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En las últimas semanas, se conocieron imágenes devastadoras que muestran las consecuencias de la minería ilegal en Colombia. Cientos de kilómetros cuadrados de bosques y espejos de agua totalmente depredados por la maquinaria.
Según estiman las autoridades locales, la práctica se lleva a cabo en casi todo el territorio. Y, según se advirtió en la presentación de un informe de la Procuraduría, el Estado todavía tiene “deficiencias” para combatirla.
“En cerca de 29 de los 32 departamentos del país tenemos actividades mineras ilegales identificadas y detectadas”, aseguró el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero.
Fue después de la presentación en Bogotá del primer informe sobre minería ilegal por parte de la entidad encargada de garantizar los derechos colectivos.
Se trata del llamado Informe Nacional de Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.
En 26 de los departamentos se ha detectado, en ambientes naturales, la presencia de mercurio, comúnmente utilizado para separar los metales preciosos de sedimentos sin valor.
Unas 70.000 hectáreas a lo largo del país están contaminadas por mercurio. El elemento es altamente tóxico y pone en riesgo las fuentes de agua y la salud de poblaciones cercanas a las zonas de explotación ilegal.
Los territorios afectados abarcan al menos el 50% de los municipios del país. Las principales afectaciones se registran en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste), Boyacá (centro), Santander (noreste) y Bolívar (norte), señala el informe.
La extracción ilegal de minerales, controlada por grupos criminales, se da en medio de “graves deficiencias en la respuesta estatal”, que impidieron controlar el fenómeno, agregó Silvia Méndez, consultora externa y coautora del informe.
El oro representa cerca de un 62% de las actividades mineras del país y desde mediados de año alcanza precios récord en el mercado internacional. Actualmente, en Estados Unidos “el kilo de oro cuesta cuatro veces más que el kilo de cocaína”, aseguró Hakim Hasan, jefe del Programa de Protección Ambiental de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de ese país.
Hasan acompañó la creación del informe. Cerca del 85% de de las exportaciones de oro en Colombia tienen un origen ilegal y al menos un 70% de la extracción irregular proviene de “actividades desarrolladas por grupos organizados al margen de la ley”.
En sus conclusiones, la entidad emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado. Entre ellas, el fortalecimiento del monitoreo, el otorgamiento de “licencias ambientales temporales” para que los mineros artesanales eviten operar en la ilegalidad y la creación de una entidad estatal.
Esta última, con el objetivo de “centralizar la compra y comercialización del oro”, con el fin de mejorar la trazabilidad del material destinado a exportación, aseguró Guerrero.
Fuente: noticiasambientales.com
