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En octubre de 2024, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ley que crea el Cuerpo de Guardaparques Provinciales, con el objetivo de garantizar presencia estatal y fiscalización en las áreas naturales protegidas. La norma fue promulgada y publicada en noviembre del mismo año. Desde entonces, su implementación depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.
A más de un año de aquella sanción, la ley no se refleja en el terreno. En Península Mitre no hay guardaparques permanentes ni un esquema operativo que permita cubrir una zona extensa y de difícil acceso.
Esa ausencia quedó expuesta en el último fin de semana, cuando más de 50 cuatriciclos ingresaron a la reserva en el marco de actividades recreativas. A eso se sumaron cabalgatas guiadas, con al menos 15 caballos, y un tránsito total estimado de 45 animales por el sector de la Estancia María Luisa. No hubo información oficial sobre permisos ni controles visibles.
La crítica no apunta al personal de guardaparques. Por el contrario, los propios trabajadores vienen advirtiendo que no cuentan con recursos, movilidad ni insumos para realizar recorridos de gran escala en un territorio como Península Mitre. Las distancias son extensas, el terreno es complejo y la logística requiere inversión sostenida.
El contexto salarial tampoco ayuda. Sin ir más lejos, al personal afectado al manejo del fuego se le paga actualmente alrededor de mil pesos por hora de guardia. Con esos valores, resulta difícil imaginar cuánto se le reconoce a quienes deberían patrullar y cuidar una de las áreas naturales más grandes y sensibles de la provincia.
La Legislatura sancionó las leyes. Los trabajadores están. Lo que falta es una decisión política del Ejecutivo para ejecutar, equipar y respaldar lo que ya fue aprobado. Mientras eso no ocurra, la protección de Península Mitre seguirá dependiendo más de la buena voluntad que de una política pública real.
