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Una ley pionera en conservación marina
En 2021, Tierra del Fuego se convirtió en la primera provincia del mundo en prohibir la salmonicultura industrial en aguas marinas y lacustres. La Ley Provincial N.º 1.355 fue aprobada por unanimidad en la Legislatura y celebrada como un hito en la defensa de los ecosistemas australes.
Hoy, a cuatro años de su sanción, nuevos proyectos legislativos y ejecutivos buscan dar marcha atrás, abriendo la puerta a la instalación de salmoneras en el Canal Beagle y la costa Atlántica. Ante este escenario, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico vuelve a insistir: mantener la prohibición es clave para el futuro ambiental, social y económico de la provincia.
La experiencia internacional, especialmente en Chile, Noruega, Canadá e Irlanda, demuestra que la salmonicultura genera efectos negativos profundos:
Contaminación orgánica y química: acumulación de desechos, antibióticos y sustancias tóxicas en aguas y sedimentos.
Residuos plásticos: jaulas, boyas y cabos abandonados que terminan en el mar.
Especies exóticas invasoras: escapes de salmones que depredan fauna local y alteran ecosistemas.
Propagación de enfermedades y parásitos que afectan tanto a peces cultivados como a especies silvestres.
Presión pesquera sobre especies nativas, utilizadas para elaborar el alimento balanceado de los salmones.
En la Patagonia chilena, estos impactos ya han provocado pérdida de biodiversidad, conflictos sociales y crisis sanitarias recurrentes.
Contrario al argumento de generación de empleo, el documento sostiene que la escala productiva en Tierra del Fuego sería limitada. Las condiciones geográficas de la provincia no permiten grandes instalaciones, lo que impediría contar con plantas de faena locales.
En la práctica, los salmones deberían procesarse en Chile, dejando un impacto económico casi nulo en la provincia. Además, la industria podría dañar actividades sostenibles ya consolidadas como el turismo de naturaleza y la pesca responsable, motores actuales de la economía fueguina.
Derogar o flexibilizar la Ley 1.355 implicaría vulnerar acuerdos internacionales de conservación como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y el Acuerdo de Escazú, además de contradecir la propia Constitución Nacional argentina.
Esto significaría un retroceso ambiental y un debilitamiento de la seguridad jurídica, socavando el liderazgo de Argentina en materia de conservación marina.
El Foro destaca que Tierra del Fuego ya eligió un camino distinto:
Impulsar el turismo de naturaleza, basado en la conservación de paisajes únicos.
Promover la pesca responsable, que garantiza empleo y recursos de forma sostenible.
Reforzar la cooperación internacional como puerta de entrada a la Antártida, con expediciones científicas, turísticas y logísticas.
Conclusión: un compromiso con el futuro
El llamado es claro:
Defender la prohibición no solo protege la biodiversidad, sino que posiciona a Tierra del Fuego como referente regional en conservación y desarrollo sustentable.
Adhesión a la posición del Foro
Fuente: marpatagonico.org
