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Mientras viajar en Uber hoy resulta más barato que un taxi y el propio taxi o remis puede incorporarse a la aplicación, el Concejo Deliberante decidió avanzar. Entre un concejal que accedió a una banca con apenas 600 votos y una concejala que llegó por suplencia, se intentó frenar una medida que impacta de manera directa en el bolsillo de los fueguinos. El voto negativo de Daiana Freiberger y la abstención de Valter Tavarone quedaron del lado de la dilación: más comisiones y menos decisiones.
La aprobación de este viernes de la ordenanza que habilita Uber en Ushuaia marcó un antes y un después en el debate sobre el transporte urbano. No solo porque legaliza una práctica que ya estaba instalada en la ciudad, sino porque introduce una lógica concreta: competencia, precios definidos por el mercado y mayor eficiencia para los usuarios.
El dato central es ineludible. Hoy un viaje solicitado mediante aplicación resulta más económico que un taxi o un remis. Esa diferencia se traduce en un alivio directo para miles de vecinos que utilizan el transporte a diario. Y, lejos de excluir a los servicios tradicionales, la norma permite que los taxis también se incorporen a la plataforma y compitan en igualdad de condiciones. No hay prohibiciones ni expulsiones del sistema; hay adaptación a una realidad que ya eligieron los usuarios.
Sin embargo, frente a esa definición política, emergió una postura minoritaria que buscó volver a foja cero. La concejala Daiana Freiberger votó en contra y el concejal Valter Tavarone se abstuvo, ambos amparados en el argumento de la “necesidad de mayor deliberación”. En los hechos, esa posición se traduce en una receta conocida: comisiones, más comisiones y decisiones que nunca llegan, mientras el vecino sigue pagando tarifas más altas.
El contraste político no pasó desapercibido. Tavarone llegó a ocupar una banca con apenas 600 votos y Freiberger accedió al Concejo por la suplencia de una suplente. Aun con esa limitada representatividad, hoy ambos se proyectan como alternativa ejecutiva y eligen ponerle trabas a una medida que beneficia de manera directa al bolsillo de los fueguinos. La ambición de futuro terminó pesando más que la urgencia del presente.
La mayoría del Concejo Deliberante tomó otro camino. Ocho concejales acompañaron una ordenanza que reconoce el avance tecnológico y refuerza el rol del Estado como regulador, exigiendo seguros, documentación, revisiones técnicas y cumplimiento de la normativa vigente, pero sin sumar tasas ni cargas que encarezcan el servicio.
