongiovanni en uno de los pasajes más contundentes de la nota.
Desde esa perspectiva, el Defensor fue categórico al señalar que habilitar nuevas tierras urbanizables sin resolver las carencias del ejido actual implica profundizar desigualdades y vulneraciones de derechos básicos.
El documento también pone el foco en el valor ambiental del territorio que se pretende incorporar al ejido urbano. Allí se localizan glaciares, humedales, bosques nativos y cuencas hídricas protegidos por normativa federal de máxima jerarquía, como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques.
Bongiovanni remarcó que estos bienes naturales no pueden quedar sujetos únicamente a decisiones locales, ya que el marco legal vigente impone responsabilidades al Gobierno Provincial y al Estado nacional en el ejercicio del poder de policía ambiental.
“Intentar ampliar el ejido urbano sin resolver los problemas actuales es como construir un segundo piso sobre cimientos frágiles y sin servicios básicos”, ejemplificó el Defensor para graficar la magnitud del riesgo.
La postura del Ministerio Público de la Defensa no es aislada. En su presentación, Bongiovanni recordó que el Colegio de Arquitectos ya formuló objeciones técnicas que aún no fueron respondidas, y que organizaciones ambientales y sociales, como la Asociación Manekek, manifestaron su rechazo a la iniciativa por la ausencia de una planificación integral y sostenible.
El pronunciamiento vuelve a poner en el centro del debate una pregunta clave para el futuro de Ushuaia: cómo crecer sin profundizar desigualdades sociales ni comprometer ecosistemas estratégicos, y bajo qué condiciones se toman decisiones que redefinen el territorio y la calidad de vida de sus habitantes.
