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Por estas horas, países “ricos” y en desarrollo negocian a contrarreloj este jueves en busca de mecanismos financieros para salvaguardar la biodiversidad. El propósito esencial de la conferencia.
El tiempo es tirano y restan millones para que el mundo cumpla con su objetivo de frenar, desde ahora al 2030, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación.
Se trata de las principales amenazas para la alimentación de la humanidad y la supervivencia de millones de especies en peligro.
Ese norte surgió del acuerdo histórico de Kunming-Montreal, firmado a fines de 2022. Forma parte de en un programa de 23 objetivos a cumplir desde ahora hasta el final de la década.
El más emblemático busca que en 2030 el 30% de la tierra y el mar sean zonas protegidas, frente al 17% y el 8% que hay en la actualidad, según la ONU.
Según el calendario inicial, los 196 países firmantes debían acordar en la COP16 de Cali, la manera de financiar esta hoja de ruta. La que prevé aumentar a 200.000 millones de dólares anuales de aquí a 2030 el gasto dedicado a la protección de la biodiversidad.
Esto incluye 30.000 millones de dólares de ayuda de los países más desarrollados a los países pobres.
El mayor motivo de controversia está en la forma en que debe recaudarse y distribuirse ese dinero, y en la arquitectura institucional del mecanismo. Se trata del punto que obligó a una prolongación de las negociaciones durante tres días en Roma, siendo este jueves la última jornada prevista.
Tras dos días de negociaciones en la sede romana de la FAO (la organización de la ONU para la alimentación y la agricultura), los negociadores recibieron el miércoles un nuevo texto preparado por la presidencia colombiana.
Los países en desarrollo reclaman la creación de un fondo específico para la protección de la naturaleza, y bajo la autoridad de la COP, tal como prevé el texto de la convención sobre biodiversidad de 1992.
Por su parte, los países más industrializados, encabezados por la UE, Japón y Canadá- en ausencia de Estados Unidos, que no firmó la convención, pero es un importante contribuyente- son hostiles.
Temen que con la eventual creación de un nuevo fondo “se fragmente” la ayuda al desarrollo, ya de por sí disminuida por las dificultades presupuestarias de unos y otros y el agresivo repliegue de la administración Donald Trump en la cuestión climática.
El compromiso de la presidencia colombiana, representada por la ministra Susana Muhamad, prevé “mejorar los rendimientos” de los instrumentos ya existentes.
Inicia por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), y el Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica (GBFF). Una solución provisional adoptada en 2022 y que prevé una dotación de 400 millones de dólares.
Prevé, incluso, luego que la COP18 sobre biodiversidad, en 2028, decida si hace falta lanzar un nuevo fondo, o si estos instrumentos existentes pueden transformarse para responder a las expectativas de los países en desarrollo.
Los debates deben concluir en principio durante la tarde/noche, aunque no se descarta una prolongación el viernes.
Fuente: noticiasambientales.com
